Así funcionan las mafias que depredan los árboles de mara en el Amboró y el Madidi

Por Eduardo Franco Berton (RAI)

 (Esta es una colaboración periodística entre La Región y Red Ambiental de Información)

 «Pasado mañana debe salir un cargamento con 8.000 pies. Están esperando la lluvia, ya que hay poca agua en el río. Está todo amontonado por la zona de San Salvador’’, dice un maderero. El hombre se refiere a un cargamento de mara, extraído por piratas de la madera que talan estos árboles del Parque Nacional Amboró, en Santa Cruz.

Escondidos en la espesura de la selva amazónica, estos gigantescos individuos de hasta 50 metros de altura y más de cien años de edad, tienen los días contados.

El rugido de las motosierras marcará el día y hora de su muerte anunciada, a manos de los denominados piratas de la madera. Estos grupos criminales ingresan al parque armados y están dispuestos a todo para lograr su cometido; incluso acabar con la vida de quien se interponga en su camino.

El maderero, que fue traicionado por sus compañeros y se libró de la cárcel luego de obtener medidas sustitutivas a la detención, accede a contar detalles de uno de los mayores flagelos que tiene el Amboró. ¿La única condición? Resguardar su identidad.

‘’Son unos siete grupos que operan en el parque, cada uno conformado por seis a ocho personas. Ahorita están meta a cortar; para Navidad va a salir cualquier cantidad. Mi rol era ser lomeador y callapero, yo bajaba la madera del monte y después la transportaba por el río’’, dice.

Una mafia organizada

Sergio Yépez, oficial de Inteligencia Criminal de la Unidad Medioambiental en el área de Tala Ilegal de la Interpol, afirma que esta actividad es operada por el crimen organizado. ‘’No se trata de una persona que ha sido detenida espontáneamente con un árbol talado, hay toda una estructura, organización y financiamiento detrás de estos grupos’’.

Según el reporte Chainsaw Project de la Interpol, la tala ilegal abarca una amplia gama de actividades ilegales, que requieren un grado significativo de organización. “La recolección, el envío, el procesamiento y el comercio de madera tienen más probabilidades de ser coordinados por una red de delincuentes, en lugar de un individuo aislado”, refiere el texto.

Por ello, desde enero de este año, Interpol trata la actividad como estructura de crimen organizado, con lo cual, “deben aplicarse sentencias y penas que correspondan, así como el trabajo investigativo debe hacerse en profundidad”.

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Estructura

Los piratas de la madera eligen fechas cercanas a luna nueva para operar. Al tratarse de una organización, los grupos están conformados de la siguiente manera:

• Cortador: Es el encargado de aserrar los árboles, le pagan un boliviano por pie tablar. Puede llegar a extraer entre dos y cinco mil pies, por lo que su ganancia llega hasta cinco mil bolivianos (718 dólares).

• Lomeador: Sobre su espalda carga tablones de mara aserrada, de unos 60 kilogramos, hasta las riberas de los ríos. Para ello, atraviesa estrechos y accidentados senderos de hasta tres kilómetros, en medio de serranías y cañones que tiene el Amboró. Le pagan un boliviano por pie tablar y kilómetro recorrido. Por día puede trasladar entre 200 a 500 pies de madera.

• Callapero: Baja la madera armado con un rifle, en precarias embarcaciones llamadas callapos. Se moviliza por los ríos Yapacaní, Ichilo y Mataracú. Cada viaje le demanda como mínimo tres días, tiempo en el cual puede bajar hasta 150 tablones y ganar 4.000 bolivianos. Muchos han muerto ahogados. Cuando se enteran que habrá operativos, hunden la madera en el río con piedras y esperan varios días hasta asegurarse que no habrá controles.

• Proveedor: Está encargado de llevar víveres, como arroz y raciones secas para el grupo. No necesitan carne, ya que cazan y pescan dentro del parque. Además, carga insumos, como galones de gasolina de 20 a 30 litros, aceite de motor, sogas para amarrar los callapos, y material para el campamento. Le pagan 200 bolivianos por jornada y debe caminar hasta dos días o más. 

• Camionero: Conduce el camión hasta el encuentro con el callapero en los puertos de los ríos Yapacaní e Ichilo. Operan de noche y después de sacar la madera, la ocultan en depósitos. Para camuflarla, la ponen debajo de cargamentos de arroz, plátanos y cítricos, así logran burlar los controles en la ruta. Les pagan entre 500 a 700 bolivianos (Bs.) por trasladar los tablones de mara desde el río hasta los depósitos en Yapacaní o Santa Fe (municipio de San Carlos). Y entre 1.200 a 1.500 Bs. por llevarla desde Yapacaní hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

• Espía: Se mantiene en los distintos ingresos del Parque Amboró. Pasa la voz cuando ven que ingresan los ‘’parcas’’ (denominativo que usan para los guardaparques) u otras autoridades de las alcaldías. Una vez alertados, los madereros desaparecen en medio del bosque y esperan hasta poder sacar la madera. Ahora usan drones en sus vigilancias.

• Comprador: Es el que financian toda la actividad. Opera al margen del parque, desde el centro poblado del municipio de Yapacaní, algunos pagan por adelantado. ‘’Actualmente son unas cinco personas. Uno de los compradores también está sembrando coca dentro del Amboró.’’

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Otros detalles del modus operandi es la demarcación de árboles. Cada grupo de piratas deja una marca distintiva sobre los árboles de mara. Es su símbolo para alertar a los otros grupos de no talar el árbol; caso contrario, correrá sangre dentro del parque. ‘’Sobre el río Colorado hay una cruz, allí balearon a un maderero de un bando contrario”, cuenta el maderero que pidió reserva.

De acuerdo a la fuente, demoran de tres semanas a un mes para extraer un cargamento de madera ilegal. ‘’Una carga de cuatro mil pies se puede sacar en tres semanas; en un mes, se puede sacar hasta siete mil pies”.

La mejor madera es seleccionada cuidadosamente y transportada en tren hasta Corumbá, Brasil, desde donde sale hacia China y Estados Unidos. La otra parte se comercializa en el mercado negro local, principalmente en carpinterías de Santa Cruz de la Sierra, que fabrican mueblería fina de mara, a pedido del cliente.

Una guerra desigual

En esta guerra contra los piratas de la madera, la corrupción es otro de los agravantes que favorece a esta actividad. ‘’Hay algunas autoridades mañudas que pasaban información sobre cuándo serían los operativos’’, dice el maderero. Los tentáculos de las mafias también alcanzaron a dirigentes de comunidades aledañas al parque. ‘’Algunos saben de la salida de cargamentos, pero no dan parte a las autoridades”.

Para Román Vitrón, ingeniero ambiental que desde 2014 acompañó unos 10 operativos de decomiso de madera, las jugosas ganancias que deja esta actividad clandestina seducen a las personas. ‘’Los montos de dinero que obtiene esta gente representan más de lo que pueden ganar en un mes’’, explica.

Vitrón reveló que el precio de la mara en el mercado negro está entre 15 a 16 bolivianos (2.1 a 2.3 dólares) por cada pie tablar. Por lo que, por cada cargamento ilegal de 2.000 a 5.000 pies que extraen los piratas, los traficantes obtienen un ingreso de 30 mil a 80 mil bolivianos (de 4.310 a 11.494 dólares).

Considerado un ambientalista acérrimo, el hombre ha seguido los rastros de los madereros ilegales durante su trabajo en la Alcaldía de San Carlos y la Dirección del Parque Amboró. ‘’Están entrando hasta 15 kilómetros pasada la línea roja de la categoría de Parque Nacional, donde es zona de conservación estricta. Van caminando hasta tres días sobre el río cargando sus víveres y galones; pasan nadando pozas. Es toda una travesía la que realiza esta gente”.

Desde el 8 de agosto de 2011 existe una prohibición de exportación de madera mara en Bolivia, que fue dispuesta por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Actualmente, la especie se encuentra en el apéndice dos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y está considerada como Vulnerable (VU) en la Lista Roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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San Fermín y el tráfico de madera hacia Perú

‘’Si nos encontramos una vez más, vas a desaparecer’’, fueron las palabras con las que un maderero amenazó a Diego Aliaga, uno de los guardaparques del Parque Nacional Madidi, mientras patrullaba los bosques de la comunidad de San Fermín.

Esta comunidad de 65 familias, se encuentra dentro del bosque húmedo tropical del Parque Nacional Madidi, a orillas del río Tambopata, frontera con Perú. Para llegar, se debe caminar cuatro días desde el municipio de Apolo, en el departamento de La Paz. Dada la distancia, el sol peruano es la moneda de cambio que utilizan sus habitantes para comprar alimentos en los mercados de San Pedro de Putina Punco, también en el país vecino.

Los traficantes extraen árboles de mara que transportan por río hasta Perú. Una vez allí, la madera es lavada y vendida a 8 soles (16 bolivianos) por cada pie tablar. En anteriores oportunidades, compradores encontraron un vacío en la legislación peruana y lograron transportar esta madera únicamente con permisos de transporte, argumentando ante sus autoridades que la tala se hizo en Bolivia.

Marcos Uzquiano, director del Parque Madidi indicó que en este sitio, los guardaparques eran constantemente agredidos y amenazados. ‘’En esa comunidad siempre han tenido una actitud beligerante. Una vez botaron los letreros de señalización del parque, no permitían que se realicen controles y exigían que se les devuelvan las motosierras y madera decomisadas. Ha sido bastante complicado”.

Según Diego Aliaga, los madereros han exterminado los árboles de mara que se encontraban sobre las riberas del río Colorado, que desemboca en el Tambopata. Ahora están explotando madera por las cabeceras del mismo río Colorado, una de las zonas donde según varios antropólogos, se presume aún habitan los Toromonas, uno de los pueblos no contactados que tiene Bolivia.

‘’Los madereros y grupos del narcotráfico están haciendo brechas por donde -se piensa- están los pueblos no contactados. Existe riesgo que se encuentren con ellos y los exterminen, ya que andan armados. Mis compañeros han encontrado flechas y huellas que serían de los Toromonas que habitan por allí’’, dice preocupado.

De la tala a la coca

Un poblador del municipio de Apolo, La Paz, que pidió mantener en reserva su nombre, aseguró que las mismas personas que se dedican a la tala ilegal en San Fermín, están plantando coca y se han involucrado en el narcotráfico. ‘’Los que siembran coca hacen su chaco (plantaciones) donde hay madera. Entonces, primero aprovechan la madera y luego siembran coca’’, cuenta.

En esta parte de la Amazonia boliviana no solo mueren los árboles, debido a una cultura de contrabando; el cumplimiento de la ley se ha cambiado, por la justicia que imponen las balas. ‘’El año pasado han matado a tiros al hermano de un guardaparque en la playa. Ha habido ejecuciones entre comunarios, se han quemado vivos entre grupos de narcos. Allí no hay justicia, es una tierra de nadie’’, lamenta Uzquiano.

La complicada situación de San Fermín lo forzó a retirar a sus guardaparques del campamento de protección que había en la comunidad. ‘’Mi personal estaba amenazado por algunos clanes conformados por bolivianos, peruanos e incluso colombianos. Esto me obligó a replegarlos y dejar el lugar al resguardo de las fuerzas armadas”.

En octubre de 2016, el gobierno boliviano llevó a cabo la erradicación forzosa en al menos 50 hectáreas de cultivos ilegales de coca en San Fermín, Cocos Lanza y Colorados, dentro del Parque Nacional Madidi. El entonces Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, afirmó que “los que siembran no son productores de coca”.

Pero la siembra también se ha incrementado en el lado peruano. Un reporte publicado el 9 de octubre pasado por la organización InSight Crime, indicó que “el gran aumento en la producción ha provocado que la población del distrito de San Pedro de Putina de Punco –zona fronteriza a San Fermín– aumente de 15 mil a 40 mil habitantes. Como consecuencia, creció la inseguridad ciudadana.

La lucha por el oro verde es desproporcionada

Un reducido número de 26 guardaparques tiene la titánica misión de resguardar más de 1,8 millones de hectáreas del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) y Parque Nacional Madidi. Debido a la escasa cifra, solo dos personas solían estar destinadas al campamento de San Fermín, antes que sean retiradas por Uzquiano debido a la situación.

Para el director del Madidi, debido a la hostilidad de esta población, serían necesarios al menos cuatro, además, de efectuar un trabajo coordinado con las fuerzas armadas. ‘’Los campamentos que tenemos están cayéndose a pedazos, es necesario mejorar la infraestructura, la comunicación y tener todo el apoyo para que los guardaparques se sientan respaldados”, dice.

Además, cuando los madereros de San Fermín bajan la madera de mara en cuartones, utilizan botes con motor fuera de borda. “Los guardaparques y las fuerzas armadas no tienen esos medios logísticos. Los traficantes están en ventaja frente a nosotros’’, explica Uzquiano.

Federico Barrón, responsable de la zona norte del Amboró, asegura que 11 guardaparques deben proteger las 436.600 hectáreas que tiene la categoría de Parque Nacional de esta área protegida. “Tenemos nueve campamentos y cada guardaparque está destinado a uno, eso no es viable, es riesgoso estar solo”.

Solo para el área mencionada se requiere 30 funcionarios, además de mayor apoyo de la fuerza pública (militares). ‘’Una vez apresamos a uno de los piratas, pero luego fuimos emboscados por 12 de sus compañeros. Nosotros éramos apenas seis, ¿qué íbamos a hacer? Tuvimos que liberar al tipo y huir del lugar, gracias a Dios con vida”, relata.

Por su parte, Maikol Melgar, nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) indicó que se está trabajando en la restructuración del Sernap, institución que según él se deterioró bastante debido a temas políticos durante los años del gobierno de Evo Morales. Ya que no se le asignaba el presupuesto necesario y no existía ningún criterio para la existencia de tan pocos guardaparques al resguardo de miles de hectáreas. ‘’Vamos a solicitarle a nuestro mismo gobierno, que se pueda incorporar los ítems necesarios para las áreas protegidas de Bolivia.’’

El mercado negro de la madera

La actividad de los madereros ilegales es tan solo uno de los eslabones dentro de una serie de delitos forestales que alimentan el mercado negro de maderas preciosas en Bolivia.

Corrupción, la tala sin planes de manejo, el corte de árboles por debajo del diámetro legal, la obtención de papeles falsos para camuflar madera extraída ilegalmente que pocas veces son verificados y los asentamientos ilegales de campesinos en áreas protegidas son otros factores que inciden.

Uno de los mayores casos de corrupción de funcionarios forestales en el país se develó en junio de 2019. En aquella oportunidad, Noel Sivila, un exfuncionario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) del municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, fue acusado de entregar dos mil permisos para el desmonte de 22.000 hectáreas. Los árboles, que fueron talados por Menonitas, eran aprobados por Sivila (quien se encuentra prófugo en Argentina), sin previa verificación y con volúmenes inflados para blanquear madera.

Al ser consultado sobre las debilidades de cumplir con la labor, Miguel Ángel Ruiz, funcionario de la ABT, dijo que se está trabajando en mejorar la otorgación de derechos y las inspecciones a las áreas boscosas. “Tenemos deficiencias en los puestos fijos, ya que no están al nivel que deberían estar. Les falta un poco más de infraestructura. Estos puestos son los controles que se tiene del bosque hacia los mercados de madera”.

Datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en 2016, indican que el negocio de la madera ilegal supera los 50 mil millones de dólares y puede representar el 30 por ciento de la madera que se comercializa en el mundo. En el caso de Bolivia, según datos de la ABT, durante 2017 se deforestaron 258.462 hectáreas de bosques. De esta pérdida boscosa, el 52 por ciento fue extraído ilegalmente.

Asimismo, este reporte indica que durante el periodo de 2016 – 2017, se perdieron 2.062 hectáreas de bosques en el ANMI del Amboró y otras 146 hectáreas dentro de la categoría Parque Nacional. De similar manera, el informe indica que el ANMI del Madidi perdió 767 hectáreas y la categoría de Parque Nacional, 199 hectáreas.

En ese contexto, Sergio Yépez considera que es necesaria una coordinación transfronteriza entre los países amazónicos para hacer frente a este delito. ‘’Interpol empuja en la dirección de lograr una coordinación policial, judicial y operativa entre los países de la cuenca amazónica, para que se puedan realizar investigaciones donde la información esté protegida’’, sentencia el Oficial de Inteligencia de Interpol.

Mientras la presencia del Estado sea débil en las áreas protegidas y su resguardo esté bajo la responsabilidad de pocas personas, el tiempo de las maderas preciosas puede terminar más rápido de lo que se cree. ‘’Ya están acabándose la mara del parque, hace mucho tiempo que se viene explotando y ya no quedan muchos árboles’’, dice el maderero clandestino del Amboró.

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