Las zonas marcadas por la minería ilegal de oro están presentes en los nueve países amazónicos. Así lo muestra un estudio publicado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), que identificó 49 sitios en donde esta actividad ilícita provoca deforestación, así como la contaminación de suelos y ríos.
El estudio publicado por MAAP en octubre de 2023 documentó la existencia de 58 lugares en bosques y ríos en donde se realiza minería; en 49 de ellos, la actividad es ilegal.
“Este no es un problema de la Amazonía, es un problema global. Hay que insistir en ello porque La Amazonía es un ecosistema estratégico para la salud del planeta. Europa, Estados Unidos y todo el norte tienen que mirar con cuidado lo que está ocurriendo en la Amazonía”, señala Jesús Olivero-Verbel, coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, en Colombia.
El reporte de MAAP también documentó que hay 16 zonas con minería ilegal dentro de áreas naturales protegidas; además de 20 sitios en donde se realiza esta actividad ilícita y que se localizan en territorios indígenas.
El informe se sustenta en imágenes satelitales recogidas por MAAP, así como en datos automatizados de Amazon Mining Watch e información de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG).
Un problema regional
“Lo que estamos viendo es una situación sin precedentes. Y no hay ninguna señal ni nacional ni internacional para que esto se detenga. Estamos generando un proceso de gran contaminación ambiental en la Amazonía”, comenta Olivero-Verbel.
Olivero-Verbel advierte que “si seguimos destruyendo la Amazonía al ritmo actual, el cambio climático va a exacerbarse mucho más rápido de lo que está ocurriendo en la actualidad”.
La Amazonía —recuerda— tiene la capacidad de modular los cambios climáticos que estamos observando de forma severa en el planeta, por tanto, “lo que ocurre la Amazonía no es un problema solamente de los países amazónicos”.
En el mapa que presenta el reporte de MAAP muestra la deforestación causada por la minería ilegal en el sur de Perú, el este de Brasil y gran parte de Ecuador.
Una alta concentración de la minería ilegal también está presente en los ríos de la Amazonía norte de Perú, así como en los ríos limítrofes entre Colombia y Brasil.
“El reporte es importante porque provee una guía actualizada y precisa sobre el estado de la minería, especialmente la ilegal, a través de la vasta Amazonía multifrontera. Esperamos que los gobiernos y la sociedad civil puedan utilizar esta información para planificar mejor estrategias a través de fronteras”, señala Matt Finer, autor del reporte.
El informe de MAAP muestra que las áreas naturales protegidas más afectadas por la minería ilegal son el Parque Nacional Podocarpus, en Ecuador; el Parque Nacional Madidi, en Bolivia; y los parques nacionales Canaima, Caura y Yapacana, en Venezuela. Además, se registran las invasiones de la Reserva Nacional Tambopata y Reserva Comunal Amarakaeri, en la región sur de Madre de Dios, en Perú.
En reporte también señala que los territorios indígenas más afectados por la minería ilegal son Kayapo, Menkragnoti, Yanomami y Mundurucu, en Brasil; el pueblo Shuar Arutam, en Ecuador, y varias comunidades del sur del Perú.
“Lo más importante de la Amazonía es lo que está por encima del suelo, es decir, toda su biodiversidad. Pero estamos utilizando el oro y otros elementos que están debajo de ese suelo”, comenta Villa. “Es un sistema de desarrollo económico totalmente ilógico, porque además de extraer aquello que tiene poca utilidad, el oro realmente tiene poca utilidad a nivel mundial, lo explotamos contaminando los ríos de manera inmediata por la utilización del mercurio para la extracción del mineral”.
Villa resalta que además de los problemas que ocasiona el mercurio, la minería está causando deforestación que “es exageradamente alta y no estamos cuidando un ecosistema vital para nuestra supervivencia. Como planeta debemos poner los ojos en la Amazonía, porque la situación es dramática”.
Cesar Ascorra, director nacional del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), en Perú, señala que los problemas, amenazas y desafíos que enfrenta la Amazonía no tiene fronteras, por tanto, “el abordaje de sus soluciones debería ejecutarse en conjunto por todos los países amazónicos”.
En ese sentido, Ascorra se refiere a la Cumbre Amazónica —realizada el pasado agosto en Brasil— que entre sus acuerdos está el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), institución clave para responder articuladamente en la lucha contra la deforestación y la minería ilegal.
El director de Cincia considera que los acuerdos de la OTCA deben ser vinculantes y de cumplimiento obligatorio para que estos sean efectivos. Sin embargo, lamenta que los acuerdos oficiales a nivel de gobiernos avancen muy lento.
Ecuador: un preocupante incremento de la minería
Desde Ecuador, Jorge Villa, especialista SIG y Sensores Remotos de Ecociencia, señala que en la última década y, principalmente desde el 2020, ha aumentado la minería en la Amazonía ecuatoriana.
“Desde 2015 al 2021 hubo un crecimiento del 300 % que, adicionalmente, ha causado la deforestación de más de 7 000 hectáreas, un impacto muy fuerte en el país”, señala Villa.
Otro reporte de MAAP, específicamente sobre Ecuador, señala que En total, la deforestación causada por la actividad minera alcanza una superficie total de 7495 hectáreas.
Villa explica que desde el 2021, en diferentes sectores de la Amazonía ecuatoriana, se ha incrementado la minería fuera del catastro minero —sectores con concesiones y permisos—; en esos sitios, la minería se considera irregular no estrictamente ilegal, pues muchas veces los gobiernos locales autorizan esta actividad.
El experto de Ecociencia menciona, sin embargo, que en los parques nacionales y las reservas ecológicas está completamente prohibida la minería, por tanto, en estos lugares es ilegal. “El hallazgo más grande de minería ilegal ha sido al interior del Parque Nacional Podocarpus”.
En otras áreas de conservación, como los bosques protectores, la minería es permitida. No obstante, Villa señala que la minería está causando consecuencias negativas en todos los ecosistemas.
Perú: de Madre de Dios a Loreto
En Perú, el estudio de MAAP muestra dos zonas de la Amazonia con alta presencia de actividad minera. La región de Madre de Dios, en el sur, y la región Loreto, en el norte. En esta última, la minería ilegal en los ríos se ha incrementado significativamente desde 2020.
César Ascorra, de Cincia, recuerda la Operación Mercurio, un operativo que se realizó en febrero de 2019 en la zona denominada La Pampa, en Madre de Dios, el lugar más impactado por la minería ilegal en Perú.
“La Operación Mercurio inicialmente tuvo un impacto de erradicación casi al 100 % de la actividad minera de zonas no permitidas. Sin embargo, la falta de presencia del Estado en todo el territorio nacional hizo que los ilegales de esta zona se trasladen ha lugares donde el Estado está ausente”.
Hubo migración hacia el río Pariamanu —señala Ascorra— y a otras zonas cercana a áreas protegidas, así como la migración de mineros ilegales desde Madre de Dios a otras regiones. “Amazonas y Loreto han sido la primera esponja que recibió esa migración de mineros ilegales después de la operación mercurio. La tecnología del dragado, de la bomba de succión la llevan a Loreto”.
Ascorra señala que en Loreto, un departamento mucho más grande que Madre de Dios, es más fácil la expansión de lo ilícito por la extensión y la falta de conectividad. “Actualmente hay alrededor de ocho cuencas con minería ilegal y una gran cantidad de dragas en ellas”, comenta.
El reporte de MAAP muestra la presencia de minería ilegal en nueve ríos del departamento de Loreto: Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Cotuhé, Nanay, Mazán y Marañón. Mientras que en el departamento de Amazonas, también en el norte de Perú, la presencia de la minería ilegal se registra en los ríos Santiago y Cenepa.
En reportaje publicado en Mongabay Latam en julio de 2023 da cuenta del incremento de esta actividad ilícita en el río Nanay. En la publicación se indica que desde el año 2023, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto registró más de 100 dragas sólo en el Nanay.
El Putumayo es otra cuenca fuertemente impactada por la extracción ilegal de oro. Este río que marca el límite fronterizo con Colombia es una zona acorralada por la presencia de mineros ilegales, narcotráfico y grupos armados: Esta ilegalidad se ha convertido en amenaza permanente para las comunidades indígenas que viven en esta frontera.
En el sur de Perú, principalmente en Madre de Dios, pero también en Cusco y Puno, se ha establecido la minería ilegal.
Colombia: contaminación por mercurio
De acuerdo con el estudio de MAAP, la minería ilegal en Colombia está presente en el río Putumayo, en la frontera con Perú, y en el río Puré, en la frontera con Brasil, así como en la Reserva Nacional Natural Puinawai.”Hay varias regiones en Colombia que están experimentando este problema, pero dos me parecen de extrema gravedad. Estas son el Chocó biogeográfico y la Amazonía”, señala Jesús Olivero-Verbel, de la Universidad de Cartagena.
El problema principal radica en que se están envenenando los ríos —considera Olivero-Verbel—, porque están recibiendo cantidades importantes de mercurio, utilizado para extraer el oro directamente del cauce de los afluentes.
“El mercurio es un elemento altamente tóxico que es biomagnificable, eso significa que la concentración del metal aumenta con la posición de la especie en la cadena alimenticia”, explica Olivero-Verbel. “Los humanos estamos en la parte alta de la cadena alimenticia y, por tanto, el impacto de la toxicidad del mercurio la recibimos nosotros. Prueba de ello son los estudios de los niveles de mercurio en comunidades indígenas en el Amazonas cuya principal fuente de alimentación es el pescado”.
Olivero-Verbel comenta que actualmente los pueblos indígenas reciben todo el impacto del mercurio a través de la cadena alimenticia y que esto los está enfermando de manera severa.
Bolivia: minería aurífera en el corazón de las áreas protegidas
“Bolivia tiene una particularidad con respecto a la minería aurífera con respecto a los otros países y es que la mayor parte de la minería la realizan las cooperativas mineras que, entre comillas, son pequeñas entidades mineras pero en la práctica funcionan con grandes capitales y maquinaria”, explica Oscar Campanini, director ejecutivo en el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Campanini también explica que prácticamente se puede realizar minería en todo el país, pues los lugares restringidos apenas alcanzan a las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas.
“Desafortunadamente si existe actividades mineras en las zona catalogadas como restringidas. Y está ocurriendo principalmente en el Parque Nacional Apolobamba, en el Parque Nacional Madidi, en el norte de La Paz y en Reserva de la biosfera Pilón Lajas”, comenta Campanini.
El estudio de MAAP muestras estos dos parques nacionales —Madidi y Apolobamba— como zonas de alta concentración minera. En el mapa también se observa que los ríos Madre de Dios y Beni tiene presencia de minería ilegal.
Recientemente, las cooperativas mineras realizaron una marcha y tomaron las instalaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para exigir que se les permita realizar la actividad dentro de estos espacios.
El director de Cedib menciona que, según las autoridades, actualmente son diez las áreas protegidas que están afectadas por la presencia de la minería aurífera ilegal. “Están en la reserva Eduardo Barúa, la Reserva Amazónica Manuripi, en los parques nacionales Otuquis, Amboró, el Tunari, Cotapata, San Matías, además de los tres ya mencionados”, puntualiza Campanini.
Venezuela: la amenaza en los pueblos indígenas
“En los últimos años, desde 2016 en adelante, la minería ilegal ha tenido un crecimiento exponencial. Esto debido a la crisis política venezolana y al boom del precio del oro de los últimos años”, señala Luis Salas, director ejecutivo de Wataniba, en Venezuela.
Salas comenta que los estados con mayor presencia de minería aurífera son Bolívar y Amazonas. “En Bolívar se concentra minería legal e ilegal, pero en el estado de Amazonas está prohibida esta actividad, desde la década de los ochenta, por lo tanto, ahí toda minería es ilegal”.
En Venezuela, el reporte de MAAP señala como zonas con presencia de minería ilegal los parques nacionales Caura, Camaina y Yapacana, así como los territorios indígenas Yanomami y Baranita.
El director de Wataniba señala que, de acuerdo con el monitoreo realizado por su institución a través de imágenes satelitales y con información de las comunidades indígenas de las zonas, los lugares con mayor presencia de minería son la cuenca del río Caroní, el estado de Bolivar, los territorios Yanomami, en el Alto Orinoco, y el Cerro Yapacana, en el estado Amazonas. Este último fue desmantelado recientemente por el gobierno en la operación Autana.
“Yapacana es un monumento natural con biodiversidad importante. Y, según el gobierno, en el campamento minero instalado en el lugar había más de 10 000 mineros ilegales”, indica Salas.
De acuerdo con estimaciones realizadas por Wataniba, la superficie terrestre directamente afectada por la minería del oro llegó a unas 33 900 hectáreas en 2019, cifra que se elevo a 133 700 para 2021. “Un crecimiento del 294 %”, indica Salas. “El recrudecimiento de la crisis nacional, avivado por los efectos de la pandemia global, jugó un rol protagónico en este crecimiento”, agrega.
En las comunidades indígenas —señala Salas— existe presiones por la presencia de grupos armados y la captación de comuneros para trabajar en las minas. “Esto crea indefensión en las comunidades indígenas afectadas por las actividades ilícitas cometidas por grupos ilegales; también hay desestructuración de formas de vida históricas y tradicionales, pues muchos abandonas sus comunidades para trabajar en las minas”, dice Salas.
Olnar Ortiz, abogado del pueblo Baré y coordinador de Pueblos Indígenas de la organización civil Foro Penal, dice que “la situación de la minería en Venezuela es grave. No solamente desde el punto de vista ecológico, sino porque está afectando a muchos pueblos indígenas de los estados de Bolívar y Amazonas que han sido desplazados”.
Ortíz señala que en el caso del estado de Amazonas son varios los municipios impactados por esta actividad. Además de Yapacana, dice, están los municipios de Autana, de Río Negro, de Alto Orinoco.
“En Río Negro el impacto negativo ha sido tremendo, desde el punto de vista social y también de salud de nuestros hermanos indígenas, porque se ven enfermedades que anteriormente no había”, dice el líder indígena.
Ortíz también menciona la violencia que se vive en las comunidades indígenas por la presencia de grupos armados y los asesinatos a los líderes indígenas y defensores ambientales por denunciar la presencia de minería ilegal y el narcotráfico.