¿Cómo se investigó el tráfico de jaguares, escarabajos y madera ilegal en Bolivia?

El periodista Eduardo Franco Berton revela hallazgos no publicados de tres indagaciones que causaron impacto porque desvelan la forma en que operan las mafias en Bolivia.

La Región

Bolivia es parte del circuito mundial de tráfico ilegal de fauna y flora. Esa es una de las conclusiones más lacerantes a las que se llega luego de investigaciones someras de compra-venta de partes de jaguar, escarabajos Dynastes satanas o “rompe focos” y madera mara, entre otros.

En todos los casos, se trata de “secretos a voces” que hasta ahora no habían sido verificados y de los que no se conocía a fondo la forma de operar de los traficantes, tampoco los destinos ni las rutas por las que estas valiosas piezas de la biodiversidad boliviana terminan en países como China, Estados Unidos o Japón. Aunque aún falta validar varios indicios, el hecho de introducirse a ese submundo ya es un logro.

La alta demanda o el mercado, como en todo proceso capitalista, definen la proliferación de personas dedicadas al ilegal negocio, así también el cambio constante en la forma de operar de los involucrados cuando se detecta su irregular actividad.

Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó el periodista Eduardo Franco Berton, cuyo trabajo ha sido publicado en Nat Geo y Mongabay, gracias a financiamientos de la Earth Journalism and Network, entre otros.

Aquí algo de la información que quedó “en el tintero” y cómo surgieron aquellas investigaciones.

“Perú y Bolivia tienen nexos en el tráfico del jaguar”

El caso del tráfico de piezas de jaguar se conoció en 2014. Los diarios La Razón de La Paz y Los Tiempos de Cochabamba dieron a conocer los primeros indicios de lo que sucedía. Hasta ese momento se sabía que ciudadanos chinos compraban las piezas y una persona había sido detenida.

Las fuentes de Franco le comentaron que los restos eran llevados a Perú por Ixiamas, al norte de La Paz, pero hasta entonces no se había dado una indagación trasnacional.

Para septiembre de 2018 ya el diario El Deber de Santa Cruz publicó “Los colmillos de la mafia”, en el que el periodista Roberto Navia reveló varios detalles sobre este ilícito. “Yo, entre tanto, mantenía la información de que en Perú también estaba sucediendo (el tráfico), incluso en la Amazonia, en la zona de Iquitos”, dice Eduardo.

Un cráneo de jaguar convertido en artesanía se ofrece en los mercados artesanales de Perú. Foto: Eduardo Franco Berton.

Después se sumó Brasil, aunque luego se detectó que era la reactivación de un comercio interno de pieles. Pero lo de Perú y Bolivia fue explosivo, porque había un vínculo muy fuerte entre ambos países: ellos mandaban piezas y viceversa.

Lo que no se logró publicar, además de lo mencionado, fue que no solo en Surinam —al norte del continente americano — se hacía la pasta de jaguar; un preparado con la grasa del felino, sino también en Perú.

En ese país, las autoridades no estaban al tanto de la situación y gracias al trabajo se conoció que la actividad era más intensa que en Bolivia.

Tanto compradores como vendedores eran ciudadanos chinos. Con el tiempo las piezas salían de territorio nacional porque había menos control que en Lima, por ejemplo.

Se confirmó con ello que una mafia internacional operaba (¿opera?) en el país y que incluso tenía relación con países de África. En el tema de los jaguares, no solo aprovechaban la piel, los colmillos y la grasa, en Beni también usaban los molares e incluso órganos reproductores del animal.

Poco después el Ministerio de Medio Ambiente confirmó los costos de cada pieza: entre 80 y 90 dólares puestos en Santa Cruz. En China llegaban hasta mil o cinco mil dólares en el caso de los colmillos, que son utilizados como base de incrustaciones de joyería fina.

Con todos los datos, se elaboró una tabla de investigación en la que se incluyó a Surinam, Guyana, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, como países en los que había tráfico.

La presencia de ciudadanos chinos en Bolivia ha incrementado la caza de jaguares. Foto: Leroy Ax / Red Ambiental de Información (RAI)

“Pudimos mostrar que (en Bolivia) mataban a los jaguares por el conflicto con el ganado y esas partes eran comercializadas por los mismos cazadores. Estos proveían las partes al mercado negro. Algunos ganaderos vendieron las colecciones de sus cacerías. Recibieron ofertas de ciudadanos chinos. Había una especie de simbiosis entre una cosa y otra”.

Coincidentemente — dice el periodista — esto empezó a conocerse en 2014 cuando se celebró la Cumbre del G77+China, aquella en la que el país asiático oficializó sus relaciones comerciales con Bolivia y empezó a ejecutar megaobras de ingeniería. El flujo migratorio de ciudadanos era muy grande. “La cacería se dio siempre, los usos que se le empieza a dar a las partes coincide con la llegada de los chinos”.

“Cuatro familias financian el tráfico ilegal de mara”

Los callapos tienen la forma de una estera, así bajan más rápido por el río. Los traficantes de madera los construyen con la misma mara que extraen. En la foto un callapo decomisado en un operativo. Foto: Román Vitrón

La explotación ilegal de madera mara en el Parque Nacional Amboró de Santa Cruz era algo sobre lo que se publicó varios indicios. Lo que no se sabía era cómo operaban las mafias. Gracias a esta investigación se detectó que hasta ocho personas actúan en el área protegida y cada una tiene una función.

Esa madera termina en Corumbá (Brasil), pero su destino final es China y Estados Unidos, mercados en los que se paga muy bien por los pies cúbicos tablares, la medida que se usa para calcular este producto.

Gracias al testimonio de un “pirata de la madera” que cayó preso y se sintió traicionado, se supo que las piezas salen directamente a Perú por río. Se aprovecha los vacíos legales para el transporte y la extensión de la frontera.

Según Franco, la gente de las poblaciones que están alrededor de estos bosques, tanto en el Amboró como en el Madidi (La Paz y Beni) sabe quiénes están involucrados, pero rige una ley del silencio en los pueblos: “que se encargue la gente de afuera, nosotros, no”.

El hombre que reveló la estructura de estas organizaciones dijo que esto es tan peligroso como un cartel del narcotráfico. En este negocio ilegal también hay vendettas y “volteos” como se conoce al robo de mercancía entre los propios involucrados.

Después de depredar el bosque, algunos madereros se dedican a plantar coca en las zonas afectadas. Foto: Román Bitron.

Por el testimonio, se supo que cuatro familias en Yapacaní (Santa Cruz) son las que financian las operaciones. “En temas de tráfico uno cree que es mucha gente, pero es un pez gordo que financia una operación. En África era un tipo el que financiaba toda la matanza de elefantes, por ejemplo”, dice Franco.

Bajo su percepción, sería más fácil capturar a esos jefes, que a la gente que ocupan, que son muchos más organizados hasta en ocho bandos.

A pocos días de revelada la información, antes de Año Nuevo se corroboró que todos los datos que dio el expirata eran ciertos. Se aprehendió a traficantes y se decomisó madera, pero una vez más, el investigador no cree que haya cesado la actividad, simplemente cambió de forma.

Entre otras cosas, el maderero facilitó nombres de autoridades involucradas en el ilícito y que desde dentro de oficinas estatales salían “pitazos” sobre cuándo serían los operativos.

En Estados Unidos hay cifras de lo que cuesta la madera, pero no fueron validadas. Lo que sí, en Bolivia se paga entre Bs 16 y 14 por pie cúbico tablar del Amboró. Eso significa que un cargamento puede costar entre diez y once mil dólares.

En este tema el investigador comprobó otra hipótesis: la alternancia que hay entre estos ilícitos. Así, algunos madereros se dedican a plantar coca en zonas donde antes había madera. Eso se vio en el Madidi. “Gente que financia el tráfico de madera, también lo hace en el otro negocio. Son las mismas personas, están en plantaciones de coca y producción de droga. Todo el negocio completo. En el caso del Madidi hay peruanos, colombianos y bolivianos, o sea es algo más peligroso, gente más sanguinaria. Hubo casos de muerte y todo”.

En todos estos hechos hay otro elemento que se ve con frecuencia, la pobreza como justificativo de los involucrados para delinquir. Empero, ellos saben que es ilegal. Evidentemente es gente que vive en comunidades alejadas, pero que conoce muy bien que hay hasta seis años de cárcel por este tipo de hechos. “En el caso del exmaderero del Amboró, ya trabajó en el parque Carrasco (Cochabamba) y en la zona de Pilón Lajas (Beni). Me dijo: allá ya se ha acabado todo, lo único que queda es aquí, en el Amboró”.

“Ahora los traficantes vienen directamente a llevarse escarabajos”

En 2007 más o menos ya se hablaba del tráfico ilegal de mariposas. Bolivia es el cuarto país más rico en ese tipo de fauna en el mundo, por lo que la situación era preocupante. A la par surgió información de compra-venta ilegal de una especie endémica de escarabajos que viven en Coroico, Nor Yungas de La Paz: el Dynastes satanas o “rompe focos”.

Luego de indagar a profundidad, se detectó que los mercados de Japón y Europa son los que demandan el producto. Durante casi 60 días, que incluyeron viajes tanto al lugar de origen del insecto como Osaka y Tokyo, ciudades niponas, se pudo conocer que allí le dan usos culturales que alimentan el tráfico ilegal.

Los japoneses, explica el autor, tienen fascinación por los escarabajos y otros insectos. El escritor de Pokemón escribe su historia basado en ellos, por ejemplo. De hecho, en vez de pet shops o tiendas de mascotas, allí hay tiendas de insectos.

Pero también están las peleas clandestinas y apuestas. Eso sucede en Okinawa, pese a que según el código criminal japonés son actividades ilegales. Su práctica, sin embargo, se ha hecho tan frecuente como clandestina, al extremo que se usa bitcoins, una moneda virtual para apostar. “Exigen tener una billetera digital para ingresar. Eso sumado a la tenencia del insecto como mascota por parte de los niños hace que haya una demanda importante por estos escarabajos en Bolivia”, asegura Franco.

En Bolivia solo existen planes de manejo planificado para la vicuña y  el lagarto, eso significa que el tráfico de cualquier otra especie es ilegal. De hecho, se quiso hacer uno para el escarabajo, pero la intención fracasó.

Por eso, el tema es preocupante y en él también están involucrados ciudadanos peruanos, cuyo país es usado como punto de partida hacia el destino final, en Asia.

Escarabajos rompe focos capturados en Coroico son alimentados con plátano maduro. Foto: Fernando Guerra

Según el libro de insectos, que pronto será publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, debido a esta actividad ilícita cada vez hay menos avistamientos de este escarabajo, por lo que ya figura en la lista de especies en riesgo de extinción. “En una maleta entran cientos de cientos. Uno de los recolectores tenía un récord de 720 que había enviado fuera de Bolivia, pero por persona capturan 70 y antes eran como 300”.

En este caso hubo un cambio en la forma de operar. Antes eran los colectores quienes reunían a los individuos y trabajaban con intermediarios mexicanos, peruanos y chilenos, quienes a su vez eran el nexo con el japonés.

Ahora los propios nipones llegan directamente y contratan un guía para ir a atrapar a los insectos. “Se ahorran costos, se diluye la atención, casi como lo del jaguar y obtienen más ganancias. Llevan menos cantidad, porque el otro acopia, pero aquí hay más dinero. Hace tres meses estuvo uno y se llevó tres, eso allá equivale a 1.500 dólares, cada uno, 500 dólares. Tres cositas que se pueden ocultar muy bien en una maleta”.

 

Eduardo Franco Berton es periodista ambiental y fotógrafo de naturaleza. En 2016 fundó la Red Ambiental de Información (RAI), una plataforma de noticias sobre medio ambiente. Como periodista independiente escribe para National Geographic, Mongabay.com y Mongabay Latam, así como para prensa boliviana. En 2019 obtuvo una mención en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación de México por la investigación ‘’Un viaje al mercado negro del jaguar’’. Es miembro de la Sociedad de Periodistas Ambientales (SEJ) de EE. UU, Reporteros de Investigación y Editores (IRE), la Asociación Nacional de Escritores Científicos (NASW) y la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN).


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