La Región
Las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este y la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos (CCICHT) llegaron esta semana hasta Sucre para exigir al Tribunal Agroambiental celeridad, transparencia y respeto al debido proceso en el recurso de casación que mantiene paralizada la ejecución de la sentencia que ordenó la restauración del río San Lorenzo.
La decisión que adopte la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental no solo definirá el futuro de un proceso considerado emblemático para la justicia ambiental en Bolivia, sino también el destino de un río que permanece intervenido desde hace casi seis años.
El conflicto comenzó en 2020, cuando comunidades indígenas denunciaron la construcción de presas y otras infraestructuras sobre el río San Lorenzo, en la Chiquitania cruceña. Las obras redujeron progresivamente el caudal hasta provocar la desaparición total del agua en noviembre de ese año, afectando el acceso al recurso hídrico de comunidades que históricamente dependían del río para el consumo humano, la pesca, la producción y sus actividades cotidianas.
Tras años de litigio, el Juzgado Agroambiental de Roboré emitió en noviembre de 2025 la Sentencia N.° 06/2025, considerada por especialistas como uno de los fallos ambientales más importantes del país en los últimos años.
La resolución ordenó la restitución del cauce natural del río, la remoción de las infraestructuras construidas, la reforestación de las riberas y el resarcimiento de los daños ocasionados a las comunidades indígenas Buena Vista, San Juan, Entre Ríos, Ramada e Ipiás.
Sin embargo, la ejecución del fallo permanece detenida debido a los recursos de casación presentados por los demandados.
Preocupación por la demora y el acceso al proceso
Durante su visita al Tribunal Agroambiental, las autoridades indígenas expresaron su preocupación por no haber sido notificadas oportunamente sobre actuaciones procesales relevantes y denunciaron dificultades para acceder al expediente judicial.
Según indicaron, recién en Sucre fueron informadas sobre la existencia de una resolución que suspendió el plazo para resolver el recurso de casación, una decisión que consideran incompatible con la naturaleza del procedimiento y contraria al derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable.
Ante esta situación, las comunidades presentaron un memorial solicitando que se deje sin efecto la suspensión del plazo, se confirme la Sentencia N.° 06/2025 y se disponga su ejecución inmediata.
Asimismo, pidieron garantizar el acceso a la información del proceso y el respeto al debido proceso, en observancia de los principios de transparencia y acceso a la justicia.
El reloj climático también corre
Para las comunidades, la demora judicial no solo implica la postergación de una decisión legal, sino también la prolongación del daño ambiental.
Las represas y otras infraestructuras permanecen sobre el río mientras el proceso continúa en revisión, retrasando la recuperación del ecosistema y la restauración del flujo natural del agua.
La preocupación se intensifica debido a las proyecciones climáticas que advierten sobre la posible llegada de un evento El Niño de alta intensidad entre finales de 2026 e inicios de 2027.
Un escenario de temperaturas más elevadas y alteraciones en los patrones de precipitación podría aumentar la presión sobre las fuentes de agua de la Chiquitania y dificultar aún más la recuperación del río San Lorenzo si las medidas ordenadas por la justicia continúan sin ejecutarse.
Para las autoridades indígenas, el tiempo judicial y el tiempo ecológico no avanzan al mismo ritmo.
«No pedimos privilegios; pedimos que la justicia actúe con la celeridad y transparencia que merece un caso que afecta derechos fundamentales y el patrimonio ambiental de la Chiquitanía», afirmó Juan Pablo Rojas Gil, representante de la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos.
Las comunidades hicieron además un llamado a organizaciones ambientales, de derechos humanos, medios de comunicación y a la ciudadanía para acompañar un proceso cuya resolución podría sentar un precedente para la protección del derecho al agua, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia ambiental en Bolivia.
«El río San Lorenzo no puede seguir esperando. Una justicia que tarda también retrasa la restauración ambiental y la protección efectiva del derecho al agua», señalaron.
Conoce la cronología del conflicto por el río San Lorenzo
Desde el desvío del río denunciado en 2020 hasta las actuales demandas de celeridad judicial, esta es la historia de uno de los casos de justicia ambiental más importantes de la Chiquitania y Bolivia.
