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Por Ivette Sierra Praeli / Mongabay Latam
Un grupo de investigadores de la iniciativa Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) ha dedicado el último año a reunir información en torno a ocho proyectos mineros controvertidos que operan en América Latina. Lo peculiar es que todos ellos están relacionados con una sola empresa, Pan American Silver, la segunda compañía minera primaria de plata más grande del mundo, como ellos mismos lo anuncian en su página web.
Los resultados de este trabajo han sido reunidos en un mapa interactivo, de libre acceso, que muestra las denuncias por contaminación, los conflictos socioambientales que rodean a los proyectos y los problemas que afectan a comunidades indígenas, entre otras situaciones que han puesto en el ojo de la tormenta a este gigante canadiense presente en México, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina.
El Atlas de Justicia Ambiental es una iniciativa de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que participan expertos de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de diversas partes del mundo, entre ellas MiningWatch Canadá, Earthworks y el Instituto de Estudios Políticos en Washington.
“Pan American Silver promueve procesos en contra de la libre determinación de los pueblos indígenas, además que opera en lugares de mucho conflicto social y viola los derechos laborales”, señala Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de MiningWatch Canadá, una organización que vigila el comportamiento de las empresas mineras de este país.
Francescone cuenta que la idea de elaborar un mapa sobre las actividades de Pan American Silver surgió el año pasado, cuando la empresa canadiense compró la mina Escobal en Guatemala, un proyecto suspendido por decisión de la corte de justicia del país tras un reclamo del pueblo indígena Xinka. En ese momento, las poblaciones de la zona de influencia se preguntaron sobre la reputación de esta empresa en otras partes del mundo, lo que las llevó a contactar a MiningWatch Canadá y poner en marcha, junto a instituciones e investigadores que habían indagado sobre Pan American Silver, la elaboración del mapa interactivo.
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Guatemala: dos años de paralización
A inicios de 2019, Pan American Silver compró la mina Escobal, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, al sureste de Guatemala, a pesar de que la mina estaba paralizada desde 2017 por orden de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Esta acción de la corte fue en respuesta a la demanda interpuesta por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que reclamaba la falta de una consulta previa al pueblo indígena Xinka antes de otorgar el permiso de funcionamiento, según indica la investigación de EJAtlas.
“En junio de 2017 empezamos el bloqueo del ingreso a la mina, cuando aún le pertenecía a Tahoe Resources, porque había temblores por la actividad minera y las viviendas se estaban dañando”, cuenta Luis Fernando García, líder del parlamento Xinka.
García agrega que la minera intentó desalojarlos y que debido a las protestas y el bloqueo fueron víctimas de ataques y de procesos judiciales, dirigidos a amedrentar a los principales líderes del movimiento. Hasta ahora, según García, se mantiene bloqueado el acceso a la mina. “Son casi tres años. Hoy en día la sentencia nos ha dado más legitimidad, pero aún estamos esperando que se cumpla”.
Además de la suspensión de las actividades de la mina, la Corte Suprema ordenó que el Ministerio de Energía y Minas realice una consulta previa. En setiembre de 2018, la Corte Constitucional de Guatemala no solo confirmó esta sentencia, sino que dejó en claro en su fallo los estándares bajo los cuales el Estado debía llevar a cabo esta consulta.
“La resolución definitiva fue en diciembre de 2018 y durante casi dos años se ha intentado avanzar en la consulta, pero no se ha concretado”, comenta Ellen Moore, coordinadora internacional sobre minería de Earthworks, organización que trabaja con comunidades para enfrentar los impactos de los proyectos mineros y energéticos.
Escobal es una de las minas de plata más atractivas del mundo con más de US$ 500 millones invertidos en desarrollo e infraestructura, indica la website de la empresa.
Ante la consulta de Mongabay Latam sobre los resultados de la investigación reunidos en el mapa de EJAtlas, la empresa respondió mediante vía correo electrónico lo siguiente: “Pan American conduce sus negocios de manera responsable y sostenible. Brindamos un reporte transparente sobre nuestro desempeño de medio ambiente y social, reportando en los últimos ocho años de acuerdo con el marco del reporte líder reconocido globalmente – Estándares Universales GRI”. Agregó que toda la información se encuentra en dichos informes.
“Debemos ganar la confianza de las comunidades locales, sociedad civil y gobierno, y ayudar con el mandato de la corte en el proceso de consulta antes de que podamos reiniciar los trabajos en la mina”, se lee en relación a la mina Escobal en el reporte de sostenibilidad de 2018 de la empresa.
Para Yannick Deniau, representante de EJAtlas, la empresa se muestra en sus documentos oficiales y discursos “como social y ambientalmente responsable, pero los casos documentados nos muestran que la realidad es otra”.
El mapa, según Deniau, es una forma de mostrar los procesos de resistencia que se han dado a lo largo del continente en los sitios donde la empresa opera o pretende hacerlo. “Crear esos lazos entre las resistencias y visibilizar que no están solos, sino que en otros países están luchando por lo mismo es uno de los principales objetivos del Atlas de Justicia Ambiental desde sus inicios”.
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México: operaciones en lugares de riesgo
La empresa Pan American Silver también está presente en México con las minas La Colorada, en Zacatecas, y Dolores, en Chihuahua.
El problema en La Colorada se inició en el 2014, cuando la mina le informó a la población que estaban en terreno de la empresa. Hacia el 2016, los habitantes de la zona presentaron una demanda ante el Tribunal Agrario de Zacatecas para exigir su reconocimiento como propietarios legítimos de sus terrenos, precisa el informe de EJAtlas.
“En enero de 2017, 46 familias o alrededor de 230 personas fueron desplazadas a la fuerza, obligadas por elementos armados de seguridad privada que la empresa contrató para el operativo para ‘cambiarlos’ de residencia a las viviendas hechas por la empresa, ante la destrucción total o parcial de sus viviendas anteriores”, indica la referencia del caso en el mapa de EJAtlas.
Actualmente, estas familias viven en la Unidad Habitacional Mina La Colorada, en casas armables ubicadas en un complejo rodeado por una reja metálica. Según el reporte de EJAtlas, los pobladores sienten que la empresa los mantiene en esas condiciones para que abandonen completamente el lugar. También reclaman por el ruido de las máquinas de los respiraderos de la mina que se ubican a no más de 150 metros de las viviendas y el perímetro iluminado por lámparas las 24 horas del día, así como los gases de la ventilación de la mina.
“Las minas de México son las más lucrativas para la empresa. La Colorada es la más grande, y Dolores tiene oro y plata”, señala Jennifer Moore, investigadora afiliada al proyecto de Economía Global de Instituto de Estudios Políticos en Washington, quien analizó la problemática de estas minas en México.
Sobre La Colorada, Moore añade que la situación es sofocante para los pobladores y que afecta a más de 200 personas, quienes reclaman por el reconocimiento del territorio donde se ha instalado la mina puesto que el pueblo lleva más de 90 años asentado en ese lugar.
“El proceso [de desalojo] está lleno de ilegalidades, desde la destrucción de las casas, el acoso y hostigamiento que enfrentó la comunidad, hasta la pertenencia de las tierras que la comunidad ha estado peleando en el Tribunal Agrario. Este tipo de desplazamiento ha sido permitido por el Estado en otras ocasiones, como es el caso de la comunidad Salaverna, en el mismo estado de Zacatecas, también en 2017, relacionado con otra empresa minera”, agrega Moore.
Según la website de la empresa, La Colorada es la mina de plata en producción más grande de Pan American. “Los resultados de la exploración en nuestra mina La Colorada indican el potencial de expandirse sustancialmente”, señala el reporte de 2018 de la empresa.
En el documento reconocen los problemas que tienen con las familias que viven en el campamento de la mina. “Un pequeño grupo de estas familias presentó una demanda en la Corte Agraria Mexicana y también ante la Oficina de México de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Hemos trabajado con el ACNUDH y las familias afectadas para resolver los problemas. Estos incluyen: mejorar el acceso al agua, la electricidad y las instalaciones, y cambios en la infraestructura de seguridad física”.
En cuanto a la mina Dolores, los problemas vienen desde antes de 2012, cuando la Pan American Silver compró la mina. Las denuncias por contaminación debido a un derrame de cianuro de sodio en el patio de lixiviación del proyecto data del 2009. En ese momento se denunció la mortalidad de peces y animales, se explica en el estudio.
Pero más allá de la contaminación, el problema que más preocupa a la población indígena y campesina ha sido la militarización de la zona debido a la presencia del crimen organizado que se disputa el control del territorio. “Se ha entablado una compleja relación entre las empresas mineras y el crimen organizado que comparten territorios y rutas de traslado de su producción. Ambos tienen sus propios ejércitos privados o guardias de seguridad. Los narcos se encargan de limpiar el terreno para que las empresas extraigan los minerales, despoblando comunidades o disuadiendo a los habitantes inconformes con las explotaciones”, señala un reporte de la organización social Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) del 2018, que fue citado en el mapa de EJAtlas.
“La inseguridad está recrudeciendo. Es una zona de violencia extrema diaria. Con la militarización lograron que operen nuevamente y sigan expandiéndose”, agrega Moore, quien refiere que el temor es de tal magnitud en la zona que los pobladores no quieren hablar del tema.
En su reporte de 2018, la empresa señala que en la mina “Dolores tuvieron el apoyo adicional de las autoridades mexicanas para mejorar la situación de seguridad en el acceso a la mina y reanudar el transporte en estos caminos”, se indica en el documento con relación a la suspensión temporal del transporte hacia la mina, que ocurrió ese año, por los incidentes de seguridad a lo largo de las vías de acceso.
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Perú: un problema de contaminación
La mina Shahuindo, ubicada en la provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca, es operada por Pan American Silver. Se trata de una mina de oro a cielo abierto que fue comprada por el gigante canadiense en el año 2019, pese a que la población se opuso a sus operaciones desde el año 2012.
En el 2013, el Frente Campesino de Defensa de Cajamarca se manifestó sobre el Estudio de Impacto Ambiental, pero la licencia ambiental le fue otorgada a la empresa el mismo año. El reclamo se debe a la mina de oro a cielo abierto presente en el valle, así como a la instalación de una cancha de lixiviación y un depósito de escorias en las nacientes de los ríos Condebamba y Crisnejas, que confluyen con el Marañón en el valle de Condebamba. “A los residentes les preocupa el impacto de la mina en las fuentes de agua”, se señala en el EJAtlas.
“Es un valle verde y muy productivo, netamente agrícola. Con la contaminación del agua se perdería todo eso, además del cerro de Algamarca donde se ha instalado la mina”, dice Raquel Neyra, miembro del equipo del Atlas de Justicia Ambiental e investigadora principal de los casos en Perú.
Neyra indica que existen también conflictos por la tierra entre la minera y pobladores de la zona, y que la próxima semana el frente de defensa realizará una asamblea para definir cuáles serán las medidas que adoptarán como parte de su reclamo.
Un antecedente importante de este caso —presentado en la investigación— es que, en noviembre de 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) difundió un informe que confirmaba la contaminación por metales pesados en las fuentes de agua locales por la mina Shahuindo. Ese mismo año se anunció la formación de una comisión de alto nivel para atender el creciente conflicto por la falta de agua y la contaminación por efecto de la operación minera.
En el 2018, las aguas provenientes de la mina inundaron algunas comunidades cercanas y unas 100 hectáreas de tierras cultivadas, matando a decenas de cabezas de ganado y volviendo inhabitables las viviendas aledañas, indica el mapa de EJAtlas.
De acuerdo con el estudio, también se han denunciado intentos de desalojo, pese a que la comunidad cuenta con un título de 36 años de antigüedad sobre los terrenos. El problema es que un juez otorgó la propiedad a una sola familia y pudo así emitir la orden de desalojo.
Según la página web de la empresa, la mina Shahuindo “tiene una vida útil actualmente estimada hasta el 2028”.
“Desde el mapa tratamos de evidenciar un cierto patrón de comportamiento de la empresa. Ahí podemos encontrar el historial del conflicto y de los principales daños provocados en cada caso”, explica Deniau, representante de EJAtlas sobre las posibilidades que abre esta herramienta interactiva.
El informe de sostenibilidad 2018 de Pan American Silver no incluye información sobre la mina Shahuindo debido a que fue adquirida recién en el 2019.
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Las denuncias en Argentina y Bolivia
La mina Navidad, en Chubut, Argentina, no ha sido explotada debido a una ley que prohíbe las actividades a tajo abierto y el uso de cianuro en esa región. Sin embargo, en más de una ocasión se ha intentado cambiar esta ley para dar paso a la explotación minera.
“Desde 2016, el gobierno nacional ha aumentado la presión para desarrollar el proyecto minero, insistiendo en la modificación del marco legal para permitir su puesta en funcionamiento”, se precisa en el EJAtlas.
Según la investigación, reuniones entre directivos de la empresa y representantes del gobierno argentino han sido reportados, sobre todo por el riesgo que representa que se dé marcha atrás con la ley que prohíbe la actividad minera que quiere realizar Pan American Silver.
“La ley ha sido ratificada por el Poder Judicial. Hubo demandas de inconstitucionalidad y las han perdido. En 17 años no han podido cambiar las leyes, pero la presión continúa”, dice el periodista Luis Claps, quien ha investigado la presencia de Pan American Silver en Argentina.
La otra mina presente en Argentina es Manantial Espejo, en Santa Cruz. Sobre este proyecto se han denunciado varios incidentes laborales, pero también el problema ambiental está presente.
En cuanto al proyecto de la mina San Vicente, en Potosí, en Bolivia, también presente en el EJAtlas, la investigadora Kirsten Francescone, de MiningWatch Canadá, señala que los principales problemas que se han presentado han sido conflictos laborales por las condiciones de trabajo. No obstante, le preocupa el próximo cierre de mina.
Mongabay Latam consultó a Pan American Silver sobre cada uno de los casos reportados en el mapa y la empresa respondió que los temas sobre los que solicitamos información se encontraban recogidos en el informe de sostenibilidad 2018. “Todos los datos que ofrecemos están basados en información objetiva de dominio público donde no existe cabida a la especulación o conjeturas. Nuestro próximo informe de sostenibilidad 2019, que será publicado a finales del mes de mayo, recogerá la información referente a la transacción con Tahoe Resources Inc”. Esto último se refiere a las minas adquiridas el año pasado.
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