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Este septiembre, Santa Cruz vio algo que no ocurría desde hace años. Un cielo azul en plena temporada de quemas. “Deberíamos estar con el cielo gris, respirando humo, con el sol como sangre”, recuerda Javier Coimbra, coordinador del programa Bosque y Medios de Vida de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). La reflexión llega durante la apertura del panel “Hacia una nueva arquitectura financiera para fortalecer la gestión integral del fuego y desastres, así como las iniciativas de restauración postincendios y desastres naturales”, del Congreso Redlac 2026, donse se busca responder a una pregunta incómoda: ¿cómo se paga la lucha contra el fuego en un país donde los incendios dejaron de ser una excepción y se volvieron recurrentes?
La tregua —explica Coimbra— no fue mérito de ninguna política pública, sino que probablemente septiembre de 2026 fue el más húmedo de las últimas dos décadas. “Si en 2019 nos escandalizamos (con los incendios forestales de Bolivia), en 2024, ya no había capacidad de escándalo”, dice. Ese año el fuego arrasó más de diez millones de hectáreas, según Fundación Tierra, la mayor superficie quemada registrada en el país.
Coimbra resume el problema económico en una frase: “un incendio es barato y fácil de provocar, pero carísimo de controlar, combatir y, después, recuperar”.
Detrás de una cifra
Para el investigador Oswaldo Maillard, de la FCBC, el debate empieza por cómo se leen los números. Comparar un año con otro sirve para calificar o descalificar gestiones, advierte, pero “un número puede enmascarar algo más”.
Según los datos que cita, en los últimos 25 años Bolivia acumuló unos 26 millones de hectáreas quemadas al menos una vez. Pero si se suma cada vez que el fuego volvió a pasar por el mismo lugar, la cifra trepa a cerca de 100 millones de hectáreas. Con ese registro, el país aparece entre los cinco de América con más superficie quemada, junto a gigantes como Estados Unidos, Brasil y Argentina. En proporción a su tamaño, solo Paraguay lo supera. Y en recurrencia, es decir, en la frecuencia con que el fuego regresa al mismo territorio, Bolivia ocupa el primer lugar del continente.
“Eso demuestra que algo en nuestro país no ha sido del todo solucionado”, sentencia Maillard.
A las malas prácticas de quema y al incumplimiento de las normas se suma un factor que no se controla: el clima. Un estudio de la FCBC sobre 80 años de registros meteorológicos, concluye que el periodo 2019–2025 trajo la sequía más intensa y severa de ese lapso, con su peor momento entre 2023 y comienzos de 2025. Unos 20 meses secos que coincidieron con el megaincendio de 2024. “Eventos que antes eran aislados ahora parecen volverse normales, y eso no está bien”, dice el experto. Por eso insiste en que el dinero debe estar disponible antes de que el fuego se active, no después.
Prevención antes que reacción
Durante años, Bolivia aplicó una política de supresión: apagar el fuego cuando aparece. Hoy intenta pasar al manejo integral del fuego, un enfoque que entiende que este no desaparecerá del paisaje y que hay que gestionarlo en todas sus etapas. En esa transición, señala Maillard, buena parte de los recursos se destina al combate. “Y está bien”, aclara, pero el dinero también debe ir al monitoreo, la prevención y la predicción. “Ese es el gran desafío”, deja en claro.
Natalia Calderón, directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y economista con más de 20 años de experiencia en cambio climático y conservación, lo plantea sin rodeos: contar cuántos bomberos y brigadas se forman ya no alcanza.
“Si seguimos financiando solo a través de la emergencia y de la ayuda humanitaria, que es lo que llega en temporada de incendios, nunca vamos a transitar a lo que realmente necesitamos”, asegura. Eso incluye valorar los bosques por lo que aportan todo el año: almacenan carbono, evitan emisiones y proveen bienes y servicios ambientales a las poblaciones locales.
El caso del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) Charagua Iyambae muestra que la prevención funciona cuando se vuelve parte del presupuesto y no un gasto de última hora. Esta autonomía indígena guaraní, la más extensa del departamento de Santa Cruz, protege más del 75 por ciento de su territorio en áreas como el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco, el Parque Nacional Otuquis, y Ñembi Guasu, esta última creada por la propia autonomía. Es, además, una de las zonas más secas del departamento. Aun así, según Coimbra, es la que menos incendios registra.
Tras la crisis de 2024, en este territorio nació un fondo de conservación para sostener la gestión de esas áreas y enfrentar su mayor amenaza. El dinero se traduce en tareas concretas: vigilancia satelital de focos de calor, mapas de zonas de riesgo, alertas tempranas, capacitación a comunidades y guardaparques, y protocolos de respuesta. Si el monitoreo detecta que una zona acumula focos en época seca, se adelantan recursos, se organizan brigadas y se refuerza la vigilancia antes de que el fuego crezca.
En este ejemplo, la clave también es la gobernanza. No se trata solo de quién administra el dinero, sino cómo el propio pueblo indígena decide, participa, controla y da seguimiento a lo que se planifica.
La lógica es que si la prevención necesita fondos estables, la emergencia necesita fondos rápidos. Toke Nyborg, director ejecutivo de la organización danesa Acción Amazonas, describió un modelo que ya funciona en Europa. Se trata del Fondo Danés de Ayuda de Emergencia (DERF, por sus siglas en inglés). Solo pueden acceder organizaciones de la sociedad civil pequeñas y medianas, que suelen quedar fuera de los grandes fondos de la Unión Europea.
El mecanismo es sencillo. Un socio local presenta una “nota de alerta” de dos o tres páginas que demuestra la magnitud de la emergencia. Entre 48 y 72 horas después, el fondo decide si se activa. En un máximo de siete días, el dinero ya está en la cuenta del socio. El mismo fondo, con otra ventanilla, también financia prevención.
¿Cómo distribuir la torta?
Cuando se le pregunta cómo debería repartir el financiamiento entre los actores involucrados, Maillard es honesto. “No tengo la respuesta. Es algo que tiene que ser construido, bien pensado y analizado de manera objetiva para que realmente funcione”, asegura.
Lo que sí tiene claro es que la ecuación no puede limitarse a quienes combaten las llamas. Los países que mejor manejan el fuego trabajan sobre la vegetación de todo el paisaje, y eso exige sumar a comunidades, productores, autoridades, organizaciones civiles y científicos. “Sin la participación de todos los que integran la sociedad, es complicado tomar decisiones realistas”, insiste.
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Una nueva arquitectura financiera necesita, además, una forma de rendir cuentas. Maillard advierte que en Bolivia casi no existen líneas de base, es decir, mediciones del estado de un territorio antes de intervenir. Lo habitual son estudios de impacto después del incendio, útiles para conocer el daño en la biodiversidad, los medios de vida y la economía, pero insuficientes para saber si el dinero invertido mejoró algo.
El proyecto TREES Bolivia busca llenar ese vacío. La FCBC lo ejecuta desde febrero de 2026 con el Grupo Banco Mundial y financiamiento del Fondo de Japón para el Desarrollo Social. Abarca más de 600 mil hectáreas de bosque seco en el norte de la Chiquitania y beneficia a 22 comunidades con más de 5.500 habitantes. Su ejecución permitirá restaurar bosques y cuencas, impulsará medios de vida sostenibles y fortalecerá el manejo integral del fuego en comunidades y municipios. Según Maillard, medirá año a año cómo cambian el paisaje y la vida de la gente, para que la experiencia pueda replicarse en otros lugares.
Como Javier Coimba advierte, el cielo azul de este septiembre fue un alivio, pero no una política. La próxima sequía llegará, y con ella la pregunta de siempre: si el dinero estará en el territorio antes que el fuego, o si volverá a llegar cuando solo queden cenizas.
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