El corredor minero atraviesa las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa al sur de Perú. En sus casi 400 kilómetros de largo, se asientan algunas de las minas de cobre más importantes del planeta, como Las Bambas que representa el 2% del suministro mundial de este mineral. El país es el segundo productor global, sólo por detrás de Chile. Es tal su importancia, que es el principal producto peruano: representa el 30% del total de las exportaciones.
Sin embargo, su relevancia se contrasta con los constantes conflictos entre las compañías mineras y las comunidades del lugar. Un informe de septiembre de la Defensoría del Pueblo peruana reveló un total de 136 conflictos «socioambientales» activos en el país, lo que supone más de dos tercios de todos los conflictos sociales que se registraron, con la mayoría de los casos vinculados a la actividad minera.
Entre los reclamos por parte de las comunidades están la contaminación de las aguas que beben comuneros y animales, el polvo generado por las actividades mineras, entre otras discrepancias, que con el pasar del tiempo se vuelven más complejas. En algunos casos, las poblaciones han empezado a exigir una participación como accionistas o la entrega de bonos económicos, pedidos no estipulados en los acuerdos iniciales.
En medio del caos que se vive en la zona, Diálogo Chino visitó el lugar para conocer la situación en la que viven las poblaciones impactadas por el corredor minero.
Desacuerdos en Las Bambas
Lo que más resalta al llegar a la comunidad indígena de Chicñahui, ubicada en la provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac, no es la vista de sus amplios campos, ni sus animales, ni su cielo andino, despejado y celeste, sino el hedor metálico que llena el ambiente.
“¿Siente ese olor? A veces huele así, hay otros días en que se siente más fuerte”, dice Jovita Boza con su pequeña hija en brazos.
(Video: Leslie Moreno Custodio / Diálogo Chino)
En Chicñahui, a 4000 metros sobre el nivel del mar, viven cerca de 300 personas dedicadas a la ganadería y la agricultura. Ahí creen que ese olor viene de la planta procesadora de Las Bambas, operada por la empresa china MMG Limited, que está junto a la comunidad.
Desde que MMG se hizo cargo de la mina en 2015, se ha visto acosada por protestas, entre ellas contra los cambios en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) inicial del proyecto, que permitieron a la empresa pasar de la propuesta original de construir un mineroducto para transportar el cobre desde el yacimiento a la construcción de carreteras. En 2015, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía terminaron con la muerte de cuatro personas y numerosos heridos.
En Chicñahui algunos comuneros afirman que nadie ha ido a verificar sus reclamos. Sin embargo, desde el Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental (OEFA) dicen lo contrario.
“Desde inicios de este año establecimos contacto con la comunidad de Chicñahui y mantuvimos conversaciones para poder implementar acciones de supervisión programadas para este semestre. Lamentablemente las directivas están renuentes a que podamos hacer la instalación de equipos de monitoreo. (…) Sin perjuicio de eso hemos tomado conocimiento de anteriores denuncias y se han tomado algunas medidas administrativas [todavía no son públicas] que van a contribuir en la atención de esta denuncia [sobre el olor fuerte en la comunidad]”, declaró a Diálogo Chino, Luis Seclén, especialista en gestión de conflictos socioambientales de la OEFA, que además confirmó que sí existe una afectación a la calidad del aire y que los niveles de ruido también estaban por encima de los niveles de calidad ambiental permitidos, pero no hizo mención a la actividad minera específicamente.
Pese a que se impusieron sanciones a nivel administrativo, las comunidades alrededor dicen que la situación no ha cambiado.
En la actualidad, el OEFA realiza un estudio para determinar el cumplimiento de estándares ambientales en el área de influencia de Las Bambas. Sin embargo, Francisco García Aragón, director de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA, señaló que no se pudo recoger las muestras de Chicñahui debido a la falta de autorización por parte de la autoridad comunal. El alcalde de Chicñahui no asistió a una reunión programada con Diálogo Chino para verificar estas afirmaciones.
La investigación de Diálogo Chino descubrió que las discrepancias sobre la minería han aumentado en varias comunidades. Algunos quieren obtener más beneficios de los proyectos, mientras que otros señalan las dificultades que, según ellos, han surgido debido a la minería en el lugar donde viven.
(Video: Leslie Moreno Custodio / Diálogo Chino)
A solo unos kilómetros de Chicñahui, Alejandro Pinares hace una pausa en el cuidado de sus ovejas. Él es poblador de la comunidad de Chuicuni, y así como sus vecinos, produce papas a más 3800 metros de altura. Esta comunidad quechua está ubicada también en Apurímac, aquí son pocos los que cuentan con servicios básicos como agua, luz y desagüe. Pero el temor más grande de Alejandro es no saber qué pasará con su cosecha y ganado. En lo que va del año, 100 de sus ovejas han muerto. Atribuye estas dificultades a los impactos de la cercana mina Las Bambas.
“Nuestros productos ya no son normales. Cuando los llevamos al mercado no nos compran nuestras papas y carne. Nos dicen que nuestros productos están contaminados. ¡De qué vamos a vivir!”, dice Alejandro.
(Video: Leslie Moreno Custodio / Diálogo Chino)
Otras han tratado de presionar a las empresas mineras para que proporcionen beneficios directos a las poblaciones circundantes, como las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, que recientemente protagonizaron la ocupación de terrenos de propiedad de MMG en Chalcobamba, donde la empresa tiene previsto explotar el segundo de los tres yacimientos que forman el proyecto Las Bambas. Los comuneros denunciaron el incumplimiento de sus acuerdos con la empresa.
Para Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad de Huancuire, la comunidad debería ser accionista de Las Bambas. “Queremos negociar, ellos la mitad, nosotros la mitad. Ellos ponen sus insumos tecnológicos, ingeniería, y nosotros ponemos nuestro territorio. Los dos ganamos o los dos perdemos”, dijo a Diálogo Chino.
(Video: Leslie Moreno Custodio / Diálogo Chino)
Las constantes protestas entre el 2016 y 2022 para exigir derechos y beneficios ha llevado a la paralización de las operaciones por 540 días, según MMG. Como consecuencia la empresa tuvo millonarias pérdidas económicas. Según el gremio minero todos estos conflictos generan pérdidas diarias estimadas en US$9.5 millones.
Diálogo Chino se dirigió varias veces a MMG en relación con la supuesta contaminación y las relaciones de la empresa con las comunidades, pero la empresa se negó a hacer comentarios.
Antapaccay: más de una década de reclamos
A siete horas hacia la región de Cusco se encuentra el proyecto Antapaccay de la empresa suiza Glencore, que asumió las operaciones de la empresa Xstrata Tintaya S.A. en mayo del 2013 tras 20 años de operaciones. Desde hace una década, los miembros de comunidades cercanas a la operación minera exigen una investigación sobre la contaminación del ambiente y los daños a la salud en la zona.
A sus 34 años, Esmeralda Larota, pequeña y de piel bronceada, recuerda las ranas con las que solía jugar en los ríos de su comunidad cuando era niña, antes de desarrollar múltiples dolores en el cuerpo y una fatiga constante. Malestares que ella relaciona con la actividad minera.
(Video: Leslie Moreno Custodio / Diálogo Chino)
“Cuando reclamamos nuestros derechos nos dicen que no somos profesionales ‘¿Acaso eres profesional para que sepas qué es contaminación?’», comenta Larota mientras camina por los linderos de su comunidad Huancané bajo.
Estudios realizados en 2012 y 2021 por el Estado peruano confirman que la población cusqueña de la provincia de Espinar –donde está ubicada Huancané bajo y vive Esmeralda Larota– está expuesta a arsénico, plomo, mercurio, entre otras sustancias tóxicas que provocan diversos daños en múltiples sistemas del organismo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, y luego de tantos años, no se ha determinado si la actividad minera es la causante de esta situación.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Espinar está contaminada
“Los hallazgos requieren de una mayor investigación a fin de determinar la procedencia de dichos metales (influencia natural o antropogénica) así como las medidas necesarias para su control”, señalaba un estudio realizado en el 2010. ¿Qué se hizo desde entonces?
Para Karem Luque, bióloga de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras y coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, no se garantiza el derecho a la salud en Espinar pese a los estudios que evidencian la presencia de metales pesados y a los siete planes de salud propuestos.
Renato Ormachea, gerente de Gestión Ambiental y Territorial de la Municipalidad Provincial de Espinar, coincide: “No hay peor ciego que el que no quiere ver. Espinar está contaminada. Estamos gestionando un presupuesto de la propia municipalidad para realizar un estudio local”. Sin embargo, también participan como veedores y vigilantes de los estudios que está realizando ahora el OEFA para determinar por primera vez las causas de la contaminación en 38 comunidades de la zona.
La Compañía Minera Antapaccay, filial de Glencore, ha sido sancionado en diversas oportunidades. Entre las faltas más recurrentes detectadas y sancionadas por el OEFA figuran el incumplimiento de normas de protección ambiental, el vertimiento de relaves, las descargas de efluentes y la afectación del suelo natural, que además está ubicado en la cuenca hidrográfica del río Salado. Sin embargo, la compañía ha manifestado su nula responsabilidad sobre la contaminación de Espinar.
Glencore y Minera Antapaccay fueron contactadas para hacer comentarios, pero no respondieron.
En octubre de 2022, el gobierno peruano creó una comisión para aplicar un plan multisectorial aprobado un año antes, con el objetivo de atender las necesidades de las poblaciones de Espinar afectadas por metales pesados y sustancias químicas tóxicas.
Mientras tanto, el Estado y las comunidades también se encuentran inmersos en un proceso de consulta previa sobre la ampliación del proyecto Antapaccay para explotar el cercano yacimiento de Coroccohuayco, que tendría una vida útil de casi 25 años y una capacidad para producir 100.000 toneladas al año.
¿Soluciones a corto plazo?
Para el economista experto en temas mineros y ex viceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, hay una expectativa económica que sobrepasa las demandas ambientales y el financiamiento de proyectos de desarrollo local debido a la confidencialidad de sus acuerdos. Además, las mesas de diálogo establecidas por el Estado para buscar posibles soluciones perdieron legitimidad.
“Son usadas para desactivar la escalada del conflicto, pero no sirven para encontrar las salidas que puedan sostenerse en el tiempo. Para intentar recuperar la credibilidad, el Estado debería establecer una matriz de cumplimiento, ver qué compromisos asumieron las partes e implementar un sistema de monitoreo permanente”, señala el economista.
En este complejo contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) determinó en un estudio que debido al desarrollo y uso de energías limpias –como parques eólicos, paneles solares o autos eléctricos–, la demanda mundial de cobre se incrementará de 26.9 a 33.5 millones de toneladas entre 2020 y 2030. China, principal destino de las exportaciones peruanas, seguirá siendo el mayor consumidor de cobre al representar el 44% del mercado.
La interrogante que se hacen los especialistas es si el país estará preparado para aprovechar este momento sin afectar en la vida de las personas. Mientras tanto, en Huancané bajo, Esmeralda Larota se sigue preguntando junto con sus vecinos: “¿el cobre vale más que nuestras vidas?».
