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Magaly Tipuni sabe defender un bosque. Lo que le resta aprender, y lo dice sin rodeos, es cómo hacer que el dinero destinado a protegerlo llegue a su territorio. “Ayer fue un día muy importante. Supimos que existen fondos, y muchos fondos. Pero nosotros no sabemos canalizar cuál es esa dirección que tenemos que tomar para conseguirlos”, dijo ante un auditorio lleno durante el Congreso Redlac 2026. Tipuni es la primera mujer indígena en presidir el Consejo Regional Tsimane’ Mosetén de Pilón Lajas, un territorio de 23 comunidades que también es área protegida, situado en el norte de Bolivia.
Su frase resume uno de los ejes transversales del citado encuentro. Nadie discute ya que los pueblos indígenas son los guardianes más eficaces de los bosques. Lo que sigue en discusión es quién decide sobre el dinero que se moviliza para protegerlos.
La asimetría del 30 a 1
Las cifras no admiten matices. Según la Unidad de Coordinación Amazonia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 22 por ciento de la Amazonia está conformado por territorios indígenas titulados, y la proporción sube si se suman los no titulados. Esos territorios tienen niveles de conservación comparables a los de las áreas protegidas, y a veces mejores. Aun así, reciben menos del uno por ciento del financiamiento climático.
“Hay una asimetría entre la importancia de los territorios indígenas para la conservación, sobre todo en la Amazonia, y el porcentaje de los fondos que llegan a las comunidades. Es un 30 por ciento versus uno por ciento”, explica Lilian Painter, directora de la Wildlife Conservation Society (WCS) en Bolivia. Pero advierte que cerrar esa brecha no implica solamente tener más recursos.
Tal eje marcó el tono del panel que reunió a Tipuni y a Painter con Rosa Lemos de Sá, secretaria general del Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio); Verónica Tejerina, del BID; y el toshao o autoridad comunitaria de Guyana, Alvoro Simón. La pregunta de fondo ya no es si el financiamiento directo es deseable, sino cómo hacerlo funcionar sin repetir errores de tres décadas de intermediación.
La ruta a seguir
El congreso mostró experiencias que ya están en marcha, con cifras y estructuras de gobierno verificables.
En el norte de La Paz, por ejemplo, WCS lleva casi 25 años trabajando en el paisaje Madidi con el Consejo Regional Tsimane’ Mosetén, los tacanas, los lecos y, recientemente, San José de Uchupiamonas. Junto con ellos definió diez elementos de una gestión territorial integral, que van desde la consolidación de los derechos sobre la tierra y los planes de vida, hasta el monitoreo, la administración financiera y el fortalecimiento cultural. Sobre esa base, Conservation Strategy Fund calculó con datos de dos décadas cuánto necesita cada territorio para gestionarse en un escenario básico y en uno óptimo. Luego se creó, en alianza con la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap).
El diseño de su gobierno fue una exigencia de las propias organizaciones. El directorio está conformado por asambleas de cada pueblo. Hasta ahora, el fondo ha canalizado más de 1,2 millones de dólares para la gestión de cerca de 1,5 millones de hectáreas y ha atraído otros 600 mil. “Pero lo importante no son solamente los montos, sino la toma de decisión sobre para qué van esos recursos”, insiste Painter. Los pueblos eligieron priorizar la defensa del territorio, con resultados en brigadas de bomberos y reducción de la deforestación.
Brasil presentó la experiencia de mayor escala. Rosa Lemos de Sá describió un mecanismo nacional de 200 millones de dólares a 15 años, creado junto con el Ministerio de los Pueblos Indígenas, a partir de la política de gestión territorial que los propios pueblos discutieron durante cinco años. El mecanismo cubre los seis biomas del país y unos 100 de los 118 millones de hectáreas indígenas. Su órgano de decisión tiene 13 asientos: once son de organizaciones indígenas y dos del gobierno, ambos de agencias indígenas. Ese órgano decide quién recibe los fondos, cuánto y para qué.
Por su parte, la banca multilateral también empezó a moverse. Tejerina anunció que el BID es hoy el primer banco multilateral con un fondo de financiamiento directo para pueblos indígenas en la Amazonia. Hay 10 millones de dólares, creados en alianza con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y disponibles también para Bolivia.
Por primera vez, los proyectos son diseñados y ejecutados por las propias organizaciones. Los acompaña un equipo interno llamado Minga, que significa “trabajo colaborativo” en quechua, e incluye a profesionales indígenas.
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“Nuestro sueño, junto con las organizaciones indígenas, es tener un fondo a perpetuidad”, dice Painter. Ese fondo podría combinar donaciones filantrópicas con financiamiento climático.
El segundo reto es humano. Para la lidereza Tipuni, el principal obstáculo es formar profesionales capaces de manejar los fondos dentro de los territorios. Funbio lo complementó desde la experiencia brasileña: las organizaciones deben aprender a gestionar recursos de múltiples donantes, en distintas monedas y con exigencias de rendición de cuentas diferentes. Y esas capacidades no son estáticas. La minería ilegal, los incendios y los conflictos con el Estado exigen actualizar todo el tiempo el monitoreo, el control territorial y la respuesta legal.
En el plano legislativo, la tierra sigue siendo la deuda pendiente. En Guyana, según el toshao, solo 96 de más de 250 comunidades amerindias tienen sus tierras reconocidas por ley. En Bolivia, que prepara su marco legal sobre financiamiento climático y mercados de carbono, Painter ve una oportunidad. El país entra “tarde al baile” y puede evitar los abusos documentados en otros países. Los borradores que conoce de tales proyectos de ley reconocen el carbono como parte de los derechos territoriales indígenas, y el requisito previo es el consentimiento libre, previo e informado.
En todo este proceso, los innegociables son: el derecho sobre el territorio y sus recursos, el respeto a sus organizaciones legítimas y la no fragmentación de los territorios, deja en claro la representante de WCS.
Las experiencias de Pilón Lajas (Bolivia), Brasil y Perú muestran que el camino ya está abierto. Ahora falta recorrerlo de la mejor manera.
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