
Beatriz Bautista tuvo que escapar de su comunidad por los ataques que sufría por parte de actores mineros. La defensora de los ríos que desembocan en el lago Titicaca, en el Altiplano boliviano, se enfrenta a los impactos socioambientales de la contaminación que provoca la minería. Estuvo un tiempo escondida debido a las amenazas contra ella y su familia. Algo similar vivió Ruth Alipaz, pero en la Amazonía boliviana: tuvo que ocultarse por los ataques de mineros. En Bolivia, en los últimos cinco años, hay al menos 341 registros de ataques y amenazas contra defensores ambientales y de derechos indígenas.
Las cifras surgen de una base de datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). Los registros son desde 2021 hasta agosto de 2026. Además, esta institución elabora un informe cuatrimestral sobre esta temática.
Este registro reúne ataques y amenazas contra organizaciones indígenas, comunidades, instituciones de la sociedad civil e individuos. Son 140 los defensores que sufrieron amenazas y ataques y 68 las organizaciones amedrentadas. En Bolivia no hay defensores asesinados, como sí se registran en otros países de la región.

Miguel Miranda, investigador y coordinador del área de incidencia en Derechos Humanos del Cedib, explicó a Mongabay Latam que en Bolivia la situación de los defensores ambientales y de derechos indígenas está determinada por las políticas públicas respecto a las temáticas de recursos naturales, ambiente, tierra y territorio. El experto destacó que el cambio de gobierno, hace un año, no involucró un alivio para los defensores ambientales y que, por el contrario, se incrementaron las líneas de violencia y ataques.
“Los datos revelan que los ataques a los defensores ambientales han tenido un componente colectivo, en el sentido de que se ha atacado a aquellas organizaciones, a aquellas instituciones que colectivamente ejercen un rol de defensa de derechos territoriales ambientales”, afirmó Miranda.
Respecto al lugar o ámbito de los ataques registrados, el Cedib establece que hay dos ámbitos que predominan: la zona aurífera antigua y expansiva y la zona de expansión de la frontera hidrocarburífera en el área natural de Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia. Allí, desde hace al menos cinco años, se plantó una resistencia social a la expansión de la actividad petrolera en territorio protegido.
Uno de los últimos casos fue contra el presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), Javier Fernández Tuno, quien recibió amenazas de muerte debido a su actividad contra la minería aurífera ilegal en el río Madre de Dios. La Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia (Cidob) emitió un pronunciamiento rechazando los ataques a Fernández Tuno y otros dirigentes indígenas.
“Las formas de violencia, los patrones de violencia que se dieron en el tiempo del Movimiento Al Socialismo (MAS) se repiten y se incrementan [ahora], porque hemos visto que este gobierno [de Rodrigo Paz] ha renovado, ha reforzado la alianza público-privada [en la minería], porque son actores privados, no son socios los cooperativistas, aunque quieran presentarse así. Ha reforzado esa alianza del Estado con los cooperativistas [mineros]”, dijo Miranda.
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En Bolivia, las cooperativas mineras tienen una fuerte presencia en todos los departamentos del país, especialmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Estas cooperativas aglutinan a miles de mineros y en el caso del sector aurífero son las encargadas de explotar el 95 % del oro en Bolivia, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Además, los cooperativistas mineros tienen peso político, ya que tienen legisladores y viceministros que les responden o que provienen del sector. Sus dirigentes llegan a pactar con los gobiernos de turno, aunque ahora están en contra el proyecto de Código Minero impulsado por la administración de Rodrigo Paz.
El ataque de la minería
Otro caso reciente se dio en los Yungas de La Paz. La base de datos del Cedib evidencia “hostigamientos, acoso administrativo, acoso laboral, intimidación, espionaje, invasión de su privacidad, ataques a la integridad psicológica” de pobladores de la comunidad Santa Bárbara, del municipio de Coripata, donde los comuneros denunciaron avasallamiento minero en su propiedad, ubicada en el sector del río Tamampaya.
A finales de agosto de 2026, personas vinculadas a un proyecto minero amenazaron a los comunarios de Santa Bárbara con dinamitar sus casas después de que la comunidad denunciara públicamente el avasallamiento de su territorio por esa cooperativa sin consulta previa, dice el informe del Cedib.
Para Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), la pérdida de derechos de los defensores ambientales y de derechos indígenas es progresivo y surge en paralelo al creciente modelo extractivo en zonas sensibles, como santuarios naturales o territorios indígenas.
“No ha cambiado nada, al contrario, mientras este gobierno siga impulsando y siga profundizando el extractivismo, va a haber mucha más criminalización de los defensores, es decir, los defensores no tenemos derechos porque todos nos atacan, incluso desde las comunidades que han sido divididas en los mismos territorios. Somos hostigados, somos descalificados, somos estigmatizados”, lamentó Alipaz.

La lideresa indígena coincide con el informe del Cedib sobre los ámbitos donde se registran la mayor cantidad de agresiones a defensores: la expansión minera y los proyectos hidrocarburíferos. “Los defensores incluso ya tenemos miedo de hablar, porque vamos observando que [la minería] también tiene vínculos con otras actividades ilícitas; entonces, algo que tiene en particular la minería es que deshumaniza a las personas”, dijo Alipaz.
En la Amazonía, más allá de Bolivia, la minería ilegal suele ser practicada por grupos armados y vinculados la narcotráfico y otros delitos, como el contrabando.
Alipaz tiene un emprendimiento de ecoturismo en la Amazonía boliviana y relató que su negocio padece agresiones por defender su territorio frente a los impactos de la minería. “He recibido amenazas, [como] volarme la cabeza con dinamita si sigo hablando contra la minería. Entonces, eso también te hace dar cuenta de lo violenta que es la minería”, dijo.
En el monitoreo de vulneraciones de los derechos de las y los defensores ambientales y territoriales que elaboró el Cedib, entre mayo y agosto de 2026, se identificaron 12 hechos que reúnen amenazas, hostigamientos e intimidación. La minería también es el actor extractivo donde se da la mayoría de las vulneraciones en ese mismo período, ya que el 75 % de los casos de ataques son por parte de mineros.
Desplazamientos
Beatriz Bautista, la lideresa que se opone a los efectos socioambientales de la minería en el Altiplano boliviano, tuvo que trasladarse de domicilio en octubre de este año. En diálogo con Mongabay Latam, afirmó que le hacían seguimiento y que recibía amenazas. “La situación se agrava, yo no quiero pensar que también nuestras vidas corren riesgo. Han quemado la casa del Pastor Carvajal, uno de los defensores de Sek’e Jahuira. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país tiende a agravarse para los que defendemos tierra, territorio, un ambiente sano y el derecho al agua”, dijo.
Sek’e Jahuira es una comunidad en el municipio de Viacha, cerca de La Paz. Esa comunidad está en el epicentro de una invasión minera que contamina ríos de mercurio. Estos cuerpos de agua desembocan en el Titicaca, el lago más alto del mundo, compartido con Perú.
“Hemos sido desplazados de nuestras propias oficinas porque las empresas mineras han amenazado a través de redes sociales y llamadas anónimas con dinamitar nuestras propias oficinas. Y eso nos ha dejado en total indefensión. Hemos hecho las denuncias, se tiene que cumplir el Acuerdo de Escazú”, afirmó Bautista, en referencia al tratado internacional que busca proteger y garantizar los derechos de los defensores ambientales. Bolivia adhirió a este tratado en 2019 mediante la aprobación de la Ley número 1182.

Mongabay Latam se comunicó con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la entidad pública que sigue la situación de sectores vulnerables, pero no recibió respuesta. La Defensoría del Pueblo detalló a este medio que se hacen los seguimientos de cada caso y que la situación más compleja es la de Tariquía, donde los defensores fueron criminalizados por parte de la petrolera Petrobras.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía es un área protegida nacional que está en el departamento de Tarija, en el sur de Bolivia. En 2015, el entonces presidente Evo Morales aprobó un decreto que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación en áreas protegidas.
Un año después, la petrolera estatal de Brasil, Petrobras, y la boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ingresaron a la zona de amortiguamiento y al interior de la reserva para explorar fuentes de gas.
Desde entonces, hay movilizaciones contra el proyecto gasífero. Los defensores de la reserva, en varias ocasiones, instalaron retenes para evitar el ingreso de las petroleras. Incluso, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el actual de Rodrigo Paz, quien calificó de “cuatro loquitos” a los defensores de Tariquía, insistieron en que se realizó un proceso de consulta, algo que los dirigentes niegan debido a la falta de consulta a las comunidades indígenas de la zona.
A inicios de este año, Petrobras ingresó a la reserva y también demandó a 12 defensores por “estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo y obstrucción de funciones”, según la Fiscalía de Entre Ríos, al sur de Bolivia. En enero pasado, Petrobras aseguró en contacto con Mongabay Latam que se realizaron los procesos de consulta. Luego, retiraron la demanda contra los dirigentes. Por ahora, el proyecto está paralizado.









