La Región
¿Qué dice la ley?
Promulgada el 28 de octubre de 2026, la norma establece el régimen departamental de protección de grandes mamíferos como el jaguar (Panthera onca) y del puma (Puma concolor), sus hábitats y corredores (Art. 1). Rige en todo el departamento (Art. 3) y es de naturaleza administrativa (Art. 4).
- Prohibiciones (Art. 29): cazar, capturar, perseguir o envenenar estos felinos; poseer, transportar o comercializar animales, pieles, colmillos, huesos u otros derivados; usar trampas, cepos o venenos; destruir sin autorización hábitats críticos y corredores; y tenerlos como mascotas.
- Sanciones (Art. 31): amonestación, multa en UFV, decomiso, suspensión de licencias y reparación del daño. El texto no fija montos, y el procedimiento sancionador lo definirá el reglamento (Art. 33).
- Planificación: planes de conservación a diez años (Art. 12), identificación de corredores (Art. 13), un sistema de información y alerta temprana (Arts. 16 y 17) y monitoreo científico (Art. 18).
¿Por qué involucra a la ganadería?
La exposición de motivos explica la conexión. Según el texto normativo, la pérdida de bosque reduce las presas naturales y obliga al jaguar y al puma a desplazarse hacia predios ganaderos, donde atacan al ganado. Eso provoca, en muchos casos, “respuestas de retaliación” o represalias hacia el felino silvestre, de parte de algunos productores, que cazan o los eliminan. La ley define este fenómeno como “conflicto felino-ganado” (Art. 9).
Marco Pinto y Rafael Antelo —especialistas técnico/científicos de WWF Bolivia— explican que la caza por retaliación o como respuesta a un ataque “es algo muy común” en zonas como Pantanal, Chaco y Chiquitania. De hecho, es la segunda gran amenaza para el jaguar, después de la pérdida de hábitat.
Por eso el texto incluye, además de prohibiciones, instrumentos dirigidos al sector:
- Planes individuales de mitigación (Art. 21): los ganaderos de zonas de alto conflicto podrán acceder a medidas como: cercos eléctricos, luces disuasorias, perros protectores, que no deben causar sufrimiento ni la muerte intencional de los felinos.
- Reconocimiento voluntario: el artículo 23 se refiere a los “predios ganaderos amigables con grandes felinos”, para quienes adopten medidas comprobadas de coexistencia. Por el momento, no constituye certificación sanitaria oficial.
- Verificación técnica de los ataques (Arts. 36 y 37): un equipo departamental determinará las causas de las muertes de ganado.
- Fondos (Art. 40, i): pueden destinarse a asistencia técnica e infraestructura de mitigación.
¿Qué falta?
La ley fija 180 días para el reglamento y doce meses para los planes de conservación. Su aplicación será “progresiva, gradual y priorizada”, según el presupuesto disponible (Disposiciones Transitorias Primera a Tercera).
Descarga aquí el documento oficial de la ley departamental promulgada por el gobernador Juan Pablo Velasco.
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