This post is also available in: English

(Este es un reportaje colaborativo entre La Región y Red Ambiental de Información)

Entre septiembre y noviembre del año pasado, “algo que nunca habíamos visto” ocurrió en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Serranía del Iñao de Chuquisaca, al sur de Bolivia. Incendios forestales de magnitud, en zonas inaccesibles, movilizaron a sus doce guardaparques, voluntarios y habitantes del lugar.

Claribel Villarroel, bióloga que hace investigaciones en la reserva, describe esta zona como parte de los Andes Tropicales, conocida a nivel mundial por su alta biodiversidad. “Es la fábrica de agua de muchas comunidades del Chaco y hábitat de grandes especies como el oso andino (Tremarctos ornatus), anta (Tapirus terrestris), jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor). Pero también es la zona más productiva del departamento, porque es húmeda y permite buena producción de maíz, ají, papa”, dice.

La topografía del terreno en el Iñao, hizo difícil el acceso para controlar las llamas. Foto: gentileza Claribel Villarroel

En ese momento, gran parte de la atención estaba centrada en Santa Cruz, el departamento que -una vez más- soportó la mayor cantidad de incendios forestales. Al conocer la noticia, activistas aseguran que se tuvo que hacer un llamado por redes sociales para que autoridades nacionales y departamentales apoyen el combate del fuego. Alimentos y equipamiento para los guardaparques llegaron desde oenegés y plataformas ciudadanas del departamento cruceño. Alas Chiquitanas Voluntarios, Amazon Conservation Team, Ríos de Pie, Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y Fundación Yindah se unieron para la recolección y traslado.

“El famoso apoyo aéreo nunca llegó. Las únicas personas que estuvieron ahí fueron los guardaparques. Incluso uno de ellos tuvo un accidente en su moto y resultó con fractura de base de cráneo. Permaneció dos semanas en el hospital de Sucre. Los bomberos fueron a apoyar, pero no les iba muy bien, porque no eran forestales sino estructurales (de la ciudad) y se perdían en la zona”, cuenta el biólogo Mauricio Peñaranda, quien también realiza investigaciones en la zona.

Guardaparques y bomberos voluntarios estuvieron en primera línea. La ayuda aérea nunca llegó. Foto: gentileza Claribel Villarroel.

Entre septiembre y noviembre de 2020, más de 3.600 hectáreas del Iñao ardieron hasta que la lluvia liquidó el fuego. De esa cifra, 3.296 hectáreas correspondían a bosque, según un reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

Esta fue una de las 55 áreas protegidas alcanzadas por incendios forestales en los últimos dos años. En 2019 había sufrido quemas, pero no fenómenos de tal intensidad. Hubo otros parques nacionales como Otuquis, San Matías y otras 20 reservas nacionales y municipales, que sufrieron embates del fuego en ambas gestiones. Por ello, si bien la superficie total quemada en 2020 fue menor al año anterior (más de 4 millones de hectáreas hasta octubre, según la FAN), hubo mayor presencia de fuego dentro de áreas protegidas nacionales y subnacionales.

Áreas protegidas con mayor presencia de fuego

Según otro informe de la FAN, del total de áreas quemadas entre enero y octubre pasado, el 24 % -más de 685 mil hectáreas- ocurrió dentro de territorios protegidos. Otuquis (141.647 ha), ANMI San Matías (131.795 ha), Iténez (122.248) y Kenneth Lee (71.013 ha) sumaron el 68 % del total de superficie de todas las áreas protegidas alcanzadas por el fuego a nivel nacional.

En la lista también figuran los parques Noel Kempff Mercado y Aguaragüe; las áreas protegidas municipales Reserva El Copaibo, Bajo Madidi, y las reservas departamentales Iténez, el ANMI Río Grande Valles Cruceños, y Ríos Blanco y Negro, que en 2019 no habían sido impactados. De manera inusual, el año pasado los últimos incendios fueron sofocados a finales de noviembre. Kaa Iya del Gran Chaco e Iñao fueron los últimos en apagarse, en parte gracias a las lluvias.

“En 2020 muchos incendios ocurrieron en zonas que no se quemaron en 2019. Es el caso de la zona de los valles cruceños, que no tiene ecosistemas adaptados a la ocurrencia del fuego. Se puede decir que la severidad (de afectación) en esa zona no va a ser baja, sino más de media alta. Eso implica que va a haber un cambio drástico en biodiversidad y, por ende, en los servicios ecosistémicos que brinda”, dice Daniel Villarroel, subgerente de Investigación y Monitoreo de Ecosistemas de la FAN.

En Santa Cruz, dos de las áreas que ardieron con mayor intensidad respecto a 2019 fueron la Reserva Municipal El Copaibo (28.620 ha) y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (21.957 ha).

Vista aérea del incendio en el bosque del Parque Nacional Kaa Iya. Foto: Edwin Pynegar

En este departamento, la superficie quemada en 2020 y que no se quemó en 2019, fue de 1,8 millones de hectáreas. En áreas protegidas la superficie alcanzada fue de 934 mil hectáreas. “Si hacemos una sumatoria de los incendios 2019 y 2020, en Santa Cruz tenemos una superficie total impactada por los incendios de 5,3 millones de hectáreas para esos dos años”, detalla Oswaldo Maillard, experto en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Herman Vaca Poñé, ingeniero forestal del municipio de San Ignacio de Velasco asegura que el año pasado hubo incendios incluso antes de agosto, que se supone es la época que inician los chaqueos o quemas controladas.  “Fueron esporádicos, porque la gente ya sabía, pero aún así, las más afectadas fueron las áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales. Por ejemplo, en 2019 no se afectó el Noel Kempff, pero el fuego sí llegó el año pasado. También se afectó la reserva municipal San Ignacio, donde hay gran cantidad de bosque. En Copaibo era aterrador ver el fuego que avanzaba a grandes escalas”, afirma.

Maillard coincide en el impacto que hubo en Copaibo, donde más de la mitad de su superficie estuvo bajo fuego durante dos meses. Similar situación vivió el Parque Noel Kempff Mercado, un área de importancia mundial, porque había un bosque prístino (bien conservado) y sabanas, que hace tiempo no se quemaban.

En 2019 una de las áreas protegidas nacionales más golpeadas por los incendios fue Otuquis. Así lucía en agosto de ese año. Foto: Marcelo Parejas Terrazas.

Salvo en Otuquis y el ANMI San Matías, donde se registró fuego ya en marzo de 2020 procedente de haciendas de la zona de Pantanal de Brasil, en el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano (una plataforma informativa que monitorea el estado de conservación y restauración del Bosque Seco Chiquitano) se vio que los focos de quema fueron provocados. Hubo actividades de chaqueo aun cuando la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) lo prohibió el 4 de agosto en Santa Cruz y Beni, y posteriormente en todo el país.

Al respecto, Víctor Hugo Áñez, exdirector ejecutivo de la ABT, coincide en que “la gran mayoría de los incendios fueron provocados”. Durante su gestión se logró el arresto de 17 personas acusadas de iniciar incendios forestales; siete de las cuales fueron sentenciadas, aunque solo dos derivadas a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, y una a la de San Roque, en Sucre. Quedaron en curso 48 procesos penales y 750 administrativos. “De los incendios de 2019 solo había una veintena de procesos administrativos. Es decir, solo se iba a aplicar multa económica, no había ningún proceso penal”, explica respecto a cuando asumió el cargo, en noviembre de 2019, tras una revuelta que derivó en la salida del entonces presidente Evo Morales.

Entre los procesos iniciados se acusa a pequeños, medianos y grandes agricultores, así como campesinos y comunidades indígenas. Los detenidos fueron encontrados en flagrancia, en operativos coordinados con la Policía y las Fuerzas Armadas, según la exautoridad.

Sin recursos suficientes y en medio de una pandemia

Uno de los grandes obstáculos para enfrentar los incendios de 2020 fue la falta de recursos económicos, dada la prioridad que le dio el Gobierno boliviano a la pandemia por la Covid19.

Cecilia Miranda, quien asumió la Dirección de Planificación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en noviembre de 2019, explica que la entidad tenía un déficit presupuestario o brecha financiera de 22 millones de bolivianos (unos 3,1 millones de dólares). “Estamos hablando de un presupuesto de 70 millones de bolivianos (unos diez millones de dólares) para 22 áreas protegidas nacionales y alrededor de 500 personas, de las cuales, 300 son guardaparques, pero la mayoría es personal eventual”, asegura.

A la ya antigua debilidad económica de este sistema, se sumó la Covid-19 y la consecuente caída del turismo, una fuente de ingresos propios del Sernap. Solo en 2019 por este concepto la recaudación alcanzó Bs 23,5 millones (unos 3,3 millones de dólares), siendo la Reserva Eduardo Avaroa la más visitada. En 2020, se calculó una pérdida de Bs 7,7 millones (1,1 millones de dólares) solo en dicha área protegida, según un documento al que accedimos.

Además, un fondo de apoyo presupuestario de la Unión Europea que se había solicitado llegó con un desfase de seis meses, por lo que durante siete meses de 2020 los parques nacionales se quedaron sin recursos para gastos operativos. “A pesar del coronavirus, hubo actividades de los guardaparques. En muchas áreas el tema logístico lo solventaba el apoyo de oenegés locales, instancias amigas, comités de gestión, o el propio personal que con sus propios recursos financiaba el combustible”, explica Miranda.

Fue aquí que la sociedad civil jugó un rol vital. La plataforma ciudadana Alas Chiquitanas Voluntarios apoyó a 14 áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, en seis departamentos, 14 municipios, 18 grupos de bomberos y cinco centros de custodia de animales.

Lo hizo con alimentos, bebidas rehidratantes, remedios, agua para los bomberos, guardaparques y brigadas de rescate animal; medicamentos para fauna, combustible y herramientas, entre otros. “Fueron 45.246 bolivianos (6.500 dólares) que utilizamos en compras entre septiembre y diciembre, gracias a donaciones en efectivo. Aparte recibimos donaciones de empresas”, detalla Daniela Justiniano, representante de la agrupación.

En todos estos procesos, los guardaparques son fundamentales en la conservación y el combate de incendios. Cecilia Miranda, antropóloga con 25 años de gestión en áreas protegidas, trabaja en el fortalecimiento de capacidades de estos hombres y mujeres desde hace dos décadas.

Según explica, de los 300 guardaparques que tiene el Sernap, más de 100 son eventuales y sus condiciones laborales son precarias. “Yo creo que es de lo mejor que tiene el Servicio como resultado de procesos largos de inversión en capacitación, con el apoyo de la cooperación internacional desde 1994. La mayoría son expertos y bomberos forestales. En el tema de enfrentar a los incendios forestales, ellos son los que están en primera línea”, precisa.

La situación laboral a la que Miranda se refiere es una serie de cambios tanto de directores, como de jefes de protección que se dieron desde finales del año pasado. Para la elaboración de este reportaje se intentó conocer la postura del actual director del Sernap, Teodoro Mamani, pero pese a que aceptó dar una entrevista, luego su comunicadora explicó que “estaba muy ocupado”. Tras una movilización ciudadana y de colegios de profesionales, en un comunicado el Sernap dio a conocer que se ratificó a más de 300 funcionarios y que los directores fueron asignados de manera interina. Hace algunas semanas, se lanzó una convocatoria para la dirección de cinco parques nacionales.

La molestia surgió por la designación de personas que no tenían el perfil técnico para estar al frente de estas reservas. Hasta el año 2000 -recuerda Miranda- se respetaba el perfil técnico sobre todo a nivel de áreas protegidas y la unidad central. “Cuando había cambio de gobierno, solo se modificaba el ejecutivo y los cuatro directores en unidad central”.

Aunque la mayoría de los entrevistados coinciden en que durante el gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez, hubo una mejor coordinación para atender los incendios forestales de 2020, el tema político no dejó de ser un factor preponderante.

Una fuente del Parque Nacional Kaa Iya, quien pidió no ser identificada, lamentó por ejemplo que cuando se detectó un incendio dentro de la reserva, desde el Ministerio de Medio Ambiente se pidió “no hacerlo público” porque se avecinaban las elecciones generales de octubre pasado. “Eso (el tema político) ha sido una gran limitante, la gran piedra en cualquier gobierno. Para nosotros no hubo cambio (en 2019), fue lo mismo de todos los años”, dice la fuente.

Frente a este panorama, tanto expertos como voluntarios coinciden en la prevención como una solución frente a incendios que se prevé volverán a afectar territorios. La formación de bomberos en comunidades, por ejemplo, es una de las tareas que se plantean oenegés como Savia.

Dalcy Cabrera, habitante de Santo Corazón en el ANMI San Matías, decidió ser parte de un grupo de seis personas que se formaron en atención del fuego el año pasado. Lo hizo consciente de que si no se atiende estos fenómenos pronto, luego es difícil controlarlos.

“Uno ve las plantas, los animales, cómo corren, cómo huyen para salir de esa calentura que hay en el monte y no está bien. Voy a seguir capacitándome. Pienso ser bombera constante. Mi esposo está contento y como escuché que dijeron que no iban a discriminar a las mujeres, me metí. El año pasado los incendios llegaron cerca (del pueblo) y eso hay que evitar”, cuenta orgullosa.


la región

This post is also available in: English