Los regantes y defensores del río Macha-Pocoata del norte de Potosí, tras una reunión con el Gobierno, informaron que técnicos y autoridades de Gobierno les pidieron disculpas, ya que no podrán cumplir su promesa de «curar» el río contaminado por la minería. Esta exigencia data desde hace 13 años, sin embargo, las soluciones continúan postergándose.
Análisis de laboratorio realizados por el Estado confirmaron que las aguas del río están «fuertemente» contaminadas, por lo que son inapropiadas para el consumo humano y el riego agrícola. A pesar de ello, las acciones efectivas son nulas.
En el encuentro participaron el viceministro de Medio Ambiente, Franz Álvaro Quispe; técnicos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y del Ministerio de Minería —Jhoseline Campuzano Zapata, Carlos Gómez Vargas e Isabel Macías Mamani—; el alcalde de Colquechaca, su asesor jurídico, representantes de la cooperativa minera Colquechaca; Felipe Guzmán, dirigente de los regantes de Macha-Pocoata, y autoridades municipales de Macha y Pocoata.
Los regantes afirman que, desde hace seis años, los ministerios implicados y la Gobernación de Potosí firman documentos y hacen acuerdos verbales con la promesa de concluir una planta piloto para el tratamiento de aguas ácidas, como solución al problema; sin embargo, hasta la fecha no hay una solución concreta. La obra, que fue impulsada con recursos de la alcaldía y la cooperativa minera de Colquechaca, ya cuenta con un 80% de avance.
Hace tres años y medio, el gobernador de Potosí promulgó una ley que contemplaba el financiamiento de proyectos para reducir la contaminación en los ríos del departamento. Pero, dicha norma no fue aplicada hasta ahora.
El último compromiso formal data de septiembre de 2024, cuando los viceministros de Minería y Medio Ambiente firmaron un documento en la población de Macha comprometiéndose a gestionar, en seis meses, el financiamiento necesario para concluir la planta de tratamiento. Hace tres semanas, esos mismos funcionarios comunicaron que no podrán cumplir lo acordado, argumentando que «la ley no se los permite». Como alternativa, ofrecieron organizar un seminario para enseñar a los regantes cómo interponer una demanda de acción popular contra los responsables de la contaminación. “Les podemos dar un curso sobre cómo se hace”, indicaron los técnicos.
Felipe Guzmán, representante de los regantes, lamentó la respuesta oficial y denunció que el Gobierno los engañó y jugó con su dignidad. También señaló que una demanda legal tardaría años y anunció que retornarán a sus comunidades para informar a sus bases lo ocurrido.
