El 24 de octubre los paceños vivieron una pesadilla. A las acostumbradas marchas que recorren el centro de la sede de Gobierno, se sumó una protesta sin precedentes, protagonizada por la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman LP) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco). Tras una amenaza lanzada en días previos, alrededor de mil afiliados fueron convocados a bloquear distintos puntos de la ciudad, en demanda a un pliego petitorio presentado ya mucho antes.
El documento contemplaba siete demandas: aprobación del régimen tributario del oro, obtención de la personería jurídica de la Fecmabol, seguridad jurídica contra avasallamientos, hechos irregulares en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y Senarecom, suscripción de contratos administrativos mineros por adecuación de derechos preconstituidos con la AJAM, tratamientos ambientales en las cooperativas mineras auríferas (Sernap y ABT) y aprobación de la Ley del ente gestor.
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En el contexto nacional, Santa Cruz había iniciado un “paro indefinido” en demanda de un censo de población y vivienda para 2023, por lo que la solución al conflicto minero no demoró. Tras dos días de protesta, el 26 de octubre se conoció un primero acuerdo para “desmovilizar” a las bases. El mismo tiene que ver con el pago de un impuesto único al valor bruto de venta de oro de 4,8%, según reportó la agencia de noticias ABI.
Sin embargo, restaba cerrar otros puntos del pliego. El más importante después del tiributario, según dijo uno de los dirigentes a la red Unitel: el tema medioambiental. Por tanto, la segunda reunión tendría que sostenerse con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) principalmente. La noche del pasado 27 de octubre, luego de una accidentada sesión, finalmente, medios de prensa como la Agencia de Noticias Ambientales titularon: “Gobierno y mineros cooperativistas: acuerdan entrega de áreas protegidas a la extracción aurífera”. Pero, ¿por qué el acuerdo genera indignación y pone en riesgo a áreas protegidas como Madidi, Cotapata y Apolobamba?
Mira el acuerdo firmado:
Consultamos al experto en temas legales de minería e investigador del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib), Pablo Villegas sobre este tema, sus alcances, el contexto, y qué podría pasar a partir de ello.
La Región (L. R.): ¿Qué viabiliza el acuerdo entre mineros cooperativistas y el Gobierno?
Pablo Villegas (P. V.): El reclamo de los mineros ha sido constante, porque no les abren las áreas protegidas como ellos quisieran. Una de las causas puede ser la burocracia (para obtener autorizaciones e informes medioambientales) y, claro, ellos esperan que les paguen el favor (político), eso fue lo que vinieron a exigir (a La Paz).
L. R.: ¿Entonces lo que el acuerdo hace es acelerar esos trámites?
P. V.: Si usted recuerda, en 2016 hubo un conflicto donde mineros asesinaron a un viceministro. El Gobierno hizo aparecer el problema como si se tratara de la sindicalización de los trabajadores de las cooperativas. Pero en realidad fueron otras causas y cuento eso porque tiene que ver con la situación actual. Hubo un pliego petitorio en el que los cooperativistas pedían primero una serie de ventajas como: energía eléctrica barata, instalaciones hasta sus minas, que corra a cuenta del Gobierno. Que Vinto acepte sus minerales de baja ley, porque no se los aceptaban. Pero también pedían algo que ellos impusieron en la Ley de Minería (promulgada en 2014): que se les abra las áreas protegidas.
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Esto es importante, porque si usted ve esta Ley, abre todo el territorio nacional a la minería: ríos, fuentes de agua. Claro, lo hacen con evaluación de impacto ambiental (previo), pero ya sabemos cómo son esas evaluaciones. Ellos (los mineros) ya pedían eso (acelerar los trámites) y estaban furiosos porque no les abrían las áreas protegidas para explotar, y no es que no les daban (vía libre) por preservar la soberanía nacional, sino porque (el trámite) es una burocracia.
L. R.: ¿Y qué pasa con los pueblos indígenas?
P. V.: Bolivia es un Estado Plurinacional, pero vemos que un sector (los mineros cooperativistas) puede venir y entrar a esas naciones indígenas. La prensa siempre habla de áreas protegidas y ríos envenenados, pero gran parte de las áreas protegidas son territorios indígenas y es extraño que no se hable de ellos.
Los pueblos indígenas, que tienen territorio y son parte del Estado Plurinacional, no tienen ningún poder para frenar esto. Cuando un pueblo indígena solicita un territorio, lo hace en base a antecedentes históricos, es decir, los territorios indígenas se otorgaron como un acto de reparación histórica a la época de la colonia. En cuanto a los derechos preconstituidos o adquiridos, la ley dice: “anteriores a la promulgación de la presente ley, o que hubieran obtenido de acuerdo a la legislación vigente anterior”. Y muchos territorios son anteriores a la Ley. Es simple: no puede haber un derecho superior al de los pueblos indígenas.
L. R.: Entonces, ¿hay algo legal que se pueda hacer sobre el acuerdo mineros-Gobierno?
P. V.: La Constitución Política del Estado y tratados internacionales están por encima de las otras leyes (Minera, medioambiental), pero no hay instituciones específicas para defender a los pueblos indígenas. Tendrían que recurrir al Tribunal Constitucional cuando se hizo la Ley de Minería y no recuerdo si lo hicieron. Pero normalmente los tribunales constituciones, no solo en Bolivia, siempre dan fallos salomónicos, o sea, mitad y mitad. Por ese y otros aspectos se debió haber parado la ley en su momento.
Ahora, para ir a un tribunal internacional, primero se tienen que agotar los trámites en Bolivia. Si vemos toda la estructura legislativa que ha venido haciendo el MAS, son leyes que no establecen instancias de apelación.
Por ejemplo, dónde van a apelar una evaluación de impacto mal hecha o con la que no están de acuerdo (los pueblos indígenas), si es al mismo Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En el caso de Minería, el que hace la consulta previa es el mismo Ministerio de Minería, a través de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera). Lo propio el Ministerio de Hidrocarburos lo propio a través de sus instancias. Son instancias comprometidas, no son neutrales: son juez y parte.
Ni siquiera la Corte Electoral tiene autoridad. La Ley Electoral respecto a la consulta previa, dice que el resultado no es vinculante. Quiere decir que el Estado puede llegar a acuerdos y no tiene la obligación de cumplirlos, cuando el Convenio 169 de la OIT dice: el objetivo de hacer la consulta previa es llegar a acuerdos. Pero acá, no.
Si comparamos con el caso de los mineros, según la Ley, para tener acceso a sus áreas, pueden hacerlo cuando su personería está en trámite. Si usted trabaja en un medio de comunicación que no tuviera personería jurídica, no podría haerlo. Pero los mineros, sí, para ellos está abierto.
L. R.: ¿Eso significa que no todos somos iguales ante la ley?
P. V.: Hemos enterrado el principio de que todos somos iguales ante la ley, porque existe una casta (minera), cuyos intereses están por encima de los demás. Para justificar los intereses del sector minero, se hablaba de “interés estratégico o necesidad pública”. (Entonces) se introduce la necesidad estatal, una especie de monarquía, porque el Estado aparece ilegalmente como un sector cuyos intereses son distintos a los de la sociedad.
Una parte de la ley (Minera) dice que los mineros que han adquirido derechos antes de la declaración de territorios indígenas, tienen derechos adquiridos. Es decir, ha dado nacimiento a un nuevo país, terriblemente retrógada. Siembra violencia. Esto ocurre, porque el minero tiene derecho al subsuelo, no a la superficie. Para el uso del suelo tiene que hablar con los dueños (pueblos indígenas o comunidades campesinas).
Y lo que hace la ley es otorgar todos los derechos al minero sobre la superficie y disfraza esto con el diálogo como acuerdo de partes. Aquí es donde se siembra la violencia, porque hay una parte débil y otra fuerte. El Estado deja que hablen entre partes, y es como si un juez dejara que el varón que golpea a una mujer lleguen a un acuerdo.
Esta ley da lugar a un nuevo país. Hay una disposición que castiga a quienes se opongan a las actividades mineras, y dice: “medidas de hecho o de cualquier otra forma”. Además, castiga a los autores intelectuales, que puede ser cualquiera. Y no existe ley similar para periodistas, agricultores, es solo para el sector minero.
