Ross Mary Machaca

La no titulación de sus tierras y los proyectos extractivos amenazan sus territorios y violan los derechos de los habitantes de la Amazonía, denunciaron indígenas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil, en un foro internacional.

Las indígenas mencionaron algunos de los daños causados por los proyectos ejecutados y actuales que se enmarcan en modelos de desarrollo netamente extractivas relacionados, principalmente, con minería, hidrocarburos, mega infraestructuras como las grandes represas, agroindustriales y madereros, que han invadido sus territorios ancestrales e incluso áreas protegidas con el respaldo de los gobiernos. Estas actividades violan sus derechos, sobre todo porque no realizan la consulta previa e informada como mandan las normas internacionales.

La indígena peruana Rossmery Arique, miembro de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), explicó que su mayor problema es la sobreposición de los territorios indígenas con las concesiones que el Estado otorga, principalmente, para las operaciones mineras, madereras y castañeras.

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La indígena peruana Rossmery Arique, representante de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes- (Fenamad), durante su presentación en el Foro.

Arique denunció que la explotación minera está devastando la biodiversidad de la zona y que no pueden sembrar, ni consumir el agua y los pescados porque están contaminados con mercurio. “Falta un ordenamiento territorial y acciones concretas para resolver los conflictos. Esto se da por la falta de voluntad política del gobierno”, dijo.

La brasileña  Iremar Ferreira, del Instituto Madeira Viva (IMV), lamentó que el modelo de desarrollo de las empresas, corporaciones y gobiernos no considere la vida de los habitantes de la Amazonía.

“Yo vivo en una comunidad campesina que lucha contra las represas en el río Madeira. (…) frente a las hidroeléctricas, frente a este modelo de desarrollo que afecta nuestro modo de vida”, dijo.

En la comunidad de Ferreira la producción es comunitaria, agroforestal y ecológica. “Nosotros tenemos que producir nuestro propio alimento. No podemos ser dependientes de las corporaciones, de las semillas transgénicas, tenemos que garantizar nuestras propias semillas para seguir produciendo alimentos para nuestras comunidades. Eso queremos fortalecer cada día más”, explicó.

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Panel de indígenas que expusieron sobre los problemas que atraviesan sus comunidades.

Denunció que la presión es fuerte para sacar a los indígenas y campesinos de sus territorios, para avanzar con los proyectos planteados por el IIRSA (hoy Cosiplan), del cual Brasil es pionero en cumplir con esa agenda.

Lamentó que entre Bolivia y Brasil, no haya una agenda conjunta para hacer frente a los planes de sus gobiernos para construir la hidroeléctrica binacional Riberao en el río Madera; que además incluye a la hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, en territorio boliviano.

“No tenemos un comité de cuenca para pensar mejor sobre este proceso. Ni Bolivia ni Brasil ha exigido esto y siguen con la propuesta de construir Cachuela Esperanza y Riberao, sin consultar a los pueblos. Será el sacrificio de unos para el bien de la nación”, dijo Ferreira.

En Colombia los asentamientos ilícitos y las empresas madereras presionan los territorios indígenas. De los 103 pueblos nativos que la habitan, 63 están ubicados en la Amazonía colombiana. El pueblo Tucumayo, que tiene 6 millones de hectáreas, es considerado uno de los territorios colectivos de pueblos indígenas más grande en el mundo.

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Belkys Herrera, de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia  Colombia (OPIAC),  señaló que tienen la responsabilidad de mantener a la Amazonia como sus ancestros la han tenido desde hace miles de años, pero que debe ser una responsabilidad compartida porque todos se benefician de ella, no solo los indígenas.

Resaltó que en la época de la extracción del caucho, eran unos 200 mil indígenas y hoy no pasan de 6 mil. Y ahora que están tumbando los árboles para los cultivos y  la ganadería a gran escala, corren el peligro de ser exterminados, alertó Herrera.

Los pueblos indígenas en Colombia hemos ganado muchos espacios, muchos derechos, pero no ha sido fácil, ha sido fruto de muchas luchas, marchas, asesinatos, persecuciones y eso no ha cesado, remarcó la colombiana.

Contó que la consulta previa, un mecanismo usado para detener los proyectos extractivos en sus territorios, es amenazado por el nuevo gobierno, que los tilda de querer frenar el desarrollo de Colombia. “Vamos a luchar, porque es uno de los derechos fundamentales de los indígenas y está en riesgo -más que el derecho a la consulta- la vida, el derecho al territorio, a la vida de nuestros hijos y a las nuevas generaciones”, manifestó.

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La ecuatoriana Mónica Patricia Chuji, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAJE), señaló que en su país hay un abandono del proceso para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y que incluso ha habido un retroceso, como en el derecho al territorio, a la consulta libre, previa e informada, a la cultura, a la participación y a la resistencia. “Esos derechos han sido violentados por gobiernos en la última década”, dijo.

Actualmente, enfrentan un conflicto por la intención que existe de entrar a explotar petróleo en un área aún no intervenida, por lo cual reclaman a su gobierno que respete los derechos de la Madre Tierra.

La indígena uchupiamona Ruth Alipaz, representante de Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi. Habló sobre la amenaza que representa el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala para los indígenas de Pilón Lajas y del Madidi.

La indígena uchupiamona Ruth Alipaz, de la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Quiquibey y Tuichi (Bolivia), reclamó nuevamente el que el gobierno no haya realizado la consulta previa, libre informada a los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas donde avanzas los estudios para la construcción de las hidroeléctricas Chepete y El Bala.

“Dijeron que no está construido. Dios quiera que no se construya (…), porque ahorita con los estudios que hacen ya se han violado derechos, porque Geodata (la empresa contratada para realizar los estudios del proyecto) ingresa a nuestro territorio sin  nuestro consentimiento, violando todo lo que está establecido en el Convenio 169 (OIT) y en la Constitución Política del Estado que dice que se debe consultar antes de cualquier acción”, manifestó.

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Denunció que el gobierno los chantajea para que aprueben el proyecto que va a inundar sus territorios. “Vivimos en constante incertidumbre, presión y acoso”, dijo.

Seis territorios indígenas (mosetén, chimán, leco, ese ejas, tacana y uchupiamona)  van a ser afectados por esas Hidroeléctricas, además de cinco ríos (La Paz, Kaká, Quiquibey, Beni y Tuichi), explicó.  “Por suerte no está hecha la hidroeléctrica, hay que defenderlos pues antes de que se haga”, señaló.

Estas denuncias fueron realizadas en el marco del “V Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural” que se realizó la última semana de octubre, en la ciudad boliviana de Cobija, Pando. En el evento, organizado por  el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), líderes indígenas y campesinos de distintos países que conforman la Amazonía denunciaron los atropellos que sufren y plantearon algunas acciones para cambiar la situación.

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