RedLAC*
Bolivia será, del 6 al 8 de octubre, el punto de encuentro para hablar de fondos que financian la conservación en América Latina y el Caribe. Santa Cruz de la Sierra acogerá el XVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), que reunirá a ejecutivos de más de 30 fondos junto con organismos internacionales, autoridades nacionales y subnacionales, representantes de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil. La organización nacional está a cargo de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap) y la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).
Durante jornadas de cinco a ocho horas, se desarrollarán paneles y conferencias magistrales, en los que se hablará del contexto global del financiamiento multilateral, sostenibilidad de áreas protegidas, fondos para prevención y atención inmediata en incendios forestales, entre otros temas de alto interés ambiental.
Para Bolivia, el encuentro tiene un significado particular, porque llega en un momento en que la presión sobre los bosques es una de las más altas del mundo. Además, el país abrió la posibilidad de volver a mecanismos internacionales de financiamiento ambiental tras dos décadas en las cuales se frenó tales estrategias bajo la postura de “no mercantilización de la naturaleza”. En 2024, una sentencia constitucional acabó con la prohibición de acceder a mercados de compensación, pero a la fecha no existe un marco legal para ejecutar los citados mecanismos.
En ese contexto, hablar de ello, entender la magnitud de los fondos y conocer las experiencias —buenas y malas— de países que ya han avanzado bastante en la temática, como Colombia y Brasil, por ejemplo, permitirá delinear enfoques, pero sobre todo, tomar como aprendizaje aquello que no funcionó.
Qué son los fondos ambientales y qué financian
Los fondos ambientales son instituciones que reciben recursos de gobiernos, cooperación internacional, bancos de desarrollo, fundaciones y empresas, y los escalan y canalizan hacia la conservación en el largo plazo. Con ese dinero se financia la gestión de áreas protegidas, brigadas para prevenir y apagar incendios forestales, monitoreo de bosques y proyectos productivos de comunidades locales. Muchos administran fondos patrimoniales, cuyo capital se invierte para que sus rendimientos sostengan esas actividades durante décadas.
Buena parte de ese dinero forma parte de lo que se conoce como financiamiento climático, que no es otra cosa que recursos destinados a reducir las emisiones que calientan el planeta o a adaptarse a sus efectos.
En el caso de los bosques, un país o una comunidad que evita la deforestación, por ejemplo, puede recibir pagos por el carbono que deja de emitirse o por la biodiversidad que conserva. Esos pagos llegan por vías como la venta de créditos de carbono, los incentivos por conservación de biodiversidad o los canjes en los que un país reduce parte de su deuda externa a cambio de invertir en la protección de sus ecosistemas.
Un regreso con antecedentes
Bolivia no es nueva en este campo. En 1987 cerró el primer canje de deuda por naturaleza del mundo, y a fines de los 90, el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado se convirtió en una de las primeras experiencias globales de conservación de bosques financiada con carbono. Desde mediados de la década de 2000, sin embargo, el Estado adoptó una postura crítica frente a estos mecanismos, en especial los mercados de carbono, por considerar que convertían la naturaleza en mercancía.
Roberto Vides, director ejecutivo de la FCBC, sostiene que esa situación cambió. “En el último año y medio, Bolivia despertó con respecto a las finanzas vinculadas con el carbono”, afirma. Aclara que el giro no empezó con el actual gobierno, sino en la gestión anterior, cuando el Estado comenzó a considerar que participar en estos mercados no vulneraba la Constitución ni implicaba mercantilizar la naturaleza. Según esa lectura, lo que se remunera es “un servicio ecosistémico que la naturaleza en Bolivia produce”, y ese servicio “puede atraer inversiones y pagos”.
En la gestión actual, Vides identifica un interés explícito de autoridades de Estado en avanzar hacia las finanzas sostenibles vinculadas al cambio climático, los bosques y la biodiversidad. Dicho interés, subraya, no se limita al carbono, sino que incluye el desarrollo de mecanismos de incentivos para la biodiversidad.
Qué cambió desde 2018
Bolivia ya fue sede de RedLAC en 2018, también en Santa Cruz. Estos congresos rotan cada año entre los países miembros. Pero esta vez, el contexto global es otro. Organismos multilaterales y bilaterales, instituciones filantrópicas y fondos privados muestran un interés creciente en financiar la conservación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y la Fundación Moore.
Ser anfitrión en este contexto, dice Vides, pone a Bolivia “en los ojos de estos financiadores”.
Lo que ya está en marcha
Las iniciativas concretas en el país todavía son pocas. La más significativa es el Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado, que estuvo congelado durante gran parte de los últimos gobiernos y hoy se intenta reactivarlo.
La segunda iniciativa es el trabajo del programa Euroclima de la Unión Europea, que a través de Expertise France desarrolla para Bolivia un mecanismo financiero basado en biodiversidad. A esto se suman iniciativas privadas que barajan opciones de financiamiento con mecanismos de carbono, todavía en fase exploratoria.
Para sus promotores, estos recursos podrían financiar la prevención de incendios, el control de la deforestación, la gestión de áreas protegidas y los ingresos de comunidades y productores que conserven bosque.
Aprender de la experiencia ajena
El intercambio de experiencias es uno de los grandes ejes del congreso. Para Vides, experto en conservación y bosques secos, Bolivia puede sacarle especial provecho a estos relatos. Los mecanismos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), que pagan a los países por reducir de forma verificable la deforestación y la degradación de sus bosques, y que hoy tienden a incorporar también la biodiversidad, no dieron buenos resultados en todas partes, pese a contar con sustento técnico, jurídico y financiero sólido.
Ya hubo situaciones de esa naturaleza en Asia, África y América Latina. “El hecho de que en Bolivia no se hayan implementado estos mecanismos nos permite ahora afrontarlos con el aprendizaje de lo que ha ocurrido en otros países”, explica. A su juicio, el largo periodo en que el país estuvo al margen tiene también un lado positivo: permite diseñar esquemas a partir de las lecciones de los demás.
Entre esas lecciones también están las advertencias. Los mercados voluntarios de carbono fueron cuestionados desde que investigaciones periodísticas internacionales reflejaron que buena parte de los créditos forestales certificados no representaban reducciones reales de emisiones.
La tarea pendiente: el marco legal
En ese contexto, Bolivia llega con una gran tarea a esta versión de RedLAC, ya que no cuenta todavía con una normativa específica para las finanzas climáticas, y ese vacío ha dejado sin atención denuncias sobre proyectos vinculados al carbono. Vides señala que el Viceministerio de Medio Ambiente ha desarrollado una política para el sector y trabaja en su marco jurídico. “Confiamos en que va a tener el respaldo de la Asamblea (Legislativa)”, afirma.
La discusión sobre financiamiento tiene de fondo un dilema que existe en cualquier parte del mundo: la tensión entre conservar el patrimonio natural y atender las necesidades de desarrollo social y económico.
Según Global Forest Watch (GFW), en 2024 Bolivia fue el segundo país con mayor pérdida de bosque primario tropical, detrás de Brasil. En relación con su población, el país encabeza esa lista mundial. El principal motor de esa realidad es el cambio de uso del suelo para la producción agropecuaria, y la Chiquitania es hoy “la última frontera agrícola y pecuaria de Bolivia”.
La FCBC ha centrado su trabajo en la conservación, apoyo a áreas protegidas subnacionales y trabajo con comunidades locales para dar valor agregado al bosque. Pero Vides reconoce los límites de ese enfoque. Una postura, explica, es invertir exclusivamente en conservación, a sabiendas de que se pueden proteger ciertos espacios mientras «”o que está afuera de esos espacios naturales está cambiando rápidamente”. El problema es que la biodiversidad necesita paisajes conectados para enfrentar el cambio climático y mantener poblaciones viables de fauna y flora.
¿A quién falta sumar?
El Congreso será también el espacio propicio para incluir a quienes toman decisiones, a la sociedad en su conjunto y a quienes convierten bosques en tierras agropecuarias. En el primer caso, las autoridades de diversos niveles de gobierno necesitan más y mejor información.
El segundo, la sociedad en su conjunto, requiere más conciencia sobre el valor de la naturaleza que en años anteriores.
Finalmente, tanto con agroindustriales como con ganaderos, se necesita construir la conciencia sobre el uso adecuado del territorio.
La presencia de pueblos indígenas y gobiernos subnacionales en el congreso apunta a otra dimensión de la inclusión, ya que debieran ser quienes reciben los beneficios de manera directa. En territorios indígenas y comunitarios, los proyectos de carbono plantean preguntas sobre la consulta previa, el reparto de beneficios y los contratos de largo plazo sobre la tierra. Estas dudas podrán ser resueltas, dada la participación de expertos en las temáticas.
Qué se espera del congreso
La FCBC, como parte de la organización, espera que los tres días sirvan para compartir y entender mejor cómo los fondos ambientales de la región enfrentan problemas similares. Qué lecciones se han aprendido y qué estrategias han permitido sensibilizar a gobiernos, a la sociedad y a quienes generan los impactos ambientales. Otro objetivo es reforzar el compromiso de cada fondo con la conservación de la biodiversidad en su propio ámbito.
El mensaje central —asegura Roberto Vides— es que la naturaleza es la base de las soluciones a los grandes desafíos de seguridad de la sociedad: la alimentaria, la hídrica, la gestión de riesgos, la salud y el desarrollo social y económico. “Sin naturaleza no hay futuro”, concluye.
Contenido Patrocinado por la organización del RedLAC 2026.
