Los pueblos indígenas han acudido a los organismos internacionales para que intercedan por ellos ante el gobierno. Foto: Antonio Terceros

La marcha de pobladores indígenas bolivianos de tierras bajas partió de Trinidad, en el departamento del Beni, a fines de agosto, para llegar 37 días después a la ciudad de Santa Cruz. Lo que se busca con esta movilización es llamar la atención del gobierno y exigir el respeto de sus territorios y su cultura, así como rechazar la ocupación de sus tierras debido a los avasallamientos o invasiones de pobladores de otras regiones del país.

La marcha denominada XI Gran Marcha de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia ha congregado a más de 500 indígenas de 34 pueblos originarios de seis departamentos —Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz—, quienes actualmente se encuentran instalados en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno.

Los marchantes llevan más de una semana en Santa Cruz esperando una reunión con el gobierno. Foto: Antonio Terceros.

Marcial Fabricano lidera esta marcha, así como lo hizo en 1990, cuando se realizó la primera marcha indígena. «En 1990 le tocamos la puerta al estado boliviano, ahora en 2021 nuevamente tocamos la puerta al Estado de Bolivia por nuestro territorio, nuestra identidad y nuestra cultura».

En 1990, la Primera Gran Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad reunió inicialmente a unas 300 personas que partieron  del Beni hacia La Paz. Tardaron 34 días en recorrer 640  kilómetros y en el camino se fueron incorporando otros pueblos indígenas.

Mujeres y niños también están presentes en la gran marcha indígena. Foto: Antonio Terceros.

En esta ocasión 26 de los líderes indígenas de aquella marcha participaron en la nueva caminata. “Ellos son los líderes principales, luego estamos nosotros los dirigentes junto a las  nuevas generaciones”, dice Abdón Justiniano presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

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El problema de la tierra

La agenda de los pueblos originarios, que ahora esperan en Santa Cruz la llegada de representantes del gobierno, tiene 15 puntos. El primero de ellos y que ha marcado la historia de las marchas indígenas en Bolivia se refiere al territorio.

Marcial Fabricano lidera la marcha indígena, luego de 31 años de haber encabezado la primera gran marcha indígena en Bolivia. Foto: Antonio Terceros.

En el documento figuran también otros pedidos como la creación de un fondo indígena, la derogación de leyes y normas que afectan a estos pueblos, así como atender los problemas de salud, educación y la aprobación de una nueva ley de Amazonía, entre otras demandas.

«Han salido a marchar para pedir el respeto de sus derechos», dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Villegas explica que en los últimos años el gobierno de Bolivia ha emitido normas que permiten realizar actividades extractivas en las áreas protegidas y en los territorios indígenas, además que se autorizan los avasallamientos en estas tierras. «La situación de los pueblos indígenas es desesperada».

Durante la caminata los indígenas recibieron apoyo de otras personas. Foto: Gran Marcha Indígena.

Un factor al que no se le da importancia —agrega Villegas— es que la ocupación de las tierras indígenas es cada vez más violenta. «El país está entrando en una escalada de violencia con tres bases: los cooperativistas mineros, los avasalladores y el narcotráfico. Actúan con violencia y están ocupando territorios».

Entre los reclamos que se hacen al gobierno de Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que también estuvo en el poder entre 2006 y 2019 con Evo Morales, están las normas que permiten  el desmantelamiento de bosques para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, y que autoriza las quemas controladas, una práctica que muchas veces terminó provocando grandes incendios forestales. También mencionan la norma de modificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) para el Beni. Todas estas son las llamadas normas incendiarias.

Por otro lado, en la lista de demandas, también se menciona el acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que permite habilitar las actividades mineras en zonas bajo protección ambiental.

La XI Gran Marcha Indígena se realiza 31 años después de la primera caminata en la que participaron unas 2000 personas. Foto: Facebook Nación Cambas.

«La expansión de la frontera para las actividades extractivas cada día es más fuerte en los territorios en todo el país», señala Yenny Noguera, integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

Noguera menciona que los territorios de los pueblos indígenas están siendo avasallados por una política extractivista y por invasores que quieren cambiar su forma de vida. «Estamos pidiendo respeto al gobierno que ha dado vía libre entregando parcelas dentro de nuestros territorios», reclama la representante de Contiocap, quien se sumó a la marcha aproximadamente en el día 15.

Al igual que Noguera, un buen número de manifestantes se unió al grupo durante el trayecto de más o menos 550 kilómetros que empezó en El Beni y terminó en Santa Cruz.  «En 1990 luchamos por lo mismo, territorio y dignidad. Hoy luego de 31 años se vuelve a marchar por el mismo objetivo: el respeto a los territorios y a los derechos indígenas. Y liderados por quienes estuvieron en 1990. Todos los territorios nos hemos sumado a esta causa», agrega.

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A la espera de la reunión con el gobierno

«Hemos hecho llegar la tercera carta de invitación al gobierno nacional para que se reúnan con nosotros en el nivel que corresponde y que merecemos», dijo Fabricano el jueves 7 de octubre, luego de enviar un tercer documento de invitación al gobierno.

Muestras de solidaridad se presentaron durante el recorrido de la XI Gran Marcha Indígena. Foto: Gran Marcha Indígena.

Desde el inicio de la marcha el pedido de los pueblos indígenas ha sido reunirse con las máximas autoridades de los cuatro poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral.

Tras la primera carta enviada por los manifestantes, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzáles, respondió invitándolos a un encuentro con una misión compuesta por los viceministros de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca, además del jefe de la Unidad de Autonomías Indígenas, Gilvio Janayo. Sin embargo esta reunión no se concretó.

Abdón Justiniano, presidente de la CPIB y uno de los líderes de la movilización, dijo a Mongabay Latam que la reunión no se concretó debido a desacuerdos sobre cómo debería realizarse este encuentro. Además, los dirigentes indígenas insisten en que la reunión debe darse con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Más de 20 pueblos originarios participan en la gran marcha indígena. Foto: Facebook Nación Cambas.

El 15 de setiembre, mientras se realizaba esta marcha, Arce se reunió con un grupo de dirigentes indígenas. “Hemos aprendido de nuestros hermanos aimaras, quechuas, guaraníes, y aprendemos ahora de nuestros indígenas del Beni, de Pando, del norte paceño, hay que unificar, hermanos”, dijo Arce en referencia al grupo que en esos momentos realizaba la caminata.

Justiniano aclara que dentro del movimiento indígena hay divisiones, por tanto, existe un sector cercano al gobierno. En ese sentido —dice el líder indígena— quienes se han reunido con Arce “han trabajado una agenda paralela a la nuestra”.

Hasta el momento no se ha concretado ninguna reunión entre los marchistas y el gobierno. Justiniano agrega que en vista de la falta de respuesta del gobierno han acudido a organismos internacionales —Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos— y otras instancias como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) para que sean interlocutores entre ellos y el gobierno.

Los pueblos indígenas esperan reunirse con los representantes del gobierno. Foto: Antonio Terceros.

«Desde la Contiocap enérgicamente pedimos el respeto a la XI marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas, sobre todo a aquellos que pretenden utilizarla para sus propios intereses políticos, partidarios y económicos», dice el líder indígena Alex Villca, representante de Contiocap.

Villca, además, pide que se detenga «el acoso del gobierno central y departamental, y que dejen de utilizar las luchas de nuestros pueblos y de aprovechar el sacrificio de nuestros hermanos indígenas marchistas», reclama el dirigente indígena.

«La cuestión es qué va a pasar si no los atiende», cuestiona Villegas del Cedib, en referencia al gobierno que hasta el momento no ha respondido a la convocatoria a reuniones de los marchistas.

Villegas agrega que el gobierno enfrenta actualmente varios problemas, uno de ellos con los cocaleros. «El problema indígena es parte del problema nacional  y de la crisis económica», finaliza.


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