Comunidades originarias de la Nación Lípez, en Potosí, se declararon en emergencia tras conocer a fondo el Decreto Supremo 2311, aprobado en 2015, durante el gobierno de Evo Morales. El documento, que delimita cada uno de los 20 salares bolivianos considerados para la explotación del litio tanto en la Ley Minera como en dicho decreto; “afecta bofedales y ojos de agua que circundan a las lagunas y salares”, se lee en el texto emitido en marzo pasado, al que La Región tuvo acceso.
Tal decreto, “que se realizó sin consulta previa como establece la Constitución Política del Estado y normas internacionales sobre derechos de pueblos originarios”, afectaría a comunidades que viven en los alrededores de los mencionados salares, como Pastos Grandes, entre otros. En estas regiones, ayllus originarios de la Nación Lípez viven de la agricultura y la ganadería de auquénidos como las llamas. Esto porque las delimitaciones no se circunscriben a los límites naturales de los salares y las lagunas saladas, sino que abarcan superficies mayores. “En algunos casos, (superficies) muchísimo más grandes que las propias costras salinas o el área de las lagunas: dos kilómetros, hasta ocho kilómetros más allá de límite natural, del borde de la costa salina o de la laguna, y eso implica que están abarcando muchos lugares donde hay ojos de agua, bofedales y zonas de pastoreo”, explica Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
El tema de afectación del agua por la explotación del litio para convertirlo en carbonato de litio, entre otros productos industrializados, no es reciente en la zona. El año pasado, el medio inglés Diálogo Chino reflejó la preocupación de comunidades que están en los alrededores de los salares de Pastos Grandes y Uyuni en Potosí, ante la falta de información precisa y concreta de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB).
La posición de pueblos indígenas de otros países
Asimismo, también en marzo pasado, líderes indígenas de Bolivia, Chile y Argentina, considerado el “triángulo del litio en América Latina”, por las reservas del mineral; manifestaron su preocupación por el tema del uso del agua y la situación de los derechos humanos de pueblos indígenas originarios que están en los alrededores de los salares. En este caso, Catamarca, Cuenca de Salinas y Laguna de Guayatayoc (Argentina); Salares de Atacama, Copiapó y Maricunga (Chile), así como Salares y Lagunas Saladas ubicadas en la Nación Lípez de Bolivia.
En tal encuentro, se presentaron investigaciones académicas “que respaldan las afectaciones de los Salares de Atacama (Chile) y Hombre Muerto (Argentina), por la explotación de más de 30 años”.
El tema central fue el daño que sufren tanto comunidades indígenas “por la explotación de mineras que están acabando con el agua dulce”, y el impacto contra la biodiversidad, ya que los salares son ecosistemas que tienen yacimientos ricos en litio, de los que dependen poblaciones indígenas, así como flora y fauna. En ese contexto, desempeñan funciones ecológicas en la regulación del clima y los ciclos del agua.
La incertidumbre
En el caso de Bolivia, las reservas fueron cuantificadas en 23 millones de toneladas de litio. Aunque tal cifra no fue certificada, se supone que es el país que lidera las listas en el mundo.
El año pasado, el gobierno de Luis Arce Catacora firmó convenios con empresas chinas y rusas para construir plantas de Extracción Directa de Litio (EDL) con capacidad industrial. Ello generó la reacción de las comunidades indígenas que están alrededor de los salares, más cuando conocieron a fondo el Decreto 2311 de 2015.
“Ese anuncio (de iniciar la construcción)en junio del año pasado, prometía iniciar actividades en julio. El Gobierno creía que iba a ser de inmediato, pero en realidad, se necesita hacer muchos estudios previos para poder diseñar una planta (de industrialización), más aún si va a tener capacidad industrial. Los dos aspectos clave son: las condiciones hidrogeológicas (cuánta salmuera hay, cuánta agua dulce hay). Y cómo son las dinámicas hidrogeológicas”, explica Mondaca, experto en la temática.
Como se necesita esos datos para el diseño de las plantas, continúan las investigaciones necesarias. Sin embargo, las comunidades no fueron informadas oportunamente ni con el detalle necesario, por lo que exigen primero saber qué pasará en sus territorios, especialmente con el uso del agua dulce.
Ello sin contar que el Salar de Pastos Grandes es parte del sitio Ramsar de los Lípez, lo que significa que es considerado un humedal de importancia para la comunidad internacional.
“Ante el riesgo de dañar estos ecosistemas, se ha planteado que se utilice las normas del convenio Ramsar para la protección de estos sitios”, finaliza Mondaca.
