Sofía Mamani Blanco está preocupada por la sequía que azota a su comunidad. Este año en Limoncito —dice— no va a haber yuca, maíz ni frejol. “Ahora traen de Santa Cruz para vendernos, cuando antes éramos nosotros los que salíamos a venderles”, lamenta.

Limoncito es una comunidad chiquitana situada a 15 kilómetros de Roboré. En 2019, este municipio cruceño fue el epicentro de incendios forestales de sexta generación; considerados uno de los mayores desastres ecológicos de los últimos años, en un ecosistema único en el mundo: el Bosque Seco Chiquitano, además de Bosque de Pampa Monte (Cerrado), Chaco y vegetación asociada a los humedales del Pantanal.

Aquel año, el fuego arrasó con 5.7 millones de hectáreas en Bolivia, en un escenario que hasta ese momento no se había visibilizado a nivel nacional e internacional como sucedió. Aunque no fue el más grave, ya que en 2010 ardieron seis millones de hectáreas, marcó historia.

Desde entonces, 2019, Sofía cuenta que mucha gente decidió migrar. “Sus hijos se quedaron sin estudiar. Al siguiente año ya no había nada, se fueron en busca de vida mejor y a mí, hasta ahora me apena”.

Esta mujer de 62 años, cabello entrecano, rostro moreno y sonrisa brillante recuerda que ya entonces se convirtió en bombera sin saberlo. Al ver que el fuego avanzaba y amenazaba a su comunidad, empezó a llevar agua y luego fue a visitar otras comunidades indígenas. “Cuando acordamos, había incendio, no sé cómo pasó”, asegura.

Hace un año, junto con otras cuatro mujeres, entre ellas su amiga Marina Justiniano (68 años), Sofía se hizo bombera cualificada. Ello significa que está capacitada para responder a una emergencia por fuego, antes que este se propague y pase a convertirse en un incendio forestal. De porte pequeño, su traje amarillo de seguridad la identifica como bombera comunitaria, y ella lo luce con orgullo.

Una idea que se expande

Esta mañana húmeda de abril en Chochís, a 40 kilómetros de Roboré, Sofía, Marina y alrededor de cien bomberos de comunidades y líderes indígenas están en un encuentro sobre manejo comunitario de fuego. La actividad, que la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) realiza desde 2012, busca reducir la incidencia de incendios forestales mediante acciones teóricas y prácticas, como: capacitación en manejo responsable del fuego, el uso de herramientas para el combate, y la coordinación entre sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y Estado, entre otros actores, para enfrentar este tipo de situaciones de la mejor manera.

Hasta ahora, la experiencia ha sido exitosa en la Chiquitania, donde no solo se ha formado cuadrillas de bomberos y bomberas en 37 comunidades, sino que el año pasado, estos hombres y mujeres atendieron 24 emergencias, evitando que estas se conviertan en desastres.

“Un fuego inicia en una comunidad. Si hay una cuadrilla, esa comunidad va a atender lo más rápido posible ese incendio, que seguro será pequeño. Es el resultado, que digan por ejemplo: ‘se ha desparramado el fuego en el chaco de doña Asunta’, y llamen a los bomberos forestales comunales. En ese momento, ellos dejen un rato sus labores personales, se pongan sus trajes (de seguridad), tomen las herramientas que se les dotó y combatan el fuego”, explica Diego Suárez, comandante de los Bomberos Voluntarios Quebracho y parte de FAN.

En caso de que tal emergencia se escape de las manos, el siguiente paso es convocar a comunidades vecinas, luego al municipio, y empezar un mecanismo de colaboración donde entran ellos (los comunarios), el municipio, el departamento y (el nivel) nacional.

De a poco y ante la expansión de incendios forestales en el país, en los últimos años el número de comunidades involucradas ha ido creciendo. Actualmente, hay 42: las 37 de Chiquitania norte y sur, siete de Pantanal (Santa Cruz) y cinco de Amazonia, en Riberalta, Beni. Pero además se ha incluido a algunos gobiernos municipales cruceños muy afectados como: San José de Chiquitos, Roboré, El Carmen Rivero Tórrez y Puerto Suárez. Asimismo, a áreas protegidas como: Otuquis, San Matías, Noel Kempff Mercano, y las Unidades de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN), Santa Cruz la Vieja y Tucabaca.

Un escenario incierto

Carlos Pinto, coordinador del programa “Manejo de fuegos a nivel comunitario en el bloque chiquitano” de FAN, asegura que, a partir de 2019, los incendios en Bolivia necesitan una nueva comprensión, porque el clima es cada vez más cambiante.

“Los incendios son muy condicionados por la presencia de heladas, sequías posteriores bien fuertes, el cambio climático, fenómenos naturales de El Niño y La Niña. Y es preocupante, porque esta gestión se espera un año seco. Eso se está viendo ahora. Esta lluvia —señala— es un poco mentirosa, porque (una vez que escampa), otra vez sube el termómetro, y si caen heladas (en junio o antes), es el escenario perfecto para incendios forestales de magnitud”, dice mientras una tenue llovizna refresca el ambiente en Chochís.

Frente a esa realidad, que también preocupa a la comunidad internacional, formar cuadrillas de bomberos comunales, implica mayor oportunidad de sofocar el fuego antes de que se expanda.

En el encuentro de manejo de fuego de este año, que se desarrolló el 13 y 14 de abril en Chochís, delegados comunales y jefes de cuadrillas fueron capacitados e intercambiaron experiencias respecto al trabajo que realizan en cada territorio. Como resultado, se dio un primer paso para que municipios de la Chiquitania puedan coordinar a nivel regional en el momento de la emergencia. Por ello se invitó a funcionarios municipales de San Javier y Lomerío, por ejemplo. Pero además se logró la presencia de representes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), a quienes se consultó sobre los permisos para las llamadas quemas controladas para limpieza de terrenos, previo a la siembra.

“Hoy por hoy que estamos dando autorizaciones de quema controlada. Si bien emitimos una resolución, no quiere decir que todos pueden quemar, solo el que tiene autorización. El que no tiene, puede apersonarse a nuestras oficinas, pedir los requisitos, cumplirlos y obtener la autorización”, afirma Graciela Antelo de la Dirección Nacional de Desarrollo Integral de ABT. Al consultarle sobre sanciones a quienes incurren en la ilegalidad, asegura que cuando se afecta a un segundo o tercero, aquello ya no es simplemente una quema ilegal, sino que se considera un incendio, lo cual implica “un proceso penal, que tiene cárcel de dos a seis años”. Empero, no refiere cifras de tales sanciones el año pasado.

Conciencia ambiental

Lejos de las cuestiones más técnicas, Sofía, Marina, Juanito Cuéllar, Litzy Kasunari, Odisverth Kasunari y decenas de bomberos comunitarios siguen con atención las capacitaciones y las prácticas para aprender manejo de dron, o el uso de herramientas para medir el viento y la humedad.

Estos dos días, sirvieron también para compartir experiencias, intercambiar iniciativas y conocerse para que, llegado el momento, la coordinación permita hacer frente de manera más pronta a las emergencias.

“Cuando enfrentábamos los primeros incendios no había mucho apoyo. Por eso fuimos apoyándonos en los jóvenes, motivándolos para que vayan aprendiendo”, cuenta Odisverth, líder de una cuadrilla juvenil de Chochís. Y a los jóvenes se sumaron las mujeres, quienes a un principio no tenían una participación tan activa.

Marina Justiniano cuenta que ellas se unieron cuando vieron que los hombres no eran suficientes para enfrentar el fuego descontrolado. “Acá en la Chiquitania sufrimos después de los incendios de 2019. Consecuencia de eso no tenemos agua, en muchas comunidades se ha secado. También tenemos escasez de alimentos, no hay cultivos especialmente de maíz, yuca, frejol. Ante eso, como mujeres estamos viendo la forma de buscar estrategias, nos dedicamos a la artesanía para poder vender y sustentarnos”, afirma. Ella es una de las bomberas más aplicadas.

Ni la edad ni el género fueron obstáculo para sumarse a la causa, y ello fue lo que la cooperación internacional observó para seguir apoyando este tipo de proyectos. Desde la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), hasta la Embajada de Suecia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE) ven necesario apoyar a Bolivia para reducir sus preocupantes cifras de deforestación y pérdida de bosque primario a consecuencia de los incendios forestales.

“Estamos en la dinámica de apoyar al país. Sería un poco absurdo que porque hay malas noticias en temas de deforestación dejásemos de cooperar, sería una paradoja. Estamos tratando de construir juntos la solución, que la tiene que dar Bolivia”, asegura Juan Pita, coordinador general de la Aecid.