El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó hoy el informe de dos comisiones conformadas para estudiar la situación de un puente construido por menonitas sobre el río Parapetí, en la comunidad Cuarirenda, municipio de Charagua, provincia Cordillera.
Durante una inspección, en la que participó la autoridad, se constató que se ocasionaron múltiples daños al equilibrio ecológico en esta parte de los bañados del Isosog del río Parapetí, refiere una nota de prensa institucional. Esto derivó en la presentación de una denuncia penal de la Gobernación ante la Fiscalía por los presuntos delitos de obstrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, contra los presuntos autores.
De acuerdo con el informe, se trata de un sitio Ramsar compuesto por propiedades privadas, zonas indígenas y públicas, como son las riberas de los ríos. Por lo tanto, Camacho afirmó que «se procedió de manera irregular» para la construcción del puente. Sin embargo, se constató que la obra cuenta con autorizaciones de instituciones estatales como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el INRA, así como de autoridades del municipio y originarias – guaraníes del lugar.

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La estructura tiene 14 kilómetros de camino y 200 metros del puente. Se comenzó a construir en octubre de 2020. “(…) Santa Cruz y sus autonomías indígenas no son suficientes para autorizar este tipo de construcciones y obras viales. La única autoridad competente para poder autorizar este tipo de obras es el Gobierno Departamental», dijo Camacho.
Reafirmó que el ente departamental no emitió autorización para la construcción, ni de los 14 kilómetros de carretera ni de los casi 200 metros del puente sobre el río Parapetí, ya que de acuerdo con la Constitución Política del Estado, en sus artículos 345 y 347, el incumplimiento de las normas de protección medioambiental y de ejecución de actividades que generen perjuicio del medio ambiente son pasibles a responsabilidades civiles.
Advirtió que se vulneraron leyes nacionales, como la 1333 de Medio ambiente, y la Ley Departamental 98 de Conservación de Patrimonio Natural y Departamental de Santa Cruz.
En ese contexto, recordó que se remitieron notas a las instituciones que tienen tuición en estos aspectos, como la ABT y al Gobierno Municipal Indígena de la provincia Cordillera, para que remitan documentación al respecto.
En la parte administrativa, esto derivó en la destitución del subgobernador de la provincia Cordillera, bajo el argumento de que las autoridades departamentales tienen la obligación constitucional de alertar sobre las ilegalidades cometidas y cuidar del patrimonio de todos los cruceños.

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