En los últimos años, la presencia de China en obras de infraestructura y actividades extractivas en América Latina se ha incrementado de manera muy notoria. El Banco de Desarrollo de China es actualmente el mayor prestamista internacional para varios países de la región, y diversas compañías del gigante asiático están a cargo de los proyectos más grandes. De hecho, 21 países latinoamericanos forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), y han firmado Acuerdos de Cooperación y Planes de Acción Conjunta con China.
Dada la importancia de los derechos humanos y las violaciones en las que los estados miembros podrían incurrir cuando ejecutan este tipo de obras, la Organización de Naciones Unidas (ONU) realiza evaluaciones periódicas, mediante un mecanismo denominado Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU).
En 2018, en el tercer EPU de evaluación de China, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha) y otras organizaciones civiles, promovieron un número significativo de recomendaciones sobre las obligaciones de China, respecto a sus operaciones empresariales.
Así, el año pasado se elaboró un nuevo documento, que puede considerarse de seguimiento, antes de una nueva evaluación. En él se lee que, si bien China recibió las preocupaciones por el desempeño social y ambiental de sus inversiones, así como promulgó regulaciones para guiar el comportamiento de sus empresas en el extranjero; “persisten numerosas violaciones de derechos humanos y afectaciones al medioambiente en los proyectos e inversiones chinas en América Latina”. Así lo refiere el informe, que puede descargarse aquí.
Entre las falencias detalladas, persiste la vulneración al derecho a un medioambiente sano; numerosos proyectos no se realizan en el marco del Consentimiento Previo Libre e Informado de los pueblos indígenas, y en general, “los inversionistas chinos no alientan la debida diligencia en sus proyectos”.
El caso de Bolivia
El informe hace referencia a nueve países de la región, tales como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. En el caso de Bolivia, toma como muestra tres obras de gran envergadura, dos de las cuales están en ejecución, y una paralizada (Rositas): el proyecto siderúrgico Mutún (Santa Cruz), el proyecto hidroeléctrico Ivirizu (Cochabamba) y el proyecto múltiple Río Grande – Rositas (Santa Cruz).
La primera obra, que tiene que ver con minería, incurre en no haber considerado el derecho a la consulta, derecho al ambiente sano y derechos laborales. Afecta a pueblos indígenas y poblaciones campesinas de vocación agro ganadera, sin contar que genera un impacto en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis, Pantanal boliviano (sitio Ramsar), y el Bosque Seco Chiquitano.
Similar situación ocurre con el Proyecto hidroeléctrico Ivirizu, situado en la provincia Carrasco de Cochabamba. Ejecutado por la empresa china Sinohydro Corporation Limited, según el informe, “las obras han afectado más de 280 hectáreas de bosque dentro del parque Nacional Carrasco, hábitat de especies de flora y fauna en peligro de extinción”. Del mismo modo, la obra impactará sobre 18 comunidades ubicadas en los municipios de Pocona, Totora y Mizque, lo cual “a futuro” será un problema para la población del departamento cochabambino.
Finalmente, Rositas, obra que se encuentra paralizada, afecta directamente al puebloindígena Guaraní, a productores agropecuarios y centros urbanos aledaños. En este caso, el documento detalla que las principales violaciones a los derechos humanos en las que incurren las firmas chinas tienen que ver con: acceso a la información, derecho a la consulta previa, autodeterminación, y debido proceso y protección judicial. En temas ambientales, el impacto será al parque Nacional de Manejo Integrado (ANMI) Serranía del Iñao (Chuquisaca), ANMI Río Grande – Valles Cruceños (Santa Cruz), y Área Protegida Municipal Parabanó.
¿A dónde apuntan estos informes?
En Bolivia, las fichas técnicas y el relevamiento de datos para la elaboración de este informe fueron realizados por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Franco Albarracín, investigador en derechos humanos de la institución, explica a La Región que este tipo de evaluaciones a los países miembro de la ONU se realiza cada cuatro o años. El consejo correspondiente evalúa la situación de derechos humanos en el país, pero también los demás Estados miembros del consejo participan, y —entre todos— establecen recomendaciones.
“Este informe lo preparamos organizaciones que no somos parte de China, pero nos preocupamos por las obligaciones extraterritoriales de China, porque ellos tienen empresas —la mayoría públicas— en nuestros estados”, dice.
El mismo grupo de organizaciones que presentó dicho documento, presentó la semana pasada en Ginebra (Suiza), otro informe, esta vez ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Este mecanismo surge de un tratado internacional firmado por el propio Estado Chino, que es el “Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales”, el mismo que es “vinculante u obligatorio”. A partir del mencionado tratado, cada dos años se evalúa al país en temas de derechos humanos.
Durante la audiencia de presentación, nuevamente se planteó las recomendaciones que se deben hacer a China. En el caso de Bolivia, se presentó la hidroeléctrica Ivirizu, no solo por el daño ambiental, sino porque existe una vulneración a los derechos de los trabajadores. “Casi el 50 % no tiene contrato laboral, beneficios sociales ni derecho a la seguridad social, y viven en condiciones precarias”, detalla Albarracín.
Todas estas acciones estratégicas, se enmarcan en lograr atención internacional, para que Naciones Unidas pueda indagar al respecto. Y presentar estos informes, explicarlos directamente a los miembros de los comités, permite a su vez que cuando corresponda hacer las evaluaciones, ellos estén al tanto de lo que sucede en los países.
Para Albarracín, elegir los mencionados casos como ejemplo de lo que sucede en Bolivia respecto a la ejecución de estas obras, obedece en parte a que se pudo acceder a información para sustentar los argumentos. El país es uno de los pocos de la región que no cuenta con una Ley de información, lo cual dificulta conocer a fondo lo que realmente sucede al respecto. Pese a que el Estado boliviano firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que exige garantizar el derecho a la información en temas medioambientales, tal compromiso no se cumple a cabalidad.
“En la última COP sobre Escazú, en una reunión de los Estados para dialogar sobre el proceso de implementación de este acuerdo, el Estado boliviano propuso que la sociedad civil ya no tenga participación en los procesos de implementación del Acuerdo”, lamenta el experto.
