El rol de la sociedad civil, como observadora y censuradora frente a violaciones de derechos humanos y desastres ambientales, entre otros, se ha convertido en parte fundamental para frenar o, al menos, visiblizar estos abusos.
Allá donde no llega la justicia, por lo menos la censura pública resulta una manera de sanción frente a la inacción de quienes, se supone, debieran proteger los derechos de todos.
No hace mucho se conoció un informe presentado en febrero al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, en el que preocupa las violaciones de normas ambientales y sociales por parte de inversores chinos en países como Bolivia y otros de la región.
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En él se analiza 14 proyectos liderados por firmas del gigante asiático o con financiación de bancos chinos, en nueve países latinoamericanos. Son obras de infraestructura, energía y extracción; elementos relacionados con el desarrollo de los pueblos, a un costo que todavía no ha sido medido.
Lo cierto es que, con los resultados del reciente IPCC, que no es otra cosa que una evaluación de expertos sobre la situación del cambio climático, ya no es posible hablar de desarrollo sin el componente de la sostenibilidad.
Y eso implica, quizá por sobre muchas cosas, el respeto a la decisión de los pueblos. Pero además, el acceso a la información pública, algo que Bolivia no ha sabido transparentar hasta ahora, con lo cual, saber detalles de la construcción de megaobras en cuanto a impactos ambientales, por ejemplo, termina siendo un secreto muy bien guardado.
Lo que la sociedad civil le dijo a la ONU con el informe sobre la presencia de China en América Latina es: ojo que aún con las recomendaciones el país no ha cumplido con lo estipulado y hay violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral, ambiental, pero también cultural por la afectación a territorios indígenas. Frente a ello, la censura internacional es una forma de presión para que, al menos, se busque mejorar esas condiciones.
Pero además, es una alerta a los organismos observadores, para que se conozca una realidad visible, tangible y reprochable, con la que —lamentablemente— los gobiernos locales no han podido lidiar.
Resta ver cómo responderá China a este nuevo informe; ojalá, con la reconducción de sus prácticas y la consecuente toma de consciencia de que muchas obras son necesarias, pero desde el beneficio común, y no así la simple visión de un desarrollo que arrasa con lo que encuentra a su paso.
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