Genaro Monge Hanco Valencia, el alcalde de Teoponte, quien se hizo de la silla municipal con el 60% de votos, declaró un patrimonio de 46,7 millones de bolivianos antes de asumir el cargo en mayo. Prominente cooperativista aurífero, exigió a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) coordinar con su persona, ingresos al municipio para realizar inspecciones u operativos, y así garantizar la seguridad de su personal.
Para llegar a Teoponte se debe viajar por más de siete horas desde la ciudad de La Paz, haciendo transbordos en trufis tipo Ipsum. Primero, por carretera asfaltada y de tierra hasta llegar a Caranavi, “la puerta a la Amazonía”, para posteriormente pasar por caminos serpenteados y polvorientos hasta el municipio de Guanay y de ahí a Teoponte, la capital del municipio, donde la minería ya golpea el área urbana.
El estado de los caminos de la ruta aurífera muestra el olvido de quienes explotaron sin parar el metal precioso, sin dejar siquiera una carretera asfaltada como símbolo del “desarrollo” que se jactan tener tras “el boom del oro”, que superó los 4.000 dólares la onza troy en el mercado internacional.
Minería y metales
En entrevista exclusiva con ANA, se le preguntó al Alcalde, ¿cuál era su opinión respecto a lo sucedido recientemente en el vecino municipio de Mapiri, donde un vehículo que trasladaba personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fue atacado con armas de fuego para evitar que el personal realice inspecciones en la zona?.
“Estoy reclamando, yo sé que la AJAM tiene derecho a entrar, a hacer inspecciones. Nosotros no negamos como autoridades, pero me molesta como alcalde, y siempre lo digo en entrevistas y lo digo en los eventos, cuando se trata el tema en comisiones. Como alcaldes debemos ser notificados, tenemos que saber porque el municipio es nuestra casa, yo soy el papá del municipio”, responde al otro lado de su escritorio en el fondo de una amplia oficina del segundo piso del edificio municipal.
El también ex presidente de la Federación de Cooperativas Auríferas de Teoponte, aseveró que lo sucedido en Mapiri le puso en una situación complicada a la alcaldesa, Eloisa Piza, quien dijo desconocer las causas de los ataques al vehículo oficial de la AJAM y alegó que desconocía del ingreso de la comitiva estatal.
“Me molestaría que ingresen a mi municipio sin autorización. Que toquen la puertae incluso podemos garantizar (su seguridad). ¿Por qué nos vamos a oponer?. Para que no ocurra eso, sugiero que las Alcaldías seamos comunicadas para resguardar, tenemos policías, coordinamos con la Naval, a veces entran calladitos”, señaló mientras exhibía como parte de su personalidad, una gruesa manilla, un anillo y un reloj de oro.
Ante la presencia de grupos armados detrás de la minería ilegal dice: “Nos ha dolido que algunos hermanos reaccionen de esa manera (en Mapiri). ¿Cuál sería el miedo, que vengan hacer inspección (los de la AJAM) si estás haciendo un trabajo responsable, minería legal?. Hasta se puede entender que se estaba haciendo minería ilegal, por eso no nos oponemos, que vengan, que hagan inspecciones, pero tenemos que saber”.
En su calidad de primera autoridad del municipio de Teoponde señala que tiene que saber cuándo ingresarán las comisiones de la AJAM. “Con mucha educación hacerles saber, porque soy dueño de casa del municipio, porque cualquier cosa que pase, yo soy el responsable dentro de mi municipio”, afirma.
En tono de advertencia acota: “Que les sirva de experiencia a los hermanos (de la AJAM). A nadie le va a gustar, que estando en mi sillón aquí, en mi despacho…se estén agarrando a balazos”.
Hanco Valencia se autoidentifica indígena Leco, nacido en el seno de una humilde familia de Tomachi, una comunidad de Teoponte del departamento de La Paz, hoy no sólo logró poder económico, sino también escaló políticamente hasta hacerse de la Alcaldía con la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS), tras una accidentada carrera electoral que estuvo a punto de sacarlo de las elecciones subnacionales, situación que se revirtió tras las protestas en el Tribunal Supremo Electoral.
“He crecido vendiendo limones para poder comprar una arroba de azúcar, he trabajado de todo, vendía leña, vendía yuca, soy bueno con el hacha…”, relata.
Acumuló una de las mayores fortunas individuales a nivel nacional, tal como se puede verificar en su declaración jurada presentada ante la Contraloría General del Estado (CGE). Sin deudas, ni rentas, el patrimonio del munícipe asciende a 46,7 millones de bolivianos y tres bienes inmuebles.
Llegar al Alcalde de Teoponte no fue tarea sencilla; hubo que pasar por una reunión previa con sus asesores que pretendían postergar la entrevista ya coordinada. No daban vueltas para decir lo que se podía y no preguntar. Un intenso interrogatorio previo para saber las intenciones de la entrevista, el ¿por qué?, ¿para qué?, etcétera marcaron un encuentro tenso entre una periodista de investigación ambiental independiente y un equipo de funcionarios de confianza de la máxima autoridad municipal.
“Muchas empresas de chinos y colombianos no dejan regalías”
El término de “minería ilegal” es una “mala palabra” para el entrevistado, quien se apura a decir, que es importante formalizar la actividad de explotación del oro en el municipio para que dejen regalías y permitir que se consoliden las sociedades entre cooperativas auríferas e inversionistas extranjeros.
“Sabemos que hay muchas empresas de los chinos y colombianos, que en regalías mineras no están aportando, y hay que ver que aporten a hospitales y a educación”, asegura, conocedor como ex alto dirigente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).
En esa línea anuncia que se convocará tanto a empresas chinas y colombianas como a cooperativas en proceso de formalización para que paguen sus regalías mineras. “Yo no necesito que me ayuden con una chispa de oro, porque si he entrado es para mejorar el municipio, pero para que cumplan hay que ayudarles a legalizar sus documentos y puedan trabajar. Tienen que trabajar empresas legales”, sostiene.
La primera tarea es verificar con qué autorizaciones están operando en el municipio —afirma el entrevistado — mientras explica que encomendó a su equipo técnico elaborar un informe detallado de cuántas cooperativas auríferas están de ilegales.
“He dado 15 días para que puedan recorrer desde Alcoche hasta puerto Pando y del río La Paz por el frente hasta el arroyo Chinini, luego viene la provincia Franz Tamayo”, detalla la ruta que recorrerá.
Las regalías mineras para el municipio llegaron en 2025 a 9 millones de bolivianos, según Hanco y la intención es que se incrementen este año.
“En mi punto de vista está bien porque a veces el Gobierno hay que nomás decir, prohíbe que se pueda asociar con inversionistas. ¿Pero el Gobierno que le da a las cooperativas, no le da ni un pico, ni una pala?”, cuestiona.
La presencia de los dragones chinos y planchones colombianos en la explotación del oro en el río Kaka no es tema nuevo. Una investigación periodística de Jimena Mercado, entonces editora de economía de la Agencia de Noticias Fides (ANF), develó en junio de 2018, las sociedades ilegales entre capitales extranjeros y cooperativas auríferas locales tras la explotación aurífera en los ríos amazónicos.
El reportaje denominado: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas” da cuenta de la llegada extranjera para actividades extractivas durante el Gobierno de Evo Morales. Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas.
Según el munícipe asumió compromisos con las comunidades para ayudarles a legalizar su situación respecto a las tareas mineras que realizan. “Es malo decir trabajos ilegales; mi persona se ha comprometido hacer documentos legales, que tengan su contrato de arrendamiento. Al momento estamos detrás de esos compromisos que hemos asumido”, sostiene.
“La AJAM tenía que entrar a hacer la inspección para ver cuáles cooperativas están en zona roja, paralizados sus trámites y que estén trabajando. Yo pienso que están trabajando, he enviado a mis técnicos a verificar y voy a ver y me pasarán el informe para ver qué cooperativas están trabajando y con cuáles no”, explica.
Sin embargo, la actividad aurífera ilegal presenta múltiples impactos socioambientales, económicos y culturales asociados al contrabando del oro, tráfico del mercurio, contaminación con el consiguiente envenenamiento de comunidades indígenas y campesinas, además de la trata de menores para la explotación sexual y comercial y la presencia de grupos armados irregulares, que hacen de la ruta aurífera una zona propicia de excepción y sin control estatal.
El director ejecutivo de la AJAM, Jaime Sanabria, a diferencia de sus antecesores del gobierno del MAS, admitió que la minería ilegal rebasó la capacidad del propio Estado y penetró altas estructuras del poder. Tras los hechos en Mapiri aseguró que grupos irregulares armados vinculados a organizaciones criminales controlan zonas de exclusión.
“El 50% de las cooperativas cumple con el manifiesto ambiental”
Las cooperativas auríferas no presentan la licencia ambiental como un requisito previo a las tareas de exploración y explotación aurífera, basado en un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), pues se limitan al manifiesto ambiental que es entregado posterior al trabajo extractivo, con la intención de buscar “remediación y/o corrección”.
El trato excepcional a favor de las cooperativas mineras se convirtió en la regla y hasta se consolidó con la resolución ministerial 069 del 30 de abril,emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que aprueba el “Reglamento de adecuación de derechos mineros simplificado”, que elimina la licencia ambiental como requisito obligatorio para las operaciones mineras.
“Las cooperativas para trabajar tienen que tener manifiesto ambiental que les da derecho a trabajar con una minería responsable. Dentro de mi municipio, son como 60 cooperativas, el 50% cumple con manifiesto ambiental, el saldo todavía no”, reconoce.
Asegura que su compromiso es hacer minería responsable con el medioambiente, que haga reposición de suelos, manejos adecuados del mercurio para no provocar impactos ambientales.
“Como estamos nuevos (en la Alcaldía), ya tenemos el área de minería y de medioambiente, vamos a empezar a socializar a nuestros hermanos cooperativistas, cuál es el método para no hacer el daño al medioambiente”, afirma.
Acción popular contra la minería ilegal
La acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) contra la minería ilegal en el río Kaka y otros ríos de la cuenca amazónica, en agosto de 2023, concedió la tutela total a los pueblos indígenas, sin embargo, un mes después a solicitud de Ferreco pasó a revisión ante el Tribunal Constitucional en Sucre.
Las determinaciones fundamentales y obligatorias que dictó el fallo judicial de Rurrenabaque ordenó la suspensión de actividades sin autorizaciones ni licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje, la prohibición a la AJAM de nuevos derechos mineros, la aplicación obligatoria de la consulta previa obligatoria, mitigar y controlar el uso de mercurio debido a los altos niveles de contaminación detectados en la salud de los comunarios indígenas de la región y disponer que las Fuerzas Armadas y la Policía mantengan el control e interdicción en la zona para evitar que los mineros ilegales continúen.
Sin embargo, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo (Cofadena) ha sido duramente cuestionada debido a subarrendar áreas mineras que les fueron otorgadas por la AJAM, incluso a actores ilegales.
“La acción popular no ha sido consultada por ninguna comunidad, y mucho peor con municipios y tuvo vicio de nulidad. La Ferreco ha ganado ese proceso en Sucre, lo que necesitamos es hacer seguimiento para hacer prevalecer el fallo que ha salido a favor de las cooperativas, que señala que hay que continuar los trabajos, pero con responsabilidad ambiental (…). Del río a 500 metros a ambos lados está en custodia, en zona roja, dentro de esas áreas están algunas cooperativas, pero por culpa de la acción popular se han paralizado las actividades”, hace su propia interpretación el Alcalde.
Estudios integrales realizados por el Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena, Colombia, junto con el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Universidad Mayor de San Andrés en coordinación con la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegida (Contiocap) han demostrado los altos niveles de toxicidad por mercurio en indígenas de comunidades ribereñas de los ríos amazónicos de La Paz, Beni y Pando.
Uno de los datos más alarmantes como resultado de exámenes en la sangre señala que nueve de cada diez mujeres indígenas presentan enfermedades asociadas al mercurio. Entre los pueblos más impactados por el mercurio, se encuentran los Ese ejjas, Uchupiamonas, Tacanas, Tsimanes, Lecos, entre otros, que no realizan minería pero resultan contaminados por el consumo del pescado.
