“La Reserva Forestal El Choré, ubicada al Norte de las provincias Sara e Ichilo de Santa Cruz, contiene la última mancha grande de bosques amazónicos al norte de la ciudad de Santa Cruz”, así comienza un estudio publicado en 2009, que define dichos bosques de árboles como “de gran importancia para la regulación del clima” en la zona agrícola del norte integrado cruceño.
La reserva, creada en 1966 mediante un Decreto Supremo, tenía una superficie aproximada de 900 mil hectáreas. Esa cifra fue ampliada a 1.08 millones de hectáreas y en el año 2000, continúa el documento, el Gobierno “desafectó” 210 mil hectáreas al sureste (al norte de Santa Rosa del Sara), “porque hubo una superposición con asentamientos de colonizadores”, como se conoce en Bolivia a personas procedentes de la zona occidental, que buscan tierras en el oriente. Ya desde entonces, el territorio se vio duramente golpeado no solo por ellos, sino también por propietarios privados, como se denunció en un reportaje de Mongabay, redifundido por La Región.
Pero la primera quincena de agosto de este año, el Decreto Supremo 5202, le dio “un tiro de gracia”. La Reserva Forestal El Chore pasó a ser Área Protegida en las categorías: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI). Y aunque en el texto firmado por el presidente Luis Arce se lee que la finalidad es “reforzar las medidas de protección, conservación y restauración de los bosques, la tierra, biodiversidad y las funciones ambientales”, expertos en la temática coinciden en que la medida más bien “legaliza la deforestación”.
Entre anhelos y contradicciones
Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, explica que el citado Decreto 5202 levanta todas las medidas de protección que había sobre la zona, y deja a criterio de un reglamento la distribución de uso de esas tierras. En este caso, 224 mil hectáreas serían legalizadas tras desmontes y asentamientos ilegales.
“El decreto dice que el objetivo es reforzar la protección, pero hace lo contrario. Es decir, recorta más de 200 mil hectáreas y levanta restricciones vigentes que eran mucho más explícitas, porque decían: está prohibido el asentamiento y la distribución de tierras fiscales en El Choré. Así también, convierte estas 224 mil hectáreas en tierras fiscales disponibles, cuando no lo eran”, detalla.
En una nota publicada en el diario paceño La Razón, el viceministro de Sustancia Controladas, Jaime Mamani, afirma que el objetivo del Gobierno es “la erradicación de la hoja de coca en áreas protegidas, como es ahora El Choré”. Sin embargo, de acuerdo con el decreto, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “de manera excepcional”, podrá “otorgar permisos para el uso y aprovechamiento sustentable de recursos naturales en el Área Natural de Manejo Integrado”.
La ambigüedad de las palabras
La gran pregunta es: ¿si realmente se busca proteger la ahora ex Reserva, qué debió hacerse? “Para empezar, elevar a rango de ley el decreto que crea la Reserva Forestal. Segundo, la obligación del gobierno era expulsar a todos los asentamientos ilegales; las comunidades que han desmontado la zona; y sancionar a la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras), que ha dado autorizaciones de desmonte y de quemas en la zona. Tercero, proceder al desalojo de comunidades ilegalmente asentadas con el uso de la fuerza pública, porque el INRA tiene la capacidad y potestad de hacerlo”, responde Colque.
El otro gran riesgo es que el 99% de los Parques Nacionales de Bolivia fueron creados por Decreto Supremo. Ello significa que, al no tener rango de ley, fácilmente un Gobierno puede anularlos o cambiar su categoría, como acaba de suceder con El Choré.
“El Decreto anterior (de creación de la Reserva) fue anulado porque era muy contundente y tajante. Decía: no se permite ningún tipo de asentamientos. Ahora el área protegida no dice absolutamente nada, no dice si está prohibido o no está prohibido el asentamiento humano en este Parque Nacional; no dice si se reconoce el derecho propietario, solamente dice: no se permite hábitats humanos. ¿Qué significa eso? Que la gente puede tener tierras en propiedad sin vivir, y eso es lo que está pasando en estos lugares: la gente produce, desmonta, trabaja ahí, pero no vive ahí. Entonces, tranquilamente puede justificar su actuación. Es una cosa muy grave”.
Sin defensa férrea
La Gobernación de Santa Cruz, los municipios afectados, el pueblo indígena Yuracaré-Mojeño, todos ellos son actores e instituciones que pueden impugnar el decreto. En el caso de los Yuracaré, quienes tienen un Territorio Indígena Originario Campesino (TCO), se han visto diezmados y “acorralados” por los llamados “avasalladores”. Según las normas, a ellos se les debió hacer una consulta previa a la promulgación del decreto; algo que no sucedió.
En el caso del departamento cruceño, también debió pronunciarse, porque se está afectando uno de sus pulmones verdes más importantes, según estudios científicos. Esto porque al ser reservar forestal, tiene reservorios de agua, biodiversidad y es una zona que protege los vientos del norte que suelen afectar a la ciudad capital entre los meses de agosto y septiembre.
“En el lugar no solo hay cocaleros, traficantes (de tierras) o interculturales; hay empresas privadas también que han saneado tierras. Son como 40 comunidades, las cuales sanearon 40 mil hectáreas el año pasado, según denunció la Fundación Tierra. El INRA lo negó, pero ahora está reconociendo que esto fue así”, lamenta Colque.
Las Reservas y su vital importancia
Pero no solo El Choré está en riesgo, la Reserva Forestal Guarayos, que es colindante, está incluso más afectada, porque es una zona mecanizada por la agricultura en el norte integrado de Santa Cruz. De seguir el mismo camino, podría también convertirse en Área Protegida, para legalizar la deforestación y sus implicancias.
Lo propio ocurre en Ixiamas, en el norte de La Paz. Existe mucha presión para extraer madera (por ello son Reservas Forestales). Hasta ahora estas extracciones de árboles eran ilegales, pero con el precedente mencionado, “se están legalizando”. “Después viene hacer leña con el monte, hacer carbón es una actividad grande en estas zonas, porque son actividades ilegales. Lo otro es sanear (las tierras) como propiedades privadas y convertirlas en tierras de agricultura, ganadería. Finalmente, convertir los bosques en terrenos de cultivo de soya y cocales”, detalla el investigador.
En Santa Cruz ‑refiere la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano en un estudio– las reservas forestales constituyen el reservorio de los recursos genéticos de especies de alto valor forestal, resguardan una enorme y aún poco conocida diversidad biológica, aportan a la regulación del clima y al ciclo hidrológico y de nutrientes; además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, toda una fuente de vida que, de a poco, se van acabando.
