“Durante muchos años hemos sufrido porque los interculturales están avasallando nuestro territorio”, dice Rosendo Merena, Gran Cacique del Subconsejo Tsimani del sector Yacuma, durante una conversación online con Mongabay Latam.
El líder indígena Tsimane salió desde su comunidad 10 de Junio hasta Colorado, en la provincia de Yacuma, para conectarse a Internet y contar la historia de cómo su pueblo reclama al gobierno de Bolivia que reconozca como territorio Tsimane más de 50 mil hectáreas ubicadas en el municipio de San Borja, en Yacuma, que han sido ocupadas por comunidades interculturales.
Las comunidades interculturales son grupos de personas migrantes, generalmente de los Andes bolivianos hacia las tierras bajas como la Chiquitanía y la Amazonía, que se dedican a la agricultura y ganadería.
No es el único caso de un pueblo indígena Tsimane que reclama su territorio. En el norte de La Paz, en el límite con el Beni, otras 28 mil hectáreas que deberían por ley haber sido entregadas a este pueblo indígena siguen en disputa desde la década del noventa.
“El pueblo Tsimane es uno de los más numerosos de la Amazonía. Son aproximadamente 17 000 habitantes, un pueblo reconocido en la Constitución Política de Bolivia como uno de los 34 pueblos ancestrales”, señala Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra Regional Oriente, institución que acompaña al pueblo Tsimane del sector yacuma en su demanda contra el Estado Boliviano.
Es un pueblo de contacto reciente, dedicado a la caza y pesca que vive en comunidades pequeñas dispersas en un territorio amplio que va desde las serranías de Eva Eva hasta las pampas del Beni, en la Amazonía. “El pueblo Tsimane tiene una vida itinerante y mantiene sus tradiciones. Por ejemplo, un elemento cultural importante para ellos es el sóbaqui, es decir, las visitas que realizan a su amplia red de parientes, muy distantes unos de otros, por largos periodos de tiempo. Esto genera un circuito de movilidad que requiere amplias extensiones territoriales”, cuenta Fátima Monasterio, coordinadora del Foro Social Panamazónico (Fospa).
El caso del sector Yacuma
“Los interculturales —como se conoce a las personas migrantes, generalmente de los Andes bolivianos hacia las tierras bajas, que se dedican a la agricultura y ganadería—están destruyendo nuestras tierras sin autorización de ABT [Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra]. Por eso hemos presentado una demanda para que se solucione el problema de nuestros territorios y para que nuestras familias puedan vivir en paz”, dice Merena.
Según el líder indígena, los interculturales “están como dueños” de las tierras donde habitan los Tsimane. Es por eso que “ahora estamos peleando nuestra demanda como territorio del sector Yacuma. Ojalá que las instituciones nacionales y las departamentales entiendan porque llevamos varios años detrás de este problema con los interculturales”, continúa Merena.“Queman las casas y desalojan a nuestros hermanos indígenas. Después, ellos se quedan donde vivimos los indígenas y se aprovechan porque muchos familiares de nosotros no saben cómo defenderse. Los recursos naturales se están acabando y la madera la cortan sin permiso de la ABT”, asegura.
El pueblo Tsimane de Yacuma ha interpuesto una Acción Popular —una acción de defensa de los derechos colectivos— contra la dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la dirección departamental del INRA-Beni y la dirección departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra ABT-Beni.
En el documento presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Trinidad, se indica que las comunidades Tsimanes del Sector Yacuma (TCO Ya’cama) están sufriendo una serie de atropellos. “Pareciera que para el Estado nosotros no existimos y que no merecemos una respuesta formal. La actitud del INRA es una completa vulneración a nuestros derechos al emitir resoluciones de asentamientos a terceras personas como los interculturales en nuestro territorios ancestral, sin importar nuestra condición de pueblo indígena y el derecho preferente que tenemos sobre la tierra”, dice en el documento mencionado.
La Acción Popular interpuesta explica que el 13 de julio de 2021 el pueblo Tsimane presentó una demanda de Dotación y Titulación de Tierras Comunitarias de Origen para comunidades Tsimanes del Sector Yacuma, sin embargo, indica el texto, la solicitud no ha sido respondida hasta el momento.
Por el contrario —señala el mismo documento— el 4 de agosto del mismo año (2021) el INRA-Beni envió al ABT-Beni la lista de todas las comunidades interculturales que cuentan con resolución de asentamientos dentro del territorio que el pueblo Tsimane de Yacuma reclama como suyo. Dos meses después, el 12 de octubre de 2021, el INRA departamental del Beni dispuso el desalojo de la Comunidad Indígena Tsimane Agua Salada.
“Hay 12 comunidades que están entre la zona de Yacuma, Rurrenabaque y San Borja que han quedado totalmente aisladas, desprotegidas y sin reconocimiento legal. Estas comunidades son quizá las últimas poblaciones de cazadores indígenas en la Amazonía y, por tanto, en el país”, comenta Vadillo, director de la Fundación Tierra Regional Oriente.
El problema surgió cuando el Estado boliviano realizó el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, cuenta Vadillo. En ese momento (entre los años 2001 y 2010) los Tsimanes de Yacuma no fueron considerados como comunidad porque se trata de poblaciones que viven en pequeños grupos de entre cinco y ocho familias dedicadas a la caza y la pesca. “El Estado tiene una concepción agrarista y la condición para una propiedad es la producción agrícola; cuando ve poblaciones de cinco familias no las consideran ni comunidad ni que tienen derecho a la tierra. Esas tierras las declaran de dominio estatal y las entregan a otras poblaciones campesinas de origen andino que se asientan en estos lugares”, aclara el especialista.
Así surgió el conflicto que actualmente enfrentan estas 12 comunidades y que los ha llevado a demandar al Estado boliviano por el reconocimiento de estas tierras. “En dos años el Estado no ha podido dar una respuesta ni aceptando ni rechazando su demanda por el territorio, como si no tuvieran derecho a la información y menos a la tierra. Es una vulneración de derechos absoluta”, acusa Vadillo.
El reclamo es por 54 303 hectáreas, dentro de las cuales 28 000 hectáreas están ocupadas por las comunidades interculturales.
El pasado 8 de agosto debió realizarse la audiencia para que se definiera el reclamo de los Tsimanes. Sin embargo, el INRA solicitó que se postergue el proceso y se convoque a las 30 comunidades interculturales instaladas en la zona en conflicto. Una segunda audiencia del 29 de agosto también fue suspendida y se ha fijado una próxima fecha para el viernes 1 de septiembre.
“El Estado debe buscar la forma de reconocer los derechos de los pueblos indígenas que están en esta situación y permitirles que sigan desarrollando sus propias formas de vida, sin exigirles que cambien y se asienten para poder cumplir con los requisitos agrarios de reconocimiento”, menciona Fátima Monasterio, de Fospa.
Hasta ahora, la población Tsimane había buscado otros otros lugares donde irse para evitar entrar en conflicto, explica Monasterio. El problema, dice la experta, “es que ya no tienen adónde ir y están en una situación realmente alarmante y muy vulnerable. Ellos son pacíficos, rechazan los conflictos y no tienen una organización social fuerte porque son cazadores que se organizan en grupos de pequeñas familias”.
“Esperamos que el Estado nos devuelva nuestros derechos ancestrales en nuestro territorio. Nosotros tenemos otra forma de vida y tenemos soberanía alimentaria con la caza y pesca. Pero nos están invadiendo y nos está afectando mucho, se están perdiendo nuestras medicinas naturales y nuestros bosques. Nos estás destruyendo”, señala Whitman Merena, líder indígena del pueblo Tsimane.
Lee más | Bolivia busca un modelo exportador de energía | LIBRO
Un pueblo que exige recuperar sus tierras
El Gran Consejo Tsimane también reclama al INRA que se respeten sus territorios. En este caso se trata de tierras que hasta la década del noventa eran concesiones forestales. Al concluir estos contratos, a mediados de esa década, la legislación determinaba que estas tierras pasen a formar parte del territorio indígena. Sin embargo, esta decisión no se ha concretado hasta ahora.
Desde entonces el Gran Consejo Tsimane reclama que se cumpla esa decisión. Se trata, además, de un lugar sagrado para el pueblo Tsimane asentado en el Territorio Indígena del Gran Consejo Tsimane, ubicado en el sur del Beni y el norte de La Paz. En esa zona se ubican petroglifos del pueblo Tsimane que señalaban el camino hacia la sal y hacia el lugar donde parió la mujer del dios Dojity, el creador de este pueblo.
“Son 51 comunidades interculturales que tienen resolución de asentamientos sobre aproximadamente 76 000 hectáreas. Esta área debería haber pasado a favor de los tsimanes, pero no se cumple la norma y lo que hace, más bien, es avalar estos asentamientos”, señala Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
Vargas explica que se trata de un territorio biodiverso donde además se encuentra la cabecera del río Maniquí. “En el 2007 el gobierno municipal de San Borja declaró esta zona como área de reserva y, por lo tanto, al ser un área de conservación, no debería existir la posibilidad de asentamientos. Sin embargo, el INRA no está considerando estas normas ni los derechos del pueblo indígena Tsimane, por el contrario, está promoviendo la consolidación de estos asentamientos”, cuestiona el director de Cejis.
Los primeros días de agosto el Gran Consejo Tsimane presentó ante el INRA una demanda para que se dejen sin efecto las resoluciones emitidas para estos 51 asentamientos y se titulen estas tierras a favor del pueblo indígena. El INRA aún no ha respondido esta solicitud.
Mongabay Latam contactó con el INRA para solicitar la versión de la institución sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no se concretó la respuesta.
Vargas señala que el gobierno ha anunciado que para el año 2025 se culminará el proceso agrario de saneamiento de tierras. “Lo que señalan las autoridades del INRA es que falta sanear las áreas en las que existe superposición de intereses. En ese sentido, los actores que no tienen una fuerza política y una fuerza movilizadora como la tienen los campesinos y los empresarios vinculados al agronegocio, es decir los indígenas, tienen muy pocas posibilidades de que se les reconozca formalmente esos espacios”, concluye.
