La reciente ola de calor y las inundaciones que abrasan varias regiones del mundo dejan dramáticas imágenes en este primer semestre del 2022 y se suman a las cifras de pérdidas y daños que generan los cada vez más frecuentes eventos extremos. Combatir el cambio climático es, sin lugar a duda, uno de los mayores retos que tenemos como sociedad en las próximas décadas. Para poder lograrlo, uno de los caminos a seguir es acelerar la transición energética que deje atrás los combustibles fósiles y descarbonice la economía global. Sin embargo, a medida que se vayan adoptando las tecnologías necesarias para esta transición, podrían surgir desafíos sociales y ambientales relacionados con el aumento de la demanda de minerales raros como Litio, níquel, cobalto, manganeso y grafito.

Una muy importante reserva de plata y estaño proveniente del Cerro Rico y la disponibilidad de agua para proveer al complejo de ingenios mineros permitieron que la ciudad de Potosí se convirtiera en el motor del desarrollo industrial del siglo XVI y en una de las ciudades más ricas de su época.

Cinco siglos después, la actividad minera continúa siendo la actividad económica predominante en Potosí y los ingresos, según cifras oficiales, provienen principalmente de la extracción del zinc (57%) de la plata (26%), el plomo (11%) y otros minerales (6%). Sin embargo, el auge de la minería se ha dado a costas del detrimento del medio ambiente, de ecosistemas estratégicos y la salud de sus residentes.

Su contribución a la economía no resulta evidente en las realidades locales, pues esta región tiene unos de los mayores niveles de pobreza multidimensional en Bolivia, según cifras del INE 2012. Asimismo, la minería constantemente amenaza a las frágiles fuentes de agua y contribuye en alto grado a la contaminación de los afluentes del río Transfronterizo del Pilcomayo, contaminados con metales pesados y aguas residuales domésticas que afectan a la salud y el estándar de esperanza de vida de las comunidades. Por ejemplo, a mediados de julio, fue noticia el colapso de un dique de cola en Agua Dulce, donde los residuos mineros llegaron a los afluentes del Pilcomayo, perturbando la seguridad alimentaria de comunidades ribereñas que tienen vocación agrícola de subsistencia, e incluso impactando a otras en el municipio de Sucre.

La necesidad mundial por minerales como la plata, zinc, el estaño y otros sigue siendo la promesa para traer cierta prosperidad a Potosí. Pero ¿a qué costo?, ¿y para quién son los beneficios finales?, el contexto global sugiere que la presión en el agua y los impactos ambientales seguirán aumentando en esta región del sur de Bolivia por cuenta de la demanda tecnológica. No obstante, en el horizonte local no todo es desolador. Hay un grupo de ciudadanos que reconoce imperativa para su subsistencia la conservación de fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, la descontaminación ambiental de las riberas de los afluentes del río Transfronterizo Pilcomayo, y la gestión de los cientos de Pasivos Ambientales Mineros.

El etnobotánico, Wade Davis, en su homenaje al río de la Magdalena de Colombia, cuenta que “si lograr la descontaminación de ríos y sus afluentes parece una noción puramente quijotesca, un sueño ingenuo, consideren la historia de otros dos ríos, ambos en mucho peor estado que el Magdalena, pero hace una generación: el Hudson, que desemboca en el Atlántico justo debajo de la ciudad de Nueva York, y el río Támesis, que atraviesa Londres en su corto recorrido hasta el mar”. En ambos casos, los ríos y sus afluentes estaban contaminados con aguas residuales y metales pesados, pesticidas y productos químicos tóxicos. El cambio comenzó con un pequeño grupo de ciudadanos que fueron capaces de canalizar acciones legales y políticas para que los principales contaminadores se vieran obligados a modificar sus prácticas y pagar el costo de la rehabilitación de los ríos. En sus palabras, el renacimiento ecológico de un río no requiere necesariamente grandes inversiones. El primer paso es simplemente reducir las actividades responsables de la contaminación.

A través de una plataforma interinstitucional de cuenca, estos ciudadanos vienen construyendo voluntades políticas con el fin de mejorar la seguridad hídrica de los usuarios del agua en la región de Potosí y han notado que algunas intervenciones sectoriales tienen implicaciones a nivel de cuenca y que ciertas acciones presentan un grado de tal complejidad que la forma de ser accionables es a través de decisiones concurrentes entre instituciones en beneficios de todos los usuarios del agua. La función principal de la EPSA o de los comités de agua es garantizar el acceso seguro y continuo del servicio de agua y saneamiento, pero estos tienen debilidades para la protección y conservación de las fuentes de agua; y limitantes para ejercer control y vigilancia de las operaciones minerales (i)legales que tienen lugar en las áreas estratégicas. Por lo tanto, una sola institución no puede hacerse cargo de estos desafíos y de la implementación de las acciones necesarias. Es decir, la responsabilidad cae en varias instituciones e incluso en la misma sociedad civil. Y esto lo vienen concertando en estos espacios.

Roma no se construyó en un día; los procesos participativos toman su tiempo en madurar, en ganar legitimidad y en operativizar las decisiones que hacen el cambio en el territorio. Esta plataforma va en el camino correcto para generar una serie de cambios positivos y transformadores en la aplicación de leyes y políticas en beneficio de los habitantes de esta región. Se les alinea consensos globales históricas como la más reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Bolivia y 160 naciones votaron a favor de reconocer que cualquier persona en cualquier lugar tiene el derecho a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible. Si esto no ocurre, habrá una transición energética más limpia, pero con los mismos problemas del pasado.

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