La Región
La audiencia de amparo constitucional que las comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, en la Chiquitania, tenían prevista para el 6 de noviembre fue reprogramada para el 1 de diciembre. Los afectados piden a la justicia constitucional que revise actuaciones del Tribunal Agroambiental que consideran contrarias a sus derechos, mientras esperan que se cumpla una sentencia que ordenó retirar represas del río San Lorenzo, en la Chiquitania.
Esa sentencia fue emitida el 27 de noviembre de 2025 por el Juzgado Agroambiental de Roboré, ordenó retirar las infraestructuras de represamiento y restituir el cauce del río. Casi un año después, no se ha ejecutado porque fue impugnada y el proceso sigue pendiente en el Tribunal Agroambiental, en una etapa llamada casación, en la que se revisan posibles errores de la sentencia o del procedimiento. Según las comunidades, durante esa etapa se produjeron actuaciones contrarias al debido proceso, y por eso presentaron el amparo contra la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.
Casi al mismo tiempo, las comunidades afirman que el Tribunal Agroambiental habría reanudado el plazo para resolver la casación, tras más de siete meses de suspensión. Se enteraron por el sistema judicial Hermes, según una nota de prensa enviada por las comunidades afectadas. Hasta el cierre de este reporte, no habían recibido una notificación formal ni habían podido acceder a la documentación, por lo que desconocen los fundamentos y el alcance de la decisión.
Por qué se postergó la audiencia
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca había identificado correctamente a los terceros interesados en el auto que dispuso su incorporación al proceso, pero escribió un nombre equivocado en la provisión citatoria, el documento con el que se convoca a las partes. La audiencia se reprogramó para el 1 de diciembre.
Las comunidades sostienen que el error implica nuevas diligencias y gastos para sus representantes, quienes recurrieron a la justicia constitucional precisamente para reclamar protección frente a los obstáculos que enfrentan en el proceso.
La reanudación del plazo
La suspensión del plazo fue dispuesta de oficio el 16 de marzo de 2026, bajo la relatoría de la magistrada Rocío Vásquez Noza, de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. En ese periodo se ordenaron informes técnicos y nuevos requerimientos que, según las comunidades, prolongaron la espera de una resolución.
Con el amparo, las comunidades buscan que se revisen las decisiones que consideran irregulares. Cuestionan que no se hayan respetado plenamente sus derechos a recibir un trato justo e imparcial y a obtener respuestas fundamentadas a sus reclamos. Indican que la reanudación del plazo no resuelve esos cuestionamientos ni las dificultades que enfrentan para acceder a la información de su propio proceso.
Notificaciones y viajes a Sucre
Las comunidades ponen en evidencia que el Tribunal Agroambiental sigue sin realizar notificaciones electrónicas pese a las solicitudes reiteradas de las comunidades y mantiene las comunicaciones mediante tablero judicial en Sucre. Esto obliga a representantes indígenas, entre ellos personas adultas mayores, a viajar más de 20 horas desde la Chiquitania para conocer las actuaciones, con gastos de transporte, alimentación y estadía.
Mientras tanto, la Sentencia N.º 06/2025 sigue sin ejecutarse. Ante la desconfianza que, según dicen, generaron las dilaciones, las comunidades llaman a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a seguir de cerca las próximas decisiones de la magistrada Vásquez Noza y de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. Esperan una resolución debidamente fundamentada, sin nuevas dilaciones y comunicada oportunamente a las partes.
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