¡Apóyanos! Tu aporte nos permite hacer periodismo independiente, de calidad y sobre todo útil para la sociedad. Sé un amigo/a de La Región, suscríbete. Haz click aquí para saber cómo.

La Región/ Foto referencial – archivo Mongabay Latam 

En marzo pasado se conoció que el gobierno de Jeanine Áñez admitió la evaluación técnica de la soya genéticamente modificada, tolerante a la sequía (evento HB4), en atención al pedido de uso de biotecnología del sector agropecuario. Las reacciones de ambientalistas y entendidos en el tema no se dejaron esperar. La más reciente es la de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), una institución privada, con amplia experiencia en agroecología, manejo de biodiversidad y biotecnología, entre otros.

En una nota de prensa difundida hoy, la institución advirtió que la aprobación de dicho evento, sin previos estudios científicos, “atentará contra la salud pública”. Asimismo, sería una acción ilegal, porque va en contra de la Constitución Política del Estado, la Ley de la Revolución Productiva, la Ley de la Madre Tierra, la Ley de fomento a la producción ecológica y el Protocolo de Cartagena, suscrito por el estado boliviano en el año 2000.

En el documento se explica que el gobierno transitorio ha decidido mantener el decreto supremo 3874, promulgado por Evo Morales, con el cual pretende aprobar, de manera rápida, el cultivo de una nueva soya transgénica que aumentará el efecto del agronegocio en el medio ambiente. El mismo establece que el Comité Nacional de Bioseguridad está autorizado a establecer procedimientos abreviados para evaluar la Soya evento HB4 y la Soya evento Intacta, destinados para elaborar aditivos de origen vegetal – biodiesel.

Los procesos abreviados –informa Probioma- implican la homologación de investigaciones. Por lo general, estos estudios que se toman como referencia son los que hacen las compañías que desarrollan los transgénicos, por lo tanto su objetividad queda comprometida. En Brasil y Argentina también se ha recurrido a esa metodología, sin tomar en cuenta que los ecosistemas y las condiciones ambientales son diferentes. “Estamos hablando de poblaciones vegetales que interactúan con el ambiente, por eso es necesario hacer estudios a nivel local. Es necesario conocer si la nueva especie afectará al ecosistema donde será introducida”, refiere el citado boletín.

Miguel Crespo, director de Probioma, asegura que esto significará un impacto fuerte en la contaminación del suelo y del agua. “Hasta el momento, la soya transgénica que se siembra hace 16 años en el país soporta entre 3.5 a 4 litros por hectárea de herbicida, mientras que la nueva soya va a soportar hasta ocho litros de herbicida por hectárea”.

Agregó que en el fondo se quiere beneficiar a unas cuantas empresas que son dueñas de estas semillas transgénicas. “No nos olvidemos que Bolivia ha suscrito el protocolo de Cartagena, en el que se establece un proceso gradual de consulta pública, de investigación, pruebas de bioensayo, de pruebas de campo. Esto no es una cuestión de semanas ni de meses, en otros países este proceso dura aproximadamente cinco años, incluso diez”.

En marzo pasado, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los activistas de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos manifestaron su rechazo y calificaron el ingreso de la soya transgénica HB4 como un atentado a la biodiversidad, el medio ambiente y la salud de la población. “El Conade lamenta que el gobierno de Jeanine Áñez esté llevando adelante la evaluación de un evento de soya transgénicas HB4, resistente al herbicida glufosinato de amonio y glifosato, violando la Constitución Política del Estado, la Ley 401 y la Ley 300”, indica parte del documento enviado a la mandataria.

“Lo más reprochable es que pretende incurrir en esta conducta delictiva amparado en el Decreto Supremo 3874 de Evo Morales y su anterior gobierno ecocida, con la intención de introducir esta soya al incendiado Bosque Seco Chiquitano”, señala el texto. El documento agrega que “se pretende con esta acción ejecutar un procedimiento abreviado de bioseguridad, que se constituye en una actitud agravante del hecho delictivo, más cuando el país entero está luchando contra el coronavirus y sus secuelas, esforzándose por implementar las medidas de bioseguridad necesarias para defender la salud del pueblo boliviano. La soya HB4 es un atentado al medio ambiente, a la biodiversidad y por supuesto a la salud de los y las bolivianas”.

Probioma advierte que la soya no es un cultivo fundamental para la dieta de los bolivianos. Su siembra desplaza a otros que sí son importantes como el trigo, las frutas, los tubérculos y las hortalizas. “Hoy vemos cómo se importan estos alimentos. Prefieren beneficiar a empresas que son productoras de semillas y que están asociadas a la producción de agroquímicos”, dijo Crespo.