RedLAC*
Proteger la vida silvestre y los ecosistemas ya no es solo una causa ecológica; es una exigencia financiera de magnitud global. Para alcanzar la meta internacional “30×30” —acordada en Montreal durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para blindar el 30% de las tierras y mares del planeta hacia el año 2030— América Latina y el Caribe necesitan cerrar un abismo económico: la región requiere entre 9.000 y 11.000 millones de dólares, una suma que representa menos del 0,2% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Esta cifra, aunque sustancial, palidece en comparación con la brecha global de financiamiento para la naturaleza, la cual supera los 700.000 millones de dólares al año. Este déficit abarca no solo el capital faltante para la conservación, sino también los recursos públicos que actualmente subsidian actividades productivas perjudiciales para los ecosistemas.
En vísperas del XVIII Congreso Anual de la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe (RedLAC), que reunirá a más de 30 fondos de 20 países en Santa Cruz de la Sierra del 6 al 8 de octubre de 2026, los líderes del sector buscan transformar la manera en que los Gobiernos perciben la conservación.
El dilema boliviano: De la dependencia extractiva al potencial verde
Para Bolivia, uno de los países con mayor megabiodiversidad del planeta, la discusión es crítica. Durante décadas, la economía nacional ha dependido de la minería (oro, plata, estaño), los hidrocarburos y, recientemente, la expansión agroindustrial. Sin embargo, Sergio Eguino, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), señala que el país debe realizar un viraje estratégico.
Director Ejecutivo de FUNDESNAP
A pesar de que el Gobierno boliviano impulsa una normativa de financiamiento climático abierta a los mercados de carbono, un paso considerado importante frente a la inacción que caracterizó etapas anteriores, los expertos advierten que tanto los pagos por servicios ambientales como los créditos de carbono requieren altos niveles de especialización y generan resultados financieros de manera gradual. Para que este sistema sea coherente y sostenible, las políticas de financiamiento verde deben incentivar actividades productivas responsables con el medio ambiente y garantizar su permanencia en el tiempo para beneficio de las futuras generaciones.
Del mismo modo, es fundamental evitar que los recursos destinados a la sostenibilidad terminen respaldando actividades extractivas que degradan los ecosistemas, contaminan la naturaleza, afectan la vida y agotan el capital natural del que depende nuestro futuro común, sin generar beneficios integrales y duraderos para la sociedad.
¿Qué papel cumplen los fondos ambientales en todo esto?
Los fondos ambientales son entidades especializadas en financiamiento y asistencia técnica. La mayoría, organizaciones privadas, aunque hay algunas públicas, pero nuestro rol es apoyar la agenda pública para que los países cumplan sus compromisos internacionales. FUNDESNAP, por ejemplo, nació con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y después recibió aportes de Suiza, el Reino Unido y la Fundación Moore. «Tenemos más de 25 años de experiencia. A veces los gobiernos intentan inventar la pólvora, y no hace falta, ya existe una comunidad fuerte que puede asesorar y apoyar las políticas nacionales».
Alternativas reales frente a la crisis climática y la migración
La inacción ya muestra consecuencias visibles en el territorio boliviano: incendios forestales de gran escala, desertificación severa y la migración forzada de familias rurales azotadas por la sequía.
Frente a la expansión de la frontera agrícola basada en monocultivos de rentabilidad inmediata pero con elevados costos ambientales, especialistas e instituciones promueven alternativas sostenibles que combinan conservación y desarrollo económico. Entre ellas destacan la ganadería regenerativa y la agroecología, modelos impulsados en Bolivia por organizaciones como la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), que contribuyen a la recuperación de suelos y al uso responsable de los recursos naturales.
Asimismo, diversos estudios señalan que el turismo ecológico y comunitario, apoyado en la riqueza natural y cultural de los territorios, puede generar importantes aportes a la economía local y nacional, distribuyendo los beneficios de manera más equitativa entre guías, operadores turísticos, cocineras, artesanos y ecoalbergues, a diferencia de actividades extractivas cuyos ingresos suelen concentrarse en pocos actores económicos.
RedLAC 2026: Una cumbre decisiva para el futuro de la región
El próximo Congreso RedLAC 2026 congregará a agencias multilaterales, bilaterales y grandes fundaciones filantrópicas internacionales (como la Fundación Gordon y Betty Moore y Pew). A lo largo de 21 paneles de discusión, se abordarán temas clave sobre gobernanza, fortalecimiento institucional, innovación, derechos de los pueblos indígenas y movilización de capitales hacia el 2030.
Los fondos ambientales, que acumulan más de 25 años de trayectoria desde la Cumbre de la Tierra de Río 1992 y la creación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), buscan reafirmar su rol como socios estratégicos de las políticas públicas. La premisa del encuentro es clara: para garantizar la estabilidad social y climática de la región, la biodiversidad debe consolidarse como el principal motor de desarrollo.
Contenido Patrocinado por la organización del RedLAC 2026.
