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“Cuando hablamos de acreditación, nosotros pensamos en un pasito para atrás. ¿Para qué queremos tener un fondo acreditado en un país? Y, quizá, la respuesta es: ¿Cuáles son mis prioridades?”.
Claudia Godfrey es una de las personas con mayor experiencia en el sector ambiental y financiamiento climático de la región. La entidad de la cual es directora de innovación —el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe)— es el primer fondo ambiental peruano acreditado ante el Fondo Verde Para el Clima y el Fondo de Adaptación.
Esto le ha permitido tanto a Profonanpe como al país de la experta: acceso directo a gestión e implementación de proyectos, sin depender de agencias intemediarias; acceder a recursos para fortalecimiento continuo de las capacidades del país y la organización en salvaguardas ambientales y sociales; canalizar financiamiento directo para ejecutar proyectos de gran escala; pero, sobre todo, a lograr la confianza de donantes para manejar acuerdos globales.
¿Por qué todo esto es importante?
Los fondos ambientales son organizaciones sin fines de lucro que tiene cada país y que administran y canalizan recursos para trabajar en conservación y acción climática. Tras lograr acreditaciones internacionales como Conservation Trust Funds (CTF) o Green Climate Fund (GCF), muchos de ellos nacidos de acuerdos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o las Conferencias de Partes (COP) de Cambio Climático; estos pueden llegar directamente a los países.
“No somos del Gobierno, somos del país”, deja en claro Godfrey, para quien, el acceso directo a financiamiento asegura que la capacidad se mantenga a nivel local, siempre y cuando se defina prioridades como Estado.
Ese alineamiento exige dos premisas: que el país decida y sepa qué quiere y a dónde quiere llegar. Una vez definido aquello, priorice sus proyectos. En el caso de Profonanpe, se sostuvo en pie pese a que en Perú pasaron más de siete presidentes en diez años, lo cual implicó tratar con más de 15 ministros de Medio Ambiente.
Durante el panel “Marco legal, acreditación y recapitalización de los CTF ante GEF, GCF y Fondo de Adaptación”, del XVIII Congrero RedLAC 2026 realizado en Bolivia, Natalia Arango, de Fondo Acción (Colombia), añadió que el respaldo del Estado no debe terminar con la carta aval, sino acompañar la gestión posterior. Y es que la eficiencia de estos fondos se mide por su permanencia en los territorios.
Acreditación, un proceso exigente
En términos sencillos, la acreditación es un “sello de confianza”. Antes de entregar recursos a una organización nacional, fondos internacionales como el Fondo Verde para el Clima o el Fondo de Adaptación revisan si lleva cuentas claras y auditadas; si tiene reglas contra la corrupción y canales para recibir quejas. Si cuida que los proyectos no dañen a comunidades ni ecosistemas y si incorpora la perspectiva de género, por ejemplo. Es similar a la evaluación que hace un banco antes de aprobar a un cliente.
Sin acreditación, un país depende de un intermediario, como un banco multilateral o una agencia de las Naciones Unidas, que recibe y gestiona los recursos por él. Con ella, la institución nacional los recibe directamente, lo que se conoce como “acceso directo”.
Profonanpe, acreditado ante el Fondo de Adaptación en 2014 y ante el Fondo Verde en 2015, fue una de las primeras ocho entidades acreditadas ante este último y tiene el primer proyecto aprobado por ese fondo a nivel global.
Godfrey advierte que la acreditación no es un trámite único, sino un proceso vivo. Se trata de un proceso que se renueva cada cierto tiempo, con la incorporación de nuevas políticas, lo que mantiene a las organizaciones actualizadas con estándares internacionales.
Quienes ya recorrieron ese camino coinciden en que vale la pena. Renée González Montagut, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y actual presidenta de RedLAC, recuerda que su postulación ante el Fondo Verde implicó 516 archivos y ocho rondas de revisión en dos años, un esfuerzo que hoy les abre la puerta a financiamiento climático a gran escala. En la misma línea, Fabio Ribeiro, gerente de proyectos del Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio), cuenta que el proceso les permitió formalizar por escrito prácticas que ya aplicaban y fortalecer otras. “Los procesos son dolorosos, pero entregan una organización mucho más fuerte”, resume.
Fortalecimiento institucional y resultados
La acreditación abre ventanas de financiamiento preparatorio (readiness), recursos destinados a fortalecer capacidades. Según Godfrey, en Profonanpe, el proceso se tradujo en tres resultados. Primero, movilización de recursos: un segundo proyecto ante el Fondo Verde, diseñado internamente, prueba modelos de bioeconomía con donaciones reembolsables, “que algunos le dicen préstamos a costo cero”. Segundo, capacidad institucional: la organización incorporó, entre otros elementos, un sistema de integridad con mecanismos de atención de quejas y reclamos. Tercero, apalancamiento: la acreditación fue el primer criterio para que la organización administre los recursos de la Declaración Conjunta de Intención con Noruega y le permita buscar alianzas con el sector financiero, en particular con las cajas municipales.
Tras la decisión de acceder a un fondo
Una vez que un país decide dar el paso hacia la acreditación, de la mano de organizaciones como Profonanpe, entre otras, necesita establecer prioridades.
En ese contexto, Arango sugiere que el Estado defina qué función necesita que cumplan los fondos ambientales y que estos demuestren ser clave en esa arquitectura. Godfrey insiste en que la pregunta clave sigue siendo: “financiamiento para qué” y qué capacidades se tienen para trazar una ruta clara. Por ello invitó a Bolivia a aprovechar “la oportunidad de oro” de estructurar una arquitectura con buena gobernanza.
Los fondos de RedLAC, coincidieron los participantes del panel, ya recorrieron ese camino y están dispuestos a compartir sus aprendizajes.
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