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Trescientas organizaciones de productores, organizaciones civiles, asociaciones, colegios de profesionales y colectivos urbanos, entre otros, enviaron una carta abierta a la presidenta Jeanine Áñez. Rechazan los Decretos Supremos 4232 y 4238, firmados durante su gobierno; y el 3874, firmado por Evo Morales. Los demandantes aseguran que estas disposiciones “atentan contra el derecho humano a la alimentación de los bolivianos”, porque permiten la introducción de eventos transgénicos al país.
El documento, con fecha de recibido el 18 de mayo en Palacio de Gobierno, refleja también el sentir de 14 mil ciudadanos, quienes con sus firmas digitales se sumaron a la demanda de los organismos citados.
Asimismo, en la misiva se exige la abrogación del decreto 3973 y la Ley 741, que permiten el chaqueo y desmonte, “con el fin de ampliar la frontera agrícola”.
En un pronunciamiento nacional, se argumenta que el uso de transgénicos para maíz, soya, caña de azúcar, algodón y trigo provocará un aumento exponencial del uso de agroquímicos. Asimismo, se explica que hay evidencia científica de casos presentados en Argentina, Estados Unidos y Francia, donde hay daños al medioambiente, la salud humana y la biodiversidad.
Además, el Estado boliviano “no ha hecho investigaciones serias e independientes” sobre el impacto, ya que solo se ha escuchado a sectores empresariales; no a la sociedad civil.
En contrapartida, se sugiere el fomento y apoyo a la agricultura familiar, la agricultura ecológica, orgánica, biológica, urbana y periurbana, así como el reconocimiento y respeto a la agricultura ancestral campesina e indígena.
Entretanto, esta semana se conoció que una fracción de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), para la “transferencia de tecnología”.
Ante la situación, la denominada Cidob orgánica del país, emitió un comunicado en el que lamenta dicha alianza. “La CIDOB del ex Gobierno del MAS a la cabeza de Pedro Bare y que hoy está a la cabeza de Gregorio Alexander Quetty Medina, ha suscrito una alianza de cultivo de semilla transgénico con la CAO, con el objetivo de destruir los bosques de los territorios indígenas ancestrales, sin consultar a las bases”, detalla un manifiesto difundido el martes. En ese contexto, se declaró en estado de alerta y desconoció el convenio.
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