El 4 y 5 de febrero, el río Madre de Dios de Pando volvió a lucir tranquilo y silencioso, como antes de que balsas de metal o dragas zarparan sus aguas para extraer oro con y sin autorización. Los representantes de la Cooperativa Minera Aurífera Asobal “Madre de Dios”, ordenaron el repliegue de sus afiliados, sabedores de que una comisión del Tribunal Agroambiental —acompañada por policías y militares— realizaría una inspección técnica ocular. ¿El objetivo? “Constatar una solicitud de medidas cautelares ambientales por amenaza a la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente y de la salud pública del río Madre de Dios”, explicó Roxana Chávez, presidenta del citado ente judicial.
Días antes de ejecutar la medida jurídica, circuló un comunicado de Asobal en el que se instruyó a sus afiliados “la paralización de toda actividad” que pudiera ser observada. Por ello, a la altura de las comunidades Genechiquia y Miraflores — a más de 120 kilómetros río arriba de Riberalta (Beni)— solo se veía balsas arrinconadas, cuyos motores no rugían como suelen hacer las 24 horas, generando contaminación acústica. Pese a ello, las autoridades judiciales encontraron desechos de la minería aluvial, que no es otra cosa que extracción de oro a cielo abierto; conversaron con habitantes del lugar pertenecientes a pueblos indígenas como Tacanas, Cavineño y Esse Ejja y fueron testigos de cómo de a poco la zona se convierte en un depósito de turrilles oxidados, entre otros.
Como hace mucho no sucedía, el silencio acompañó la inspección que es parte de una acción ambiental preventiva directa presentada por el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), donde habitan Tacanas, Cavineño y Esse Ejja; para detener la actividad minera que —advierten— amenaza su salud, sus bosques y el río Madre de Dios del cual se alimentan.
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La travesía
La comitiva —integrada por magistrados del Tribunal, técnicos, Fiscalía, Policía, militares, una profesional del Colegio de Biólogos de La Paz, líderes comunales y el equipo legal de la parte demandante— navegó durante 13 horas desde el municipio de El Sena (Pando) hasta dos comunidades asentadas a lo largo del cauce, en el norte del departamento amazónico de Bolivia.
En el trayecto, el presidente del Territorio Indígena Multiétnico II, Lucio Ayala Siripi, explicó que el río Madre de Dios no es solo un curso de agua que atraviesa el mapa. “Es la columna vertebral del territorio. De él depende la vida diaria de las comunidades: el agua que tomamos y usamos para cocinar, el pescado que alimenta a nuestras familias, la ruta que conecta pueblos y el riego de los cultivos. En sus aguas y en las orillas hay cientos de especies que sostienen el equilibrio de la Amazonia y, con él, nuestras vidas”, dijo.
“Antes vivíamos en armonía con el río; ahora ya no podemos beber de él”, agregó.
La quietud del río contrastó con las voces de lugareños, quienes repitieron una y otra vez que la minería aluvial ilegal continúa activa. El mercurio está presente en el agua y en los peces, y que la ausencia de dragas durante el recorrido no refleja la realidad cotidiana, sino algo circunstancial ante la visita de las autoridades judiciales.
En los últimos cinco años, monitores territoriales indígenas identificaron más de dos mil balsas mineras que operan a lo largo de 184 kilómetros del río Madre de Dios dentro del TIM II. Según los reportes comunitarios, más del 95% está fuera de áreas autorizadas. En 2023, una inspección conjunta del Ministerio de Gobierno y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intervino 27 dragas y sorprendió a 57 personas realizando actividad ilegal. En enero de 2025, un nuevo monitoreo territorial volvió registró 181 balsas.
Un dirigente de la zona, quien prefirió el anonimato por seguridad, aseguró que la mayoría de esas embarcaciones pertenece a socios de la cooperativa minera aurífera ASOBAL R.L. y facilitó a La Región un comunicado interno fechado el 2 de febrero de 2026, en el que la directiva instruye a sus asociados “permanecer dentro de áreas autorizadas” y paralizar actividades ante una orden notificada por el Tribunal Agroambiental”. El documento fue interpretado por los comunarios como una advertencia previa a la inspección.
En territorio Esse Ejja
Después de cuatro horas de navegar por aguas del Madre de Dios, el miércoles 4 de febrero a las 17 horas, la primera parada fue en territorio del pueblo indígena Esse Ejja, en la comunidad Genechiquía. Allí, la audiencia pública se realizó a orillas del río. Las autoridades no ingresaron a la comunidad, pese a la solicitud de los comunarios, argumentando que se trataba de una inspección técnica ocular y no de una visita destinada a la toma formal de testimonios.
La escena fue sobria y tensa, marcada por la presencia de policías y militares armados que custodiaban a las autoridades. Mientras los comunarios aguardaban monte adentro para exponer su realidad, el acto procesal se desarrolló en la ribera.
Entre quienes lograron intervenir estuvo Fátima Mamío, partera de la comunidad. Relató que sufrió dos abortos espontáneos y describió un aumento de infecciones, diarreas, mareos y otros problemas de salud en mujeres y niños. “Los bebés ya no nacen como antes, tienen malformaciones”, dijo a las autoridades.
Mientras se desarrollaba la audiencia, el río volvió a enviar señales que desmentían su aparente calma: un turril grande de combustible descendía lentamente por la corriente y, a lo lejos, se escuchaba el sonido aislado de una draga. En el mismo sector se observó una docena de turriles y otros desechos camuflados en la vegetación ribereña, que —según los comunarios— servirían para abastecer operaciones mineras ilegales.
En medio del acto, un comunario alertó que río arriba operaba una barcaza fuera de las áreas autorizadas. La advertencia interrumpió momentáneamente la audiencia. Se conformó una comisión integrada por Fiscalía, efectivos policiales, militares y representantes de la comunidad para verificar la denuncia.
Según explicó posteriormente la abogada Micaela Maya Noriega Villagómez, parte del equipo jurídico que acompaña a los demandantes, al llegar al punto señalado se constató que varias barcazas habían sido volteadas —“puestas de cabeza”, en palabras de la jurista—, una práctica que, según los comunarios, se utiliza para simular inactividad ante controles.
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Durante el recorrido se identificaron tres embarcaciones fuera del área permitida. Dos contaban con documentación; una tercera, con matrícula NUVIA, no presentó papeles en ese momento y sus operadores indicaron que pertenecía a la cooperativa ASOBAL. No hubo personas detenidas. La intervención concluyó con una advertencia verbal para que abandonaran el sitio.
La navegación continuó río abajo. Las balsas visibles estaban alineadas en zonas que coinciden con áreas autorizadas, algo que —según dirigentes y monitores indígenas— no ocurre habitualmente. Un comunario lo resumió con cautela: “la inspección fue anunciada con antelación y realizada en temporada de lluvias, cuando muchas balsas reducen operaciones”.
Miraflores: una de las comunidades más afectadas
Tras una noche de navegación, la comitiva arribó a la comunidad indígena Miraflores, habitada por el pueblo Tacana, en la madrugada del 5 de febrero. A diferencia de lo ocurrido en territorio Esse Ejja, allí los comunarios solicitaron que la audiencia no se realizara en el puerto, sino dentro de la comunidad, al considerar que se trataba de un hecho histórico: “la llegada de la justicia a su territorio”. Finalmente, la sesión se llevó a cabo en una pequeña unidad educativa.
Según estudios científicos presentados durante la inspección, Miraflores registra un promedio de 3,5 partes por millón de mercurio en muestras de cabello, uno de los niveles más altos documentados en la cuenca del Madre de Dios. El parámetro internacional de referencia establece una parte por millón como límite máximo tolerable. Es decir, los niveles encontrados triplican ese valor.
Desde ese espacio, Mario Guari Cartagena, productor indígena y comunario de Miraflores, mostró cómo la actividad minera afecta directamente a su territorio productivo. Durante el recorrido posterior no solo se visitaron áreas agroforestales; en la ribera del río se evidenció la presencia de una balsa minera asentada dentro de una cuadrícula autorizada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La embarcación no estaba operando en ese momento.
El conflicto en Miraflores no radica únicamente en la ilegalidad, sino en la superposición. La Autorización Transitoria Especial (ATE) otorgada por la AJAM coincide con áreas donde existen bosques nativos de cacao y sistemas agroforestales comunitarios. Los comunarios insistieron en que nunca fueron consultados de manera previa, libre e informada antes de la emisión de la autorización minera, pese a tratarse de territorio indígena reconocido.
Guari mostró certificados que acreditan premios internacionales obtenidos por su cacao y sostuvo que nunca fueron consultados antes de que se otorgara la autorización minera en su entorno.
El caso expone una tensión más compleja que la simple presencia de dragas: la coexistencia forzada entre una actividad extractiva autorizada y un modelo productivo indígena que depende del bosque y del río.
Más allá del impacto territorial, los testimonios más contundentes llegaron desde los cuerpos
Margarita Salas Tuno, comunaria indígena tacana de la comunidad Palestina, tomó la palabra durante la audiencia y luego conversó con La Región. Tiene 72 años. Desde hace cinco años sufre hipertensión, adormecimiento en el rostro y las extremidades, pérdida de memoria y dolores persistentes.
En 2023 decidió someterse voluntariamente a un análisis de mercurio en cabello. El resultado fue 1,8 partes por millón, casi el doble del límite máximo recomendado internacionalmente. Su esposo, de 63 años, obtuvo 1,9 partes por millón.
En 2024 volvió a realizarse el examen. El nivel no había disminuido. Había aumentado.
Ella no trabaja en minería. Su principal fuente de proteína es el pescado del río.
En Miraflores, un dirigente tacana de 34 años tampoco se dedica a esa actividad. Durante cinco años sufrió lesiones en la piel y dolores de cabeza persistentes. Viajó hasta La Paz en busca de un diagnóstico. Allí, un especialista le explicó que la exposición prolongada al mercurio podía estar vinculada a su cuadro clínico. En su comunidad —relata— se han registrado malformaciones congénitas y bebés que nacieron con complicaciones graves.
“Nos dicen que no comamos pescado grande, pero ¿qué más vamos a comer?”, pregunta.
La exposición no se limita al consumo. En la minería aluvial, el oro se separa del sedimento mediante su mezcla con mercurio. Luego, esa amalgama se quema para recuperar el metal, liberando vapor de mercurio a la atmósfera. Ese vapor puede volver a depositarse sobre el agua, el suelo y la vegetación ribereña. Las comunidades que viven junto al río quedan expuestas por múltiples vías: alimentación, contacto con el agua y respiración de aire contaminado.
En el Madre de Dios, la contaminación no es una sospecha. Tiene cifras, estudios científicos de universidades, tiene diagnósticos clínicos y tiene nombres: mujeres, bebés, niños y hombres que nunca trabajaron en minería. Los promedios de mercurio en comunidades ribereñas oscilan entre 2,8 y 3,5 partes por millón, muy por encima del límite internacional permitido.
Los testimonios están respaldados por estudios realizados desde 2020 por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), en coordinación con la Universidad de Cartagena (Colombia), a través del toxicólogo Jesús Olivero, y el Instituto Celadis de la Universidad Mayor de San Andrés, con el investigador Roger Carvajal.
El ingeniero ambiental Erick Fortón, miembro del equipo investigador, informó a La Región que se analizaron muestras de cabello de 864 personas en las cuencas de los ríos Madre de Dios, Beni y Mamoré.
Los resultados muestran que de cada diez personas, nueve presentan niveles superiores al valor estipulado de mercurio. En comunidades del Madre de Dios, el promedio alcanza 2,8 partes por millón; en Miraflores, 3,5. También se detectaron niveles elevados en niños pequeños y mujeres en edad fértil.
Lo que viene en el proceso legal
Al cierre de la inspección, la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas, explicó que el proceso se encuentra en fase de elaboración del informe técnico-jurídico, paso previo a la eventual emisión de medidas cautelares.
La acción ambiental preventiva presentada por el Territorio Indígena Multiétnico II no solo denuncia la contaminación, sino que solicita medidas concretas. Entre ellas, la suspensión de la minería ilegal en el río Madre de Dios, la paralización de licencias otorgadas sin consulta previa, la verificación y delimitación de cuadrículas mineras, el control efectivo por parte de la AJAM y el Ministerio de Medio Ambiente, y el reconocimiento del río como sujeto de derechos. También demanda garantías para defensores ambientales, acceso pleno a la información pública sobre concesiones y la realización de una auditoría ambiental integral en el área afectada por la actividad minera.
Según informó el abogado Manuel Menacho, jurista del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), el Tribunal ya estaría en condiciones de presentar el informe en los próximos días. De acuerdo con ese seguimiento, la resolución podría emitirse esta misma semana o, a más tardar, a inicios de la siguiente.
Mientras, en los territorios afectados se ha advertido a la gente que deje de bañarse en aguas del Madre de Dios y que evite consumir esa agua, así como los pescados que allí viven. La gran pregunta es: ¿de qué y cómo vivirán entonces?
📌 Lecturas de contexto
🔎 Comunidades indígenas exigen frenar la minería ilegal y salvar el río Madre de Dios
Antes de la inspección del Tribunal Agroambiental, comunidades Ese Ejja, Tacana y Cavineño presentaron una acción preventiva ambiental para detener la minería ilegal, anular licencias otorgadas sin consulta previa y solicitar que el río sea reconocido como sujeto de derechos ante la justicia boliviana.
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🔎 El silencioso avance de las barcazas mineras en el río Madre de Dios
Un reportaje anterior documentó cómo la minería ilegal avanza sin control en el Madre de Dios, con cientos de balsas operando fuera de zonas autorizadas, afectando bosques, cultura y la salud de las comunidades ribereñas.
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