RedLAC*
Durante décadas, parte de la discusión en temas de financiamiento climático se ha centrado en preguntas como: ¿es un problema de escasez de dinero o de la arquitectura del sistema?, ¿qué instrumentos son realmente efectivos, medibles y replicables?, ¿por qué una fracción pequeña o mínima llega a las comunidades locales? Así también, ¿cómo dichas comunidades pueden pasar de ser simples beneficiarias a actores económicos?
Estas interrogantes buscarán ser respondidas en ejes clave del XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC) que se realizará del 6 al 8 de octubre en Santa Cruz de la Sierra.
Los tres ejes están conectados, asegura Navil Agramont, director de gestión financiera de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Fundesnap), coorganizadora del encuentro junto con la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Bajo su perspectiva, sin nuevos mecanismos financieros, no hay recursos que distribuir. Sin la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, esos recursos seguirán llegando como proyectos pasajeros. Y sin herramientas para medir resultados, los donantes no tendrán cómo saber si su dinero protegió algo.
RedLAC agrupa a 32 fondos ambientales de más de 20 países, que apoyan 754 áreas protegidas y administran alrededor de 860 millones de dólares en fondos extinguibles. Este año, Bolivia recibe el congreso en una posición incómoda. Según Global Forest Watch, en 2024 fue el segundo país con mayor pérdida de bosque primario tropical, detrás de Brasil, y buena parte de esa presión se concentra en la Chiquitania y la Amazonia.
Una carrera desigual
Bajo el principio de no mercantilización de la naturaleza, mecanismos como los mercados de carbono, los bonos verdes o los canjes de deuda por naturaleza quedaron estancados en Bolivia mientras la región avanzaba. Agramont reconoce que esas herramientas “han tenido muchas falencias, pero también muchas virtudes”. Por eso compara el proceso con una curva de aprendizaje en la que, al principio, los errores abundan, pero se reducen con la experiencia. “Tener un rezago de 20 años es una gran oportunidad de conocer lo que no se debe hacer y aplicar lo que sí ha funcionado”, sostiene.
El congreso revisará ese abanico de mecanismos con la participación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y The Nature Conservancy, además de la experiencia chilena con bonos soberanos vinculados a metas de biodiversidad.
Las cifras bolivianas muestran la urgencia. Según Agramont, el país recibió apenas cerca del cuatro por ciento del financiamiento internacional para la Amazonia, frente a casi la mitad del total, que se concentra en Brasil. La brecha anual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) ronda los 13 millones de dólares, un monto que compara con un solo día de la antigua subvención de Bolivia a los combustibles.
Frente a esa brecha, hay un modelo probado. El fondo patrimonial de Fundesnap, de unos 11 millones de dólares, ha transferido cerca de 17 millones a las áreas protegidas en 25 años para su manejo integral.
Nada sin ellos
Los pueblos indígenas protegen buena parte de los bosques de la región, pero rara vez deciden sobre el dinero destinado a conservarlos. Hasta ahora esa es una premisa que genera serias observaciones a fondos climáticos. “Normalmente están al último de los programas. Nosotros los hemos puesto al medio”, reconoce el experto en finanzas. Uno de los paneles abordará el financiamiento directo a pueblos indígenas, un cambio todavía pendiente.
Hoy la cooperación llega sobre todo como proyectos ejecutados por ONG. “Cuando el financiamiento llegue directo a los pueblos indígenas, la ayuda oficial para el desarrollo va a dejar de ser proyecto y se va a convertir en política pública”, sostiene.
La presencia del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) Charagua Iyambae, situado en Santa Cruz, muestra hacia dónde podría ir ese cambio. Este pueblo indígena guaraní tiene en su territorio dos áreas protegidas nacionales: el Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco y una pequeña parte del Parque Nacional Otuquis; así como las subnacionales: Área de Conservación Guaraní Ñembi Guasu, Área Guaraní de Manejo del Agua de la Serranía Irenda, Área de Vida del Guajukaka y Área de Vida del Guanaco. Con apoyo de Fundesnap y otras ONG, esta autonomía indígena busca gestionar todas ellas con los requerimientos necesarios.
Otro modelo es la gestión de la Reserva de la Biósfera y Territorio Comunitario de Origen (TCO) Pilón Lajas, en La Paz, cuya administración es compartida entre el Estado y el Consejo Regional Tsimane-Mosetene.
¿Cómo medir el impacto?
El otro tema clave en estas discusiones es: cómo demostrar o medir el impacto de los fondos. “Todos los donantes ponen recursos para la conservación, pero al final necesitamos conocer el impacto”, plantea Agramont. El desafío, explica, es pasar del monitoreo y la evaluación a la medición de impactos reales en conservación y cambio climático.
La empresa chilena Lemu presentará su enfoque de “inteligencia de la naturaleza”, que combina datos satelitales, inteligencia artificial aplicada a la biodiversidad, bioacústica e indicadores para monitorear ecosistemas en tiempo real. Un bloque sobre las finanzas del futuro introducirá herramientas todavía poco conocidas en Bolivia, como la inversión de impacto, las criptofinanzas verdes, la tokenización de activos ambientales y las taxonomías que definen qué inversión puede considerarse sostenible.
El encuentro cerrará con una Declaración de Santa Cruz, que no será vinculante o de obligatoriedad, pero sí estará orientada a las metas 2030 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. La meta es lograr que para el próximo Congreso RedLAC, que se realizará en Colombia, haya más recursos movilizados, más financiamiento amazónico para Bolivia y mejores mediciones de impacto.
La prueba más exigente será otra: que la declaración no solo hable de pueblos indígenas, sino que abra un lugar en las decisiones sobre el dinero del clima.
Contenido Patrocinado por la organización del RedLAC 2026.
