Tras la jornada de clausura de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), el apu Jamner Manihuari dejó la sala con sensaciones encontradas. A su alrededor llovían abrazos y sonrisas entre los presentes por algunos pasos dados. En los tres días de plenarias y reuniones que se realizaron del 22 al 24 de abril, los 16 Estados que forman parte del tratado latinoamericano aprobaron el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales. Manihuari considera que es un instrumento clave para hacer efectiva la protección de quienes, como él, ponen el cuerpo diariamente en los territorios. Sin embargo, no estaba satisfecho: “No se adoptaron las propuestas que trajimos a la conferencia”.
Manihuari participó en representación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Diversos líderes indígenas se dieron cita durante la última semana de abril en Santiago de Chile para participar en la Tercera COP. Ahí, agrupados como Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, solicitaron una mayor participación en el planeamiento de las medidas para el funcionamiento del tratado.
El Acuerdo de Escazú es relevante ya que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
“Solicitamos el compromiso del grupo de trabajo (que diseñó el Plan de Acción) de incluir de manera obligatoria a los representantes de pueblos indígenas en las tomas de decisiones, ya que hasta ahora no se ha integrado a un representante indígena siendo éste un grupo de composición abierta”, expuso la lideresa maya Dina Juc en el plenario ante la Mesa Directiva y los representantes estatales.
En total fueron cuatro peticiones las que hicieron llegar los voceros indígenas a la Secretaría del Acuerdo de Escazú. Además de la representación indígena, se solicitó garantizar y sostener la realización anual del Foro de Defensores y Defensoras; la implementación de una relatoría que recoja las problemáticas de las comunidades, y la creación y financiación de un caucus indígena, es decir un espacio propio de articulación que tenga comunicación directa con la mesa directiva del Acuerdo.
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El apu Manihuari considera que dar mayor participación a los pueblos indígenas repercutiría positivamente en la implementación de este tratado. “Nosotros estamos en la línea del Acuerdo de Escazú, no queremos entorpecer los mecanismos. Por el contrario, queremos que su aplicación sea efectiva”, apunta.
La lideresa kukama Marí Luz Canaquiri, que también llegó a la CEPAL (sede de la conferencia), pide que les den la oportunidad de participar con sus propias palabras y cosmovisiones. “Nadie sabe más que nosotros lo que sucede en los territorios”, menciona.
Este reclamo de las voces indígenas por una mayor inclusión en la toma de decisiones condice con una dolorosa realidad. El más reciente informe de Global Witness señala que, al menos 177 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en 2022. Según este estudio, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para la defensa del ambiente, ya que es el escenario de nueve de cada diez crímenes de esta índole que se producen en el mundo.
Joara Marchezini, coordinadora del Instituto Nupef y representante del público electa, destaca las intervenciones de voces indígenas en los plenarios y considera posible incorporar algunas de las propuestas durante la implementación del acuerdo. “El texto del Plan de Acción ya está cerrado, pero hay ahora la posibilidad de un Plan de implementación. Ahí se podría incluir sus demandas y reconocer el caucus indígena como un espacio legítimo de consulta”, menciona.
Una herramienta urgente y necesaria
El objetivo principal de la COP3 fue la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores y Defensoras Ambientales. La propuesta coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis fue aprobada por unanimidad de los 15 Estados que forman parte del Acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
Este documento tiene como eje asegurar la implementación efectiva del Artículo 9 del tratado, que sostiene que cada Estado Parte deberá garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras ambientales.
El Plan de Acción dispone el reconocimiento de los derechos de los defensores. Para Vanessa Torres, subdirectora de la organización no gubernamental Ambiente y Sociedad, este aporte es importante ya que ayuda a cubrir vacíos de las legislaciones locales.
“Es importante mencionar que en muchos marcos normativos de nuestra región no existe una definición específica de personas defensoras del ambiente. Va ser útil contar con medidas que reconozcan la labor de estas personas”, menciona la especialista.
La representante del público Joara Marchezini también destaca esta disposición, ya que considera que violencias contra los defensores, entre ellas la criminalización, “se da por la falta de reconocimiento del valor que vienen haciendo las comunidades”.
Otro eje del Plan de Acción es la realización de un diagnóstico regional para conocer la situación de las personas, grupos y organizaciones defensoras del ambiente. Este lineamiento busca identificar los fallos institucionales, que permiten que los asesinatos y amenazas se produzcan.
Asimismo, el texto aprobado reconoce el escenario de prevención de los defensores. “Es una herramienta muy útil porque en nuestros países no se establecen protocolos de protección efectiva para quienes tienen situación de amenaza o riesgo, se acude más a escenarios de reparación de derechos ya vulnerados”, dice Torres.
Este plan tiene un plazo de ejecución hasta abril de 2030, pero los Estados Parte deberán presentar en cada COP los reportes de sus avances.
La conferencia del 2024 también sirvió para dar inicio a las tareas operativas del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento, integrado por siete expertos de distintas nacionalidades: Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica), Andrés María Napoli (Argentina), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá).
Con estos instrumentos y equipos ya en marcha, los representantes indígenas esperan que empiece a notarse la implementación de Escazú en los territorios. “Se habla de Escazú ya desde hace algunos años, pero todavía no son muchos los avances concretos en los territorios donde se ha aprobado el acuerdo. Se vive bajo amenazas y aún no hay acceso a información ambiental”, refiere el apu Jamner Manihuari de la Coica.
Marchezini menciona que con los instrumentos regionales ya aprobados, buena parte de la responsabilidad de ejecución del Acuerdo de Escazú pasa a los Estados nacionales. “En la COP4 nuestra expectativa es ver los primeros resultados satisfactorios”, menciona.
Vulnerabilidad estructural
En la COP3, los Estados Partes también aprobaron un proyecto para integrar y reforzar la perspectiva de género en todas las materias relativas al Acuerdo de Escazú.
Durante los tres días de reuniones, la lideresa kukama Marí Luz Canaquiri interactuó con mujeres indígenas de toda la región. “La mayoría tenemos problemáticas similares, nos damos fuerza entre nosotras. Hemos tenido dificultades para acceder a espacios de participación como mujeres, pero siempre defenderemos la vida de los demás”, sostiene.
En esa línea, la representante del público Joara Marchezini valora la incorporación de este enfoque de género. “Hay una cuestión estructural de cómo las mujeres trabajamos en la defensa del ambiente, pero también cómo percibimos información y cómo tenemos que enfrentar desafíos de participación e incluso accesos a la justicia”, puntualiza.
En la COP3 se confirmó el ingreso de Dominica al grupo de Estados Partes. Además de los países que ratificaron este tratado, participaron como observadores representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú.
Durante una jornada especial por el Día de la Tierra, el 22 de abril, la lideresa indígena shipibo-konibo Judith Junta tomó el micrófono e hizo un llamado “para que los países que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú lo hagan de suma urgencia”.
La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizará en abril de 2026 en Santiago de Chile.
