Marité Zabala
Estudiante | Programa de Periodismo Indígena y Ambiental
Hablar de derechos humanos, liderazgo afrodescendiente y justicia racial en América Latina, es hablar de personas que han dedicado gran parte de su vida a impulsar cambios mediante el activismo y la política. Una de ellas es Paola Yañez-Inofuentes, afroboliviana y feminista, con amplia trayectoria en la coordinación y dirección de organizaciones sociales.
Fue directora ejecutiva del Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (Cadic). También formó parte de la directiva de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia; del Fondo de Mujeres de Bolivia y del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Actualmente es delegada de la Asamblea de Oxfam Internacional y Coordinadora General de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (Rmaad).
En esta entrevista, comparte su visión sobre los principales desafíos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en la región, el papel de las organizaciones sociales, la construcción de liderazgos colectivos y la necesidad de avanzar hacia una sociedad donde la justicia racial forme parte esencial de los derechos humanos.
Marité Zabala (M. Z.) Usted ha trabajado mucho en la defensa de los derechos de mujeres afrodescendientes. ¿Qué experiencias cree que marcaron su camino hacia el liderazgo?
Paola Yañez (P. Y.) Mi entorno familiar materno. Soy integrante de una familia afroboliviana con una larga tradición de activistas en derechos humanos y en la defensa del pueblo afroboliviano.
Haber sido la primera mujer afroboliviana en diversos espacios nacionales e internacionales, me impulsó a visibilizar realidades que históricamente habían sido omitidas.
M. Z. Esta trayectoria le ha permitido conocer varias organizaciones afro en América Latina. ¿Qué similitudes ve en países de la región?
P. Y. La principal similitud estructural es que la desigualdad en América Latina tiene una matriz profunda. Cuando observamos la región desde la interseccionalidad (género, raza, etnia y clase), los avances muestran menores logros para las mujeres afrodescendientes, debido a que el color de la piel, la apariencia y el origen étnico-racial determinan la distribución del bienestar. El racismo estructural sigue siendo un factor común en la región.
M. Z. Frente a eso, ¿cuáles considera que son los principales desafíos para el ejercicio pleno de los derechos de mujeres afro?
P. Y. El desafío central es lograr que los Estados y los sistemas de derechos humanos aborden el racismo y la desigualdad como problemas estructurales y no como problemas aislados.
Enfrentamos niveles alarmantes de violencia y acoso, tanto presencial como en los entornos digitales, que colocan en una situación de desprotección a las activistas y lideresas de derechos humanos en la región.
M. Z. Bajo esa perspectiva, ¿qué temas cree que requieren una atención estatal más urgente?
P. Y. Los Estados deben comprender que sin justicia racial, no hay justicia de género, justicia ambiental, justicia social, justicia reproductiva ni ninguna otra forma de justicia posible.
Por tanto, se requiere una atención prioritaria en datos estadísticos para diseñar políticas públicas efectivas, el combate frontal al racismo estructural y la creación de mecanismos de protección eficaces para las defensoras de derechos humanos.
M. Z. Con el panorama que plantea, ¿hay algún cambio que le genere esperanza?
P. Y. Me genera esperanza ver cómo las organizaciones de mujeres afrodescendientes se han consolidado como actores políticos imprescindibles en la agenda global de derechos humanos y cómo las nuevas generaciones asumen con fuerza su lugar de enunciación.
También que, pese a la adversidad, las mujeres afrodescendientes continúan creando iniciativas y propuestas para alcanzar la utopía de un mundo posible como horizonte común desde lo colectivo.
Las mujeres afrodescendientes no solo están reclamando un lugar, están construyendo, juntas, una sociedad más justa.
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