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Por Rocío Lloret Céspedes
No quedó nadie.
En la plaza del pueblo, donde grandes y chicos alistaban el homenaje a la patria, ni siquiera quedó el cura.
Los niños empezaron a correr. Los adultos los siguieron. Algunos subieron a sus vehículos. Los que aún estaban en casa salieron en cuanto oyeron el repique de campanas.
De pronto, aquel pueblo rodeado de bosque tupido, quedó vacío.
—Ese día estábamos desfilando cuando escuchamos decir: ‘están pasando camiones con gente para avasallar el Valle de Tucabaca’. Mary Pacheco tomó el micrófono: “Gente de Santiago, se están entrando al Valle de Tucabaca, ya saben lo que tenemos que hacer’. Nosotros dijimos, que no vayan los chicos, pero se fueron corriendo. Llegaron y se agarraron de las manos, así evitaron que pasen los camiones.
Muchos años después, Delicia Justiniano —maestra de escuela— recuerda el 6 de agosto de 2011 en Santiago de Chiquitos, como una fecha memorable. Una de tantas para proteger el agua dulce de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca. Su casa.
Desde mucho antes, la gente de Roboré –Santa Cruz, al este de Bolivia— libró batallas contra la minería, la deforestación, los asentamientos humanos ilegales y otras amenazas.
Este año, como consecuencia de esos y otros factores, el fuego arrasó con 4,2 millones de hectáreas —dos veces la superficie de El Salvador— en el departamento. Casi de inmediato, tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, sobrevino una revuelta popular que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales. Hay quienes opinan que esta fue una de las causas.
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Santiago de Chiquitos es una comunidad que está dentro del área protegida, situada a 12 kilómetros de Roboré, uno de los cinco municipios que conforman la Chiquitania boliviana.
De clima cálido-tropical, tiene más de 1.600 habitantes, en su mayoría indígenas chiquitanos y gente de Roboré. Entre sus calles de arena, casas de techo alto, patios con árboles frutales y aves de corral; hay hoteles confortables, hostales, viviendas que se convierten en posadas los fines de semana y feriados. Los otros días, silencio.
Los más de 40 grados que marca el termómetro en verano, obligan a buscar sombra o refrescarse en caídas y pozas de agua naturales, en medio de una borrachera verde que inunda el paisaje. Al anochecer, el ambiente es fresco, con esa sensación de humedad que se impregna al cuerpo.
Desde los miradores — ‘La antesala del cielo’, como los llaman— se ve la inmensidad de esta reserva natural de 265 mil hectáreas custodiada por las serranías de Santiago, Chochís y el Valle de Tucabaca. En el interior, 12 ríos proveen agua a 22 mil habitantes del municipio, a los bañados de Otuquis y el Pantanal boliviano, límite con Brasil. Todo un ecosistema que da vida a más de 1.500 especies de plantas y animales.
En Bolivia, poco se conocía de este lugar formado por bosque Cerrado y bosque seco chiquitano, considerado el último bosque seco tropical mejor conservado del mundo. Pero en noviembre de 2018, sus habitantes cortaron el tránsito que conectan con Brasil. Lo hicieron porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) autorizó la creación de una comunidad dentro de la reserva forestal municipal El Paquió, aledaña al Valle de Tucabaca. Más de 30 familias no solo tenían documentos para asentarse, sino que habían talado 60 hectáreas de árboles.
La Policía intervino. Hubo detenidos, destrozos, finalmente se anuló la concesión. En ese momento se visibilizó un movimiento ciudadano, cuya resistencia data de hace varios años. “Yo creo que de la década de los 90”, dice Sixto Angulo.
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La primera vez que Sixto fue a Roboré era 1994. Por entonces, se llegaba en tren después de diez horas de viaje.
Miembro de la Fundación Boliviana para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), una organización no gubernamental que trabaja en la zona, asegura que la apropiación que siente la gente de Roboré con su entorno tiene que ver con su nivel de contacto con la naturaleza, los liderazgos que se forjaron con el imaginario de esos sitios y la estabilidad del movimiento poblacional. La gente se va, pero vuelve a trabajar por su región.
En general, el boliviano se enorgullece mucho del sitio donde nace. En este caso, ese sentimiento está basado en la idea de vivir en un lugar lleno de agua, vegetación endémica y fauna diversa. Una joya para el turismo.
“En Roboré la gente no tenía idea de qué tan importante era su reserva, pero sabía que había que cuidarla. Los estudios sobre biodiversidad solo llegaron a reforzar aquello que ya sospechaban”, secunda Julio César Salinas, coordinador de la FCBC.
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Que Tucabaca sea un área protegida es fruto de la decisión de sus habitantes, algo que empezó a gestarse en los años ‘90, tomó forma en la década de 2000 y se consolidó entre 2011 y 2015.
En 20 años pasó de ser una Reserva de Inmovilización Natural (RIN), a convertirse en la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca y la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca.
Diego Gutiérrez dirige la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA). En su momento, acompañó los procesos jurídicos que dieron sustento al pedido popular.
Recuerda que allá por 1995 Bolivia acarreaba una crisis de tenencia de tierras, desde la Reforma Agraria (1953). Como consecuencia, la distribución se hacía con fines políticos.
En el año 2000 vencía el plazo para definir qué hacer con la RIN Tucabaca. La gente pedía que se convierta en área protegida municipal, cuando le Ley de Medio Ambiente (1992) solo contemplaba áreas protegidas nacionales y departamentales.
Con el dilema a cuestas, la gente pidió tanto a la FCBC como a la SBDA que encontraran sustentos técnicos y legales para hacer oír su voz. En ese momento las alcaldías tenían competencia en desarrollo humano y conservación del medio ambiente. Ese fue el argumento jurídico para crear la reserva, mediante una ordenanza municipal de 2001.
En 2009, con la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política del Estado (CPE), los gobiernos departamentales y municipales autónomos adquirieron competencias que les permitían promulgar leyes.
De forma inédita, en 2011, la primera que aprobó el concejo de Roboré fue la ratificación de Tucabaca como área protegida municipal. Cuatro años después la Gobernación de Santa Cruz hizo lo propio, basada en la potestad que le daba la Carta Magna, de conservar y promocionar el patrimonio natural.
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Los defensores
Z
Zoila Ceballos tiene voz de mando. Contextura gruesa, manos grandes. Cada vez que toma su megáfono, imparte órdenes, hace bromas. Le gusta organizar a la gente.
En 2011, cuando se promulgó la Ley para declarar a Tucabaca área protegida municipal, era concejal de Roboré.
—Siempre nos molestó que no se coordinara con nosotros. Acá no tenemos industria, microempresa, nuestro medio de vida son los recursos naturales. Este es uno de los pocos municipios que todavía tiene agua dulce que nace en todas estas áreas.
Cuando ningún gobierno subnacional en Bolivia tenía una ley, Roboré se empecinó en hacer la suya.
Zoila hoy está alejada de la vida política. Con procesos legales en su contra, siente que puede hacer más desde afuera.
Mary Pacheco, roboreseña que vive en Santiago y gerenta un hotel, también sufrió persecuciones legales al ser parte del movimiento de defensa. La acusaron de traficar madera ilegal cuando era presidenta del comité de gestión del área protegida. Durante años enfrentó un juicio que la afectó psicológicamente y que provocó que su familia le pidiera que deje todo. Nunca pudieron comprobarle nada.
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Es el último día de mayo, víspera de invierno en este lado del continente. En la plaza principal de Roboré la gente conversa en grupos. Hay activistas, dependientes de oenegés, guías de turismo, vecinos, expertos y algunos líderes de la defensa de Tucabaca.
Todos aguardan la partida de una caravana de vehículos que recorrerá comunidades y sitios recónditos de la reserva. La actividad de tres días se hace desde hace cinco años. La promueve el Comité de Gestión del área protegida junto a la UCPN y el apoyo financiero de la Cooperación Alemana, a través de la FCBC.
En la primera versión —recuerda Rubén Darío Arias, otro dirigente— en las comunidades indígenas que rodean el área protegida, atacaban a los visitantes, porque decían que les privaba de desarrollo.
Este hombre era presidente del Comité Cívico de Roboré cuando se promulgó la ley municipal. Hoy es pastpresidente y vocal dentro del Comité de Gestión.
A Filomena Vargas en Santiago y Roboré la recuerdan con cariño. Ya entrada en años, ahora está algo distante del movimiento de defensa, pero fue muy activa en su tiempo. Apoyada en un bastón de trekking, camina sin dificultad por las serranías de Tucabaca. Le gusta recordar.
—Santiago tuvo su Valle de Tucabaca toda la vida. Bajando la serranía, la gente sembraba para alimentarse y hacer cambalache. Llevaban frejol y lo cambiaban por azúcar. Pero luego vinieron de Roboré a cazar urinas (una especie de venados), se las llevaban en conservadores. Todo eso se paró con la declaración de área protegida.
Las amenazas se multiplicaron con los años. Si antes acechaban cazadores furtivos, luego surgieron traficantes ilegales de madera, dotaciones de tierra. Más tarde, minería, deforestación. Como consecuencia, incendios.
“Quieren volver esto zona ganadera, sin saber luego con qué agua se saciará la sed de sus mismas vacas”, dice alguien en la caravana.
Steffen Reichle, biólogo alemán, explica que, en el caso de la deforestación, el tema no solo pasa por la afectación a las nacientes de los ríos, sino que hace la zona propensa a las inundaciones. “Es como cuando le echas un vaso de agua a un hombre con mucho cabello; el agua se retiene. Si se lo echas a un calvo, se desparrama”.
Pero Tucabaca es más que agua, es también fuente de riqueza cultural por sus pinturas rupestres, y un gran yacimiento de hierro y manganeso.
Cuatro veces intentó la minería incursionar en la reserva, en los últimos años. Todas fueron rechazadas.
En 2009 la empresa Kyleno, de la inglesa Zamin Resources, hizo una consulta pública para operar a cielo abierto (el tipo de minería que más agua usa en la lixiviación). Después de informarse al respecto, los lugareños dijeron: “no”.
Sofía Balcázar, de Probioma (Productividad, biósfera y medio ambiente), una oenegé especializada en investigaciones socioambientales, acompañó ese y otros procesos de capacitación.
“Que Roboré le haya dicho ‘no’ a la minería fue un boom”, dice. Porque los municipios adyacentes —San José de Chiquitos y El Carmen Rivero Tórrez— aceptaron.
A estas alturas, pese a los ofrecimientos que hacen las firmas —construcción de escuelas, fuentes de empleo y dotación de viviendas— la gente tiene claro que el agua es un recurso no renovable. El año pasado, Santiago ni siquiera aceptó el transporte de mineral por sus calles.
Los expertos saben, sin embargo, que la nueva Ley de Minería, promulgada en 2014, reduce el derecho que tienen las comunidades indígenas sobre sus territorios, ya que acorta el plazo para que tomen una determinación.
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El fuego
N
oviembre de 2019. El camino a Quitunuquiña es una serpiente de arena ardiente, hoy rodeada de un reverdecer tenue, después que las llamas consumieran la vegetación.
No hay agua suficiente. La que consumen las 21 familias que habitan este territorio, la extraen de un pozo y le echan cloro para potabilizar.
En agosto de este año, esta comunidad situada a 18 kilómetros de Roboré —al borde del área protegida— fue una de las más afectadas por los incendios
De pronto la tranquilidad de la gente de campo se vio afectada por la llegada de soldados, voluntarios, bomberos forestales, personal de la Alcaldía, la Gobernación. Unas 300 personas.
4,2 millones de hectáreas, en 27 municipios, ardieron en Santa Cruz entre julio y octubre de este año. El 42 por ciento, en áreas protegidas, según la Gobernación.
El fuego “guardó conexión estrecha” con el avance de la consolidación de propiedades agrarias privadas, propiedades ganaderas y asentamientos de comunidades, refiere la Fundación Tierra como conclusión preliminar de su informe ‘Fuego en Santa Cruz’.
“Primero vino la sequía, luego una helada. Al final, el incendio”, dice Orlando Parabá (71). Junto a su esposa Manuela Mercado (64), cuenta que esos días “daban ganas de llorar”.
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Durante el período más crítico del fuego, agosto, en las calles de Roboré la gente iba de un lado a otro llevando paquetes de agua, vituallas, alimentos no perecederos, implementos para los bomberos forestales y los voluntarios. Allí se montó el centro de operaciones para atender a toda la Chiquitania.
Ahora, por las calles la gente habla de reconstrucción, de reactivar el turismo, pero habla también de preservar la riqueza natural, porque ya se empezó a sentir la falta de agua.
Lo sucedido sirvió para reforzar la idea que tiene mucha gente de Roboré, de salir a protestar cuando alguna amenaza acecha a su área protegida. Si en algún momento, hubo quienes quisieron aceptar el ingreso de la minería, porque veían en ella una oportunidad para tener ingresos; hoy la mayoría coincide en que el “no” volverá a ser rotundo.
Ese sentimiento se vio reflejado en un paro de 21 días que se convocó en Santa Cruz frente a denuncias serias de irregularidades en los comicios presidenciales. Aunque el municipio se aprestaba a reactivar el turismo, detuvo sus actividades desde el mediodía del 22 de octubre.
Para Orlando, aquello no debió darse, porque la gente necesitaba trabajar. Le pregunto entonces si los otros bloqueos, aquellos que en su momento se realizaron para defender Tucabaca eran válidos. “Ah, eso es otra cosa”, responde.
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Esta es una versión resumida del reportaje Defensores del Agua Dulce
Esta investigación fue realizada por www.laregion.bo en el marco del Fondo Concursable Spotlight VII de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación, que impulsa la Fundación Para el Periodismo con el apoyo del European Journalism Centre.
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