Zoila Ceballos tiene voz de mando. Contextura gruesa, manos grandes. Cada vez que toma su megáfono, imparte órdenes, hace bromas. Le gusta organizar a la gente.

En 2011, cuando se promulgó la Ley para declarar a Tucabaca área protegida municipal, era concejal de Roboré. Aquella decisión –cuenta ahora- se tomó porque las dotaciones de tierra ponían en riesgo la reserva. Lo que no sabían era cuán difícil sería convencer al Gobierno central de sus razones.

—Siempre nos molestó que no se coordinara con nosotros. Los planes de asentamientos son políticas gubernamentales, pero acá no tenemos industria, microempresa, nuestro medio de vida son los recursos naturales. Este es uno de los pocos municipios que todavía tiene agua dulce y esa agua nace en todas estas áreas.

Cuando ningún gobierno subnacional en Bolivia tenía una ley, Roboré se empecinó en hacer la suya. “Algo que se consiguió con el apoyo de la población, porque nosotros como autoridades dijimos, si ellos no nos ayudan, no vamos a poder. Por eso cuando el Alcalde la promulgó, un 11 de abril, derramamos lágrimas de felicidad. Queríamos que esa fecha sea feriado cada año.

Zoila hoy está alejada de la vida política. Con procesos legales en su contra, dice que es “mejor así”, porque siente que puede hacer más desde afuera. “Un día me subí a un avión para ir a Lima y me bajaron porque tenía un arraigo judicial”.

Mary Pacheco, roboreseña que vive en Santiago y gerenta un hotel, también sufrió persecuciones legales al ser parte del movimiento de defensa. De hablar pausado, cuenta que la acusaron de traficar madera ilegal cuando era presidenta del comité de gestión del área protegida. Durante muchos años enfrentó un juicio que la afectó psicológicamente y que provocó que su familia le pidiera que dejara todo esto. Nunca pudieron comprobarle nada; tampoco pudo quedar al margen de las protestas. “Lo que nosotros defendemos es el agua pura, la vida tranquila en Santiago, la naturaleza. Acá usted puede dejar las puertas abiertas y nadie entrará a robarle”.

En su caso vivió varios años en el extranjero y cree que ahí supo valorar la riqueza natural que tiene su tierra: Roboré.

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Es el último día de mayo, víspera de invierno en este lado del continente. En Roboré, un sol abrasa sin clemencia. En la plaza principal, la gente conversa en grupos. Hay activistas, dependientes de oenegés, guías de turismo, vecinos, expertos y algunos líderes de la defensa de Tucabaca.

Todos aguardan la partida de una caravana de vehículos que recorrerá comunidades y sitios recónditos. La actividad de tres días se hace desde hace cinco años. La promueve el Comité de Gestión del área protegida junto a la Dirección de la UCPN y el apoyo financiero de la Cooperación Alemana, a través de la FCBC.

En la primera versión –recuerda Rubén Darío Arias- en las comunidades que rodean el área protegida, atacaban a los visitantes, porque decían que les privaba de desarrollo. “Nos fuimos metiendo de a poco y hoy esa misma gente es centinela de este espacio”.

Este hombre, de cabellos canos y hablar pausado, era presidente del Comité Cívico de Roboré cuando se promulgó la ley municipal. Hoy es past presidente y vocal dentro del Comité de Gestión. Su palabra es muy respetada entre la gente.

En Santa Cruz, estas dos instituciones gozan de mucha credibilidad entre la ciudadanía, porque son apolíticas. En el caso de la primera, se considera un “gobierno moral”, que defiende causas comunes. La segunda, una instancia que tiene cada área protegida del país y que aglutina a representantes de pueblos indígenas, comunidades originarias, gobiernos municipales, Gobernación, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas.

Con las caravanas, hubo autoridades locales que se dieron cuenta que ni ellas mismas conocían a fondo aquello que defendían. Como cada cruzada tiene destinos diferentes cada año, de a poco los comunarios empezaron a verlas como oportunidades para hablar de sus necesidades.

 

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A Filomena Vargas en Santiago y Roboré siempre la recuerdan con cariño. Ya entrada en años, cabellos canos, cuerpo delgado, ahora está algo distante del movimiento de defensa, pero fue muy activa en su tiempo. Apoyada en un bastón de trekking, camina sin dificultad por las serranías de Tucabaca. Escucha lo que cuentan los expertos que acompañan la caravana. Participa. Le gusta recordar.

—Santiago fue un pueblo que toda la vida tuvo su Valle de Tucabaca. Bajando la serranía, la gente sembraba para alimentarse y hacer cambalache. Llevaban frejol y lo cambiaban por azúcar. Pero luego vinieron de Roboré a cazar urinas (una especie de venados), se las llevaban en conservadores. Todo eso se paró con la declaración de área protegida. La gente siempre supo que tenía una riqueza, pero no la valoraba. Había quemas indiscriminadas. En 2002 entró la FCBC con fuerza, hizo folletos, supo llegar al pueblo con charlas. Y se empezó a tomar conciencia.

Las amenazas se multiplicaron con los años. Si antes acechaban cazadores furtivos, luego surgieron traficantes ilegales de madera, dotaciones de tierra. Más tarde, minería, deforestación. Como consecuencia, incendios.

 “Quieren volver esto zona ganadera, sin saber luego con qué agua se saciará la sed de sus mismas vacas”, dice alguien en la caravana.

Steffen Reichle, biólogo alemán, explica que, en el caso de la deforestación, el tema no solo pasa por la afectación a las nacientes de los ríos, sino que hace la zona propensa a las inundaciones. “Es como cuando le echas un vaso de agua a un hombre con mucho cabello; el agua se retiene. Si se lo echas a un calvo, se desparrama”.

Pero Tucabaca es más que agua; más que bosques que concentran humedad en época seca. Es también una fuente de riqueza cultural por sus pinturas rupestres, y tiene un gran yacimiento de hierro y manganeso.

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Al menos cuatro veces intentó la minería incursionar en la reserva, en los últimos años. Las cuatro fueron rechazadas por las comunidades, apoyadas por la gente de Roboré.

En 2009 la empresa Kyleno, de la inglesa Zamin Resources, hizo una consulta pública para operar a cielo abierto (el tipo de minería que más agua usa en la lixiviación). ¿Su argumento? Que hoy en día se puede practicar un tipo de “minería verde” y reducir su impacto medioambiental. Los comunarios, después de informarse al respecto, dijeron que “no”.

Sofía Balcázar, de Probioma (Productividad, biósfera y medio ambiente), una oenegé especializada en investigaciones socioambientales, acompañó ese y otros procesos de capacitación.

“Que Roboré le haya dicho ‘no’ a la minería fue un boom”, dice. Porque los municipios adyacentes –San José de Chiquitos y El Carmen Rivero Tórrez- aceptaron. “Santa Ana perdió una laguna con peces (El Carmen), también Taperas, en San José”, asegura.

A estas alturas, pese a los ofrecimientos que hacen las firmas -construcción de escuelas, fuentes de empleo y dotación de viviendas- la gente tiene claro que el agua es un recurso no renovable. El año pasado, Santiago ni siquiera aceptó el transporte de mineral por sus calles.

Los expertos saben, sin embargo, que la nueva Ley de Minería, promulgada en 2014, reduce el derecho que tienen las comunidades sobre sus territorios, ya que acorta el plazo para que tomen una determinación. “Si no lo hacen en 15 días, se da por hecho la aceptación”, dice Balcázar.

Para Diego Gutiérrez, de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, el sostén legal de Tucabaca está en la Ley departamental 98, que prohíbe cualquier tipo de asentamiento y actividad minera; el sostén institucional lo da el municipio. Y el sostén social, el Comité de Gestión, con su capacidad de movilizar a la ciudadanía de Roboré. “Ese es el nervio de la defensa, su columna vertebral”.