La Región

La tarde del 1 de septiembre de 2020, Cynthia Silva Maturana, vocera del Movimiento Al Socialismo (MAS) en temática medioambiental conversó con La Región sobre uso de biotecnología, incendios, áreas protegidas y economía relacionada a la producción agropecuaria. La representante fue viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal durante el Gobierno de Evo Morales.

Con su participación se dio continuidad al ciclo #FuturoVerde, un espacio de entrevistas organizado por “El llamado del bosque” y realizado por La Región como medio de comunicación digital especializado.

En el encuentro, que duró una hora, la representante se refirió a las polémicas normas relacionadas al desmonte, como la Ley 741, y a los actuales decretos sobre los transgénicos. Habló del uso del fuego en los sistemas de producción y sobre otros elementos que también son causales de los incendios. Asimismo, se refirió a la necesidad de apuntar a la productividad en la misma cantidad de tierra que se tiene, sin necesidad de deforestar más extensiones.

Respecto a instituciones como la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), admitió que es necesaria una reestructuración.

“En el caso de la ABT, y lo podemos decir con claridad y honestidad, porque ya lo hemos encarado; tenemos un sistema que, en nuestra opinión, está un poco agotado y que, además, es muy susceptible a la corrupción. Y lo puedo decir porque nosotros hemos tomado medidas incluso de acciones penales. El 2018 y 2019 hemos tratado de reestructurar la ABT y además hemos iniciado procesos”, dijo.

 

Biotecnología, decretos cuestionados y el agro

“En el caso de que se considerara algún cultivo (transgénico / con biotecnología), debe pasar por estudios muy serios de riesgo y no puede, de ninguna manera, considerarse ni el maíz ni otro del que somos centro de origen y biodiversidad (…). En la Constitución Política del Estado hemos establecido que la introducción de transgénicos debe regularse por ley”, fue la respuesta a la pregunta sobre el uso de biotecnología en el país.

El 7 de mayo de 2020 la presidenta Jeanine Áñez emitió el Decreto Supremo 4232 que en su artículo único dicta: De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. En tanto que el 22 de septiembre, mediante el Decreto Supremo 4348 el Gobierno dio paso a la identificación de áreas de diversidad maíz y de maíz amarillo duro “generado por cualquier tecnología”.

En caso de ganar las Elecciones, ¿se derogarían estos decretos?, se le consultó. “Totalmente”, afirmó. “Estos decretos pretenden abrir la puerta a los transgénicos en el maíz, principalmente, que es algo terrible. Además, la Constitución y la ley lo prohíben. Son decretos claramente ilegales”.

Respecto a la soya como producto de exportación boliviano y su relación con la biotecnología manifestó que es una veta muy importante de la economía nacional, pero también propuso virar y fomentar la producción de soya convencional, no transgénica. “Hace poco Rusia prohibió la soya transgénica en todo su sistema, tanto productivo como alimentario. Por lo tanto, es un mercado interesantísimo para llevar nuestra soya”, explicó.

El problema de la deforestación

La deforestación vinculada a la expansión de la frontera agrícola es otro de los temas en la agenda ciudadana vigente los últimos años. En este punto, la entrevistada se expresó en tres ejes: “no necesitamos más superficie, necesitamos producir más en las hectáreas que tenemos», “no necesitamos convertir bosques en producción agrícola” y “el mal manejo de los sistemas productivos está dejando tierras degradadas y abandonadas”.

De la Ley 741, promulgada en septiembre de 2015 durante la gestión de Evo Morales, que fue bastante criticada por activistas ambientales y por actores políticos por considerarla muy permisiva para la deforestación, Silva dijo que el chaqueo se usaba desde antes de que el MAS sea Gobierno y que los incendios también han tenido una vinculación con ello desde hace mucho tiempo.

“La Ley 741 pretendió establecer una superficie mayor de posibilidad de desmonte de hasta 20 hectáreas, no porque nos parezca maravilloso aumentar la superficie de desmonte, sino porque se necesitaba para cierto tipo de actores productivos la posibilidad de la planificación productiva. Esa misma ley establece que se aplicarán las condicionantes constitucionales. Adicionalmente, no se permite la aplicabilidad de estos criterios dentro de reservas y áreas protegidas, por ejemplo”, respondió.

Compromisos en tres áreas

La vocera del MAS expresó el compromiso de trabajar en tres ámbitos con prioridad, en caso de que el binomio Luis Arce – David Choquehuanca lleguen al poder. Se trata de la producción sustentable sin fuego, gestión de residuos y mejora en la calidad del aire y, por último, impulsar el litio.

“Los tres grandes ámbitos en los que necesitamos comprometer indicadores lo antes posible son el incremento de superficies con sistemas productivos sustentables que hayan dejado de utilizar el fuego debe ser un indicador y un compromiso a asumir. No doy plazos, pero es algo que debiera ser exigible el día uno. El segundo, necesitamos dar un salto cualitativo en las ciudades, particularmente en lo que es calidad del aire y gestión de residuos sólidos entre los tres niveles del Estado de manera conjunta; para ello proponemos la economía circular con justicia social, con inclusión y generación de empleo. En el ámbito del litio hay un compromiso de generación de empleos a la vez que impulsamos una energía que es limpia”.