Un experto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido prohibir el comercio del mercurio a nivel global y su uso en la minería del oro a pequeña escala, porque “los derechos humanos de los mineros, sus familias y comunidades, que a menudo viven en extrema pobreza, se ven cada vez más amenazados por la contaminación con mercurio”.
Marcos Orellana es el relator especial de la INU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, quien ha presentado un informe contundente al Consejo de Derechos Humanos. Su intervención se dio durante una audiencia virtual celebrada entre lunes y martes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pedido de organizaciones de la sociedad civil de Bolivia.
Para el experto, los pueblos indígenas son los más afectados por la destrucción y contaminación de sus territorios, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de sus fuentes de alimentación. “Los niños también se ven afectados de forma desproporcionada por el peligroso trabajo en las minas, la explotación sexual y condiciones similares a la esclavitud”, refiere una nota de prensa oficial de la ONU.
El mercurio es un metal líquido altamente tóxico que se acumula a niveles peligrosos en la cadena alimenticia. El consumo de pescado contaminado puede provocar trastornos neurológicos y del comportamiento, como publicó La Región, según un informe el año pasado.
Este metal también puede atravesar la placenta, aumentando el riesgo de que el feto sufra malformaciones y pérdida de coeficiente intelectual. Es persistente, genera lugares que estarán contaminados durante décadas y siglos; afectando a las futuras generaciones.
“El uso de mercurio para la extracción de oro a pequeña escala es la principal fuente de contaminación por mercurio a nivel mundial. El comercio de mercurio está impulsado por la insaciable demanda de oro de los mercados financieros y de joyería. Las refinerías compran oro sin mecanismos adecuados de diligencia debida para hacer frente a los abusos de derechos humanos”, sentenció Orellana.
De ahí que la petición de Orellana, de prohibir el comercio global poniendo como ejemplo el caso boliviano, es contundente y pone a Bolivia en el más alto nivel de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Franco Albarracín, investigador en DDHH del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), explica que la declaración del relator no fue casual. Surgió tras la presentación de una denuncia formal ante el sistema especial de Naciones Unidas, compuesto por expertos internacionales. En ella se incluyó informes médicos, toxicológicos y estudios científicos tanto de instituciones que trabajan con derechos humanos, como la Universidad de Cartagena.
“Hemos ido por conducto regular, se ha buscado la respuesta del Estado y el relator emitió su conclusión sobre el uso del mercurio en Bolivia, indicando que se está afectando seriamente los derechos de comunidades indígenas por impacto de la minería aurífera en pequeña escala y que el Estado no está implementando acciones necesarias y suficientes para regular o mitigar impactos. Por el contrario, está aprobando normas, decretos, resoluciones, que impulsan el uso irregular del metal”, dice Albarracín a La Región.
En los ojos del mundo
En ese contexto, el relator le preguntó al Estado boliviano qué estaba pasando al respecto. Al no recibir respuesta, emitió su carta de conclusiones: una posición muy crítica a Bolivia, porque no está tomando acciones contra el uso del mercurio.
Lo sucedido esta semana no es algo menor a nivel internacional. Si bien las atribuciones no emergen de la firma de un tratado internacional, Bolivia está incumpliendo obligaciones internacionales y el Convenio de Minamata, un acuerdo para el uso y regulación del mercurio, firmado en 2016 durante la presidencia de Evo Morales. Dicho documento obliga a implementar un plan nacional de acción para regular el metal; algo que no se ha hecho o no de la manera adecuada.
Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abre tres audiencias por año para exponer temas de suma importancia en la región en materia de derechos humanos, escuchó a Bolivia en marzo pasado. En la sesión participó el Cedib, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y representantes de la Universidad de Cartagena.
Con estos resultados, ahora toca ver si el país va a seguir favoreciendo a grupos de poder político-económico como las cooperativas mineras, o va a resguardar los derechos de poblaciones vulnerables, como son los pueblos indígenas, observa Albarracín.
Tras lo sucedido, corresponde ahora acudir a la Secretaría del Convenio de Minamata, que da seguimiento al cumplimiento del acuerdo. “Es muy posible que la secretaría, con las quejas que se presenten, pueda emitir un criterio, lo cual tiene un impacto muy alto, con una condena de parte de la comunidad internacional”, asegura Albarracín.
Pero, además, ahora el Estado, está consciente de que está incumpliendo tratados. “Lo que importa ahora es continuar con la presión internacional, la condena internacional, exigir que haya un poco más de voluntad política”.
