Liberar al río San Lorenzo: comunidades chiquitanas esperan que una audiencia este viernes destrabe el cumplimiento de la sentencia

Las comunidades indígenas de la TCO Turubó Este, en el municipio de San José de Chiquitos, en Santa Cruz, acudirán este viernes 6 de noviembre, a las 14:30, a una audiencia virtual de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Buscan una respuesta a los obstáculos judiciales que denuncian  en su lucha por recuperar el río San Lorenzo, fuente de agua fundamental para su subsistencia.

Estas comunidades cuentan con una  sentencia a su favor. El 27 de noviembre de 2025, el Juzgado Agroambiental de Roboré ordenó retirar las infraestructuras P1 y P2 y restituir el curso del río. Casi un año después, el fallo no se ha ejecutado porque el proceso sigue pendiente en el Tribunal Agroambiental, donde la sentencia fue impugnada mediante un recurso de casación.

El  conflicto se origina en la intervención del cauce mediante la construcción de infraestructuras que alteraron el flujo natural del agua. En noviembre de 2020, el río permaneció seco más de un mes y afectó a 1.500 familias de las comunidades indígenas, según una nota de prensa de las comunidades.

Tras la sentencia de Roboré, venció el plazo para aplicarla con las represas aún en pie, las comunidades denunciaron a la magistrada por retardación de justicia y el Tribunal Agroambiental suspendió los plazos.

Las actuaciones cuestionadas

Según las comunidades, durante la casación, el recurso que permite al Tribunal Agroambiental revisar posibles errores de la sentencia o del procedimiento, se produjeron actuaciones contrarias al debido proceso que obstaculizan su acceso efectivo a la justicia. Cuestionan, en particular, la decisión de la magistrada relatora Rocío Vázquez Noza, quien el 16 de marzo de 2026 suspendió los plazos para resolver el proceso y ordenó de oficio, es decir, sin que ninguna de las partes lo pidiera, la producción de nuevas pruebas técnicas. La representación comunitaria sostiene que esa medida carece de justificación legal y prolonga innecesariamente el proceso.

A la espera se suman, según denuncian, dificultades para conocer su propio expediente:

• Notificaciones por pizarra. Al rechazarse las notificaciones digitales, representantes comunitarios, entre ellos adultos mayores de escasos recursos, deben viajar más de veinte horas hasta Sucre para enterarse de las actuaciones.
• Acceso denegado. El 14 de julio, ya en Sucre, se les negó el acceso al expediente porque estaba “en suspensión”.
• Recurso sin respuesta efectiva. El 25 de agosto pidieron a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental revisar esas actuaciones y apartar a la magistrada relatora. El 9 de septiembre recibieron un “no ha lugar” que consideran insuficientemente fundamentado.

Ante ello presentaron una acción de amparo constitucional, mecanismo de protección frente a actos u omisiones que presuntamente vulneran derechos reconocidos por la Constitución.

Qué se decide el viernes

La audiencia examinará las vulneraciones denunciadas durante la tramitación del caso. Con el amparo, las comunidades solicitan dejar sin efecto las actuaciones cuestionadas, reasignar la relatoría y garantizar una resolución pronta y fundamentada de la casación.

Según la nota de prensa, la audiencia no resolverá directamente la demolición de las represas ni la recuperación inmediata del río. Una decisión favorable, sin embargo, podría corregir las vulneraciones denunciadas y permitir que el proceso retome su curso hacia una resolución definitiva. Para las comunidades de Turubó Este, lo que está en juego va más allá de un expediente. “Se trata de la recuperación de su fuente de vida”, señala su comunicado. Tras años de lucha y una sentencia favorable, piden que se respete el debido proceso y que la protección del agua y de su territorio se haga realidad.