jueves, febrero 9, 2023
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Los asentamientos ilegales terminan con la Reserva Forestal El Choré en Bolivia

Las Reservas de Producción Forestal, bosques destinados a la producción forestal sostenible, se han convertido en objeto de disputa de los intereses de pequeños campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, propietarios privados y grupos con intereses de acaparamiento para tumbar el bosque y transformar esos espacios en tierras de producción agrícola.

Malkya Tudela / Mongabay Latam

En Bolivia, la Reserva de Producción Forestal El Choré, un área boscosa destinada a la producción forestal sostenible en el departamento de Santa Cruz, está siendo eliminada para ampliar la frontera agrícola. El río Ichilo, que funciona como límite natural de la reserva con la región cocalera del Chapare, ha impedido el avance de los asentamientos ilegales con fines agrícolas. Sin embargo, el lado del bosque que colinda con la zona agroindustrial de la soya ha sufrido una notoria invasión de pequeños asentamientos.

En una oficina sin ventanas de la Asamblea Legislativa del departamento de Santa Cruz, el asambleísta Wilson Cortez asegura que El Choré es una reserva forestal “solo de nombre”. Reconoce que el bosque está siendo derribado a medida que avanzan los asentamientos ilegales de campesinos para introducir cultivos agrícolas como maíz y arroz, e inclusive coca.

Cortez atiende asuntos legislativos de lunes a viernes en la capital de Santa Cruz, pero los fines de semana viaja hasta la zona cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba, para desde allí navegar por el río Ichilo hasta su comunidad ubicada en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracaré Mojeña “El Pallar”.

Las TCO son los territorios tradicionales en donde los pueblos indígenas ejercen su organización social, económica y política. El territorio de los indígenas yuracaré mojeños, El Pallar, formado por 14 comunidades y 2 000 habitantes asentados  en las riberas del río Ichilo, pertenece al sector de la reserva que aún conserva su bosque.

En octubre, el caudal del río es escaso, pero no deja de ser navegable. En lo alto de la ribera, un pequeño letrero hecho de tela o madera indica el nombre de cada comunidad. Tras navegar unos treinta minutos, el bote a motor atraca en la orilla y luego de trepar algunos metros por el terreno gredoso, la comunidad que lleva el mismo nombre de la TCO, aparece de pronto como en una foto de postal turística. Sus casas de madera suspendidas sobre pilotes son idénticas entre sí y solo destacan las casas coloridas que ocupan los maestros que suelen llegar desde otras tierras.

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Desaparece la reserva

En Bolivia existen 12 reservas forestales que abarcan 9 millones de hectáreas en total. Cuando El Choré fue declarado reserva del Estado boliviano, el decreto supremo de creación —aún sigue vigente— prohibió el asentamiento de colonos de cualquier naturaleza así como la tala de árboles o limpieza de bosques con fines agropecuarios.

El Choré es una región de transición del bosque amazónico y un sitio de riqueza forestal con al menos 230 especies maderables y unas 20 con alto valor comercial, explica Oswaldo Maillard, biólogo conservacionista del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano. Muchas de esas especies, además, están en el Libro Rojo de plantas amenazadas de Bolivia, como el almendrillo, el cedro, el yesquero o el tajibo amarillo. En total, nueve se encuentran en estado Vulnerable, seis En Peligro y tres Casi Amenazadas.

La reserva El Choré funciona también como barrera natural contra los vientos que ingresan desde la pampa beniana hacia la capital cruceña y es una de las fuentes de agua que nutren los acuíferos de las zonas productoras agroindustriales. Lamentablemente, asegura el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila, “desde su creación estas áreas tuvieron la permanente presión de actores dedicados a la agricultura”.

Según el anuario 2016-2017 de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), entidad estatal encargada de promover el desarrollo integral y sustentable de bosques y tierras, la deforestación en El Choré y la reserva Guarayos “tiene relación directa con el incremento de asentamientos ilegales que generaron la conversión de tierras con vocación forestal a usos agrícolas, el incremento de tierras saneadas dentro y fuera de sus límites, la extracción forestal ilegal, el cultivo de la hoja de coca, actividades ilícitas, etcétera”.

José Víctor Antezana, comunario mojeño, dice: “Ellos vienen a sembrar coca ilegal, hemos denunciado eso, pero no se puede hacer más nada, porque ellos son aliados del gobierno”. En tanto, en el área más cercana a la zona agroindustrial se reportan cultivos de maíz y arroz.

Antezana se refiere a los llamados interculturales que, según explica la socióloga Martha Irene Mamani, son campesinos quechuas y aymaras que llegaron del altiplano a zonas de los llanos orientales desde hace unos 40 años. Ahora, los hijos de esa generación y los nuevos migrantes forman la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, una entidad miembro del partido de gobierno y, según Mamani, tienen “un control directo e indirecto” del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

José Victor Antezana, de la comunidad Nueva Bethel, estuvo en charlas con los campesinos interculturales para evitar su irrupción en una comunidad yuracaré mojeña. Foto: Malkya Tudela

Un estudio de Fundación Tierra sobre Deforestación 2016-2021 señala que los interculturales tienen mayor protagonismo en los desmontes, porque sus nuevas áreas están conectadas con las zonas de colonización de agricultura mecanizada, tienen acceso al capital productivo de los pequeños soyeros y conocen las zonas con potencial productivo.

Debido a la presión sobre la reserva, en 1995 el Estado sacó 211 632 hectáreas de El Choré para convertirlas en tierras agrícolas. Sin embargo, esa actividad avanzó rápidamente sobre el área y volvió a fijar su interés sobre la reserva. Un estudio publicado en 2009 proyectaba que, al ritmo de la deforestación de ese momento, el 50 % del bosque que aún estaba protegido se perdería para el 2034.

Si bien no existe un reporte actualizado con similar modelación, el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano ha detectado una deforestación oscilante en El Choré: en 2018 tuvo una pérdida de 26 872 hectáreas, mientras que en el año 2020 la afectación disminuyó hasta las 2 937 hectáreas.

“Lo único que está como reserva (forestal) es nuestra TCO”, comenta el asambleísta Cortez. José Víctor Antezana, mojeño de la comunidad Nueva Bethel, casado con una yuracaré, asegura que “atrás, en la reserva, no se encuentran lugares vacantes que no tengan dueño, todo está parcelado, se han metido sindicatos, se han repartido; está todo loteado”, dice. Sin embargo, las comunidades indígenas temen que las invasiones avancen hasta sus territorios porque, “incluso a nosotros nos están queriendo avasallar por adentro”, asegura Cortez, cosa que “en todo lados hemos denunciado”, precisa.

Las incursiones de pequeños grupos de campesinos en tierras fiscales, áreas protegidas o en tierras no saneadas se conoce como avasallamiento y, según José Tarima, técnico de la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno Departamental de Santa Cruz, “(en la reserva) hay comunidades donde las tierras han cambiado tres a cuatro veces de mano. Hay tráfico de tierra. Si usted entra ahí (a la reserva) va a ver que es como San Julián o Cuatro Cañadas (zona soyera agroindustrial)”, asegura Tarima. “Incluso hay lugares con luz eléctrica”, agrega con impotencia el funcionario de una unidad que no ha podido evitar la eliminación paulatina del bosque.

En 2009, junto a un periodista y un fotógrafo, Tarima ingresó a la región más intervenida de la reserva, Santa Rosa del Sara, pero los campesinos evitaron su paso tras amenazarlos y retenerlos por algunas horas.

El cacique mayor Nestor Velasquez en Puerto Villarroel, antes de ingresar a territorio yuracaré mojeño. Foto: Malkya Tudela

En algunos casos, los propios indígenas han tratado con los ocupantes. En el lado mejor conservado de la reserva, en el territorio yuracaré mojeño, José Víctor Antezana recuerda que hace tres o cuatro años, cuando ejercía como secretario de Tierra y Territorio de la TCO, la comunidad Samo tenía encima la amenaza de los asentamientos ilegales. “Hemos ido, hemos delimitado. Ellos han retrocedido, hemos acordado que no van a avanzar. Se ha cumplido el acuerdo. La comunidad está viviendo tranquila, pero al lado han quedado campesinos que no tienen títulos y están bregando (presionando) con el gobierno para conseguirlos”, dice.

La persuasión ejercida por el pueblo indígena surtió efecto, sin embargo, la pérdida del bosque ya tiene un impacto directo en la dieta de los indígenas. Nestor Velasquez, el principal representante de los cerca de 2 000 habitantes de la TCO, describe una merma de la caza: “Yo entraba a cazar por el (río) Ibabo, había chanchos troperos, se podría decir miles. Después ha entrado gente, tengo entendido que hay como 5 000 interculturales. Ahora entro a cazar y los animales se han ahuyentado. Ya no hay chancho tropero, taitetuces, jochis pintados, marimonos”.

Si los interculturales respetaron hasta cierto punto el territorio indígena, no actuaron igual con el Bosque Experimental Elías Meneses, localizado dentro de la reserva El Choré, y que poseían los investigadores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) para realizar investigaciones científicas.

Edwin Magariños y Roberto Quevedo, del Instituto de Investigación Forestal de la UAGRM, explican que los estudios hechos en el bosque experimental sentaron las bases del manejo forestal comunitario tropical en Bolivia, “pero llegó un momento en el que, por temas sociales y políticos, varias de estas investigaciones fueron disminuyendo en su intensidad”.

En 2006, los campesinos organizados ocuparon por la fuerza la superficie que tenía a su cargo la universidad, dice Roberto Quevedo. “Rodearon primero todo el bosque experimental y después lo atravesaron. Pasaron sobre muchas de las parcelas de investigación que tenemos, nuestro campamento fue desmantelado. Se invirtió mucho en recursos económicos y había gente de la cooperación con mucha expectativa. Recuerdo la última incursión que fue para salvar algunas cosas”, describe.

El bosque experimental tenía 88 842 hectáreas cedidas por el Estado a la universidad pública, y de ese total  30 000 fueron demarcadas para refugio de vida silvestre. En ese espacio, investigadores del Museo de Historia Noel Kempff Mercado registraron especies de fauna y flora, y en el año 2003 obtuvieron el primer registro para Bolivia del murciélago Lampronycteris brachyotis.

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Tierras en disputa

Desde Fundación Tierra, el investigador Alcides Vadillo explica que “las áreas forestales son las tierras en disputa” en este momento en el país.

En los años noventa, Bolivia tenía 22 millones de hectáreas de tierras forestales cuyos recursos madereros eran explotados por alrededor de 50 empresas privadas. Ese oligopolio fue debilitado con la Ley Forestal 1700, del año 1997, que obligó a los empresarios a pagar un dólar por hectárea concesionada. El resultado: las concesiones forestales se redujeron a 6 millones de hectáreas y 16 millones pasaron a ser tituladas a favor de pueblos indígenas, propiedades agrícolas y ganaderas o comunidades campesinas.

En la última década, otras 4 millones de hectáreas forestales se convirtieron en tierras fiscales y, tras ser deforestadas, fueron destinadas a la agricultura, continúa Vadillo. El cambio de estatus, de tierra forestal a tierra agrícola, tampoco estuvo exento de conflictos. “Muchos de los (antiguos) empresarios madereros han intentado mantener cierto derecho (sobre los predios) pasando de la figura de concesión forestal a la de derecho propietario”, explica el investigador. A la vez, “al dejar de ser concesión (forestal)…, se ha generado la ‘ambición’, la perspectiva, de algunos sectores campesinos, de ocupar esas tierras y las han ocupado”, agrega el experto. Así, los dos sectores, empresarios privados y pequeños campesinos, están en disputa por las tierras fiscales que antes eran concesiones forestales.

Tres personas viajan en un bote a motor por el río Ichilo hacia una de las comunidades del territorio yuracaré mojeño. Foto: Malkya Tudela

Además, existe un tercer actor en la pelea, sostiene Vadillo: “Campesinos organizados de forma semi militar, miliciana, que han entrado a ocupar estas tierras y que entran en conflicto tanto con los sectores empresariales como con el sector campesino”.

El gerente de la Cámara Forestal opina que el problema para El Choré comenzó con la infraestructura de caminos, como “la carretera nueva a Cochabamba que fue una especie de invitación y de facilitación para que los campesinos, que hoy se denominan interculturales, entren a esta zona con mucha facilidad”.

Algunos municipios han optado por crear áreas protegidas a fin de evitar esas irrupciones, pero la medida no está funcionando, afirma Oswaldo Maillard, del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano. Prueba de ello son las áreas protegidas creadas en El Choré: la Reserva de Vida Silvestre en Meandros Antiguos del río Ichilo, la Unidad de Manejo Integrado Humedales del Norte y el Refugio de Vida Silvestre Ichilo, que formaba parte del bosque experimental universitario que fue avasallado.

El problema se hace cada vez más complejo y por momentos adquiere tintes de violencia. En octubre de 2021, una comisión de periodistas se dirigió a verificar una denuncia de avasallamiento en el predio Las Londras, al interior de  la Reserva Forestal Guarayos, pero fue recibida por un grupo de gente armada. De hecho, este equipo periodístico solo pudo acceder hasta la zona de la TCO Yuracaré Mojeño, mas no al área deforestada de la reserva por razones de seguridad. “Hemos dejado de hacer sobrevuelos porque es peligroso, hay mucho narcotráfico en la zona”, dice José Tarima para explicar las razones por las que la Gobernación de Santa Cruz no tiene presencia en el área.

En el territorio yuracaré mojeño, el agua potable y la luz eléctrica son el anhelo de sus habitantes. Por ahora tienen paneles solares con tres focos y para cargar un celular por familia. Pero algunos piensan que los caminos son más urgentes, porque harían más fácil y barato su tránsito hacia los centros urbanos para proveerse de mercancías y llevar sus productos. El cacique mayor Velasquez explica que los interculturales han abierto caminos para moverse por la reserva, lo que les resulta desconcertante porque todos los pedidos del pueblo indígena con ese mismo propósito han sido en vano.

En época seca, el río Ichilo aún es navegable y la ribera del río quedan en lo alto anunciando con letreros el nombre de la comunidad. Foto: Malkya Tudela

Además, las comunidades del territorio yuracaré mojeño han renunciado a desarrollar un plan de manejo de su bosque que les permitiría extraer madera con la participación de alguna empresa, porque ellas “quieren que casi les regalemos la madera”, dice Cortez. La razón, explica el asambleísta, se debe “a que a las empresas madereras no les conviene entrar (a la TCO) debido al precio del transporte. Tienen que pagar viaje (de las troncas) por río y de ahí transporte terrestre”. De hecho, según el gerente de la Cámara Forestal, actualmente no existe ninguna empresa con autorización para explotar madera en la Reserva Forestal El Choré, por lo que toda la extracción que se hace en el lugar es ilegal.

En la Reserva Forestal El Choré las imágenes satelitales muestran líneas rectas de deforestación incluso en el área menos intervenida, Yapacaní, a partir de las cuales aparecen otras perpendiculares. “Este patrón de abrir brechas se llama columna de pescado”, dice Marcio Flores, del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, y con el tiempo funcionan como caminos para seguir avanzando sobre el terreno, explica.

Según José Tarima, varios sindicatos agrarios que están dentro de la reserva han mandado a la Gobernación sus proyectos para obtener licencias ambientales para construir caminos, desagües y otras infraestructuras, “pero autorizar cualquier cosa dentro de la reserva sería malversación de fondos”, asegura.

Los investigadores, técnicos y funcionarios públicos afirman sin dudar que la Reserva Forestal de El Choré ya no existe. “Yo he planteado crear una franja de protección, por lo menos de un kilómetro de ancho, desde el límite de nuestra TCO para adentro, hacia la reserva”, comenta el asambleísta yuracaré Cortez, que ha apelado a la Gobernación de Santa Cruz para realizar ese estudio de factibilidad que esperan se ejecute el próximo año.

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