Diez meses después de haber asumido la presidencia, Jeanine Áñez derogó el decreto 3973, promulgado durante el gobierno de Evo Morales. El mismo autorizaba el desmonte y quema “controlada” de bosques para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. La decisión fue asumida en medio de incendios forestales que azotan a Bolivia, especialmente en la zona de la Chiquitania y Pantanal, en Santa Cruz.

Durante una visita a San Ignacio de Velasco, municipio que se declaró en desastre por la sequía y el fuego, declaró emergencia nacional por la situación. Esto le permite a su gobierno utilizar mayores recursos económicos y levantar barreras burocráticas para frenar dichos incendios.

La decisión llega cuando en el departamento oriental hay 24 de estos eventos, muchos de los cuales se iniciaron hace más de un mes, como es el caso de la Reserva Municipal El Copaibo, en Concepción. Según el detalle que brindó la secretaria departamental de Medio Ambiente, Cinthia Asín, en ese municipio hay dos puntos. En San Ignacio, cinco; en San Matías, uno; en San Rafael, uno; en Vallegrande, uno; en San Antonio de Lomerío, uno; en Cabezas, uno; en Postrervalle, uno, y en Guarayos, cuatro. Asimismo, se registraron incendios de San José de Chiquitos, aunque ese Gobierno Municipal no solicitó el apoyo necesario a la Gobernación.

Respecto al incendio en el “Parque Nacional Noel Kempff Mercado” (San Ignacio), una nueva brigada partió para apoyar a los bomberos que trabajan en el lugar. Se trata de instructores con experiencia en estrategia. Este foco se inició en la comunidad de Roquila, dentro del área protegida. Se trata de fuego rastrero en una zona de difícil acceso, explicó Asín. “El trabajo es diario, cotidiano y paciente. Muchos bomberos están en la zona, porque es uno de los (incendios) que nos tiene más preocupados, no por la magnitud, sino por la ubicación”, dijo.

Respecto a la abrogación del decreto, aplaudió la decisión de Áñez y pidió a la Asamblea Legislativa la abrogación de la Ley 741, “una de las que mayor impacto ambiental causó, porque sirvió como prebenda para el anterior gobierno para deforestar hasta 20 hectáreas  de bosque, vulnerando el ordenamiento territorial y el Plan de Uso de Suelo (PLUS), que existía en el departamento”.

La norma a la que se refiere Asín fue aprobada en 2015. Precisamente lleva el nombre de “Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”.