Cachuela Esperanza, Beni, 27 noviembre (ANF).- Una travesía que empezó en Riberalta, hasta llegar a la isla Oro Blanco, situada en la jurisdicción de Cachuela Esperanza del municipio de Guayaramerín, desnudó un nuevo caso de la fiebre del oro en la Amazonía boliviana. Esta vez una empresa boliviana, Río Dorado SRL, empezó a explotar el preciado metal de la mano de una firma china que le provee la tecnología. Se trata de una autorización por 30 años sobre 2 mil hectáreas.

Después de conversar con varias fuentes de la región y navegar por el río Beni bajo, ANF llegó hasta la isla Oro Blanco frente a la cual operan dragas novedosas que emplean largas mangueras que tienen instalados los turriles del combustible subvencionado. A diferencia de los gigantes dragones chinos instalados en el río Kaka del norte de La Paz, esta tecnología es operada desde dos infraestructuras conectadas entre sí a una distancia de aproximadamente 200 metros, operados también por asiáticos.

Cerca de la isla se encuentra la comunidad Palmira, en el departamento de Pando, habitada por 50 familias. En la orilla se encuentra el expresidente de la comunidad, un colono de nombre David, “a secas”, quien dio el visto bueno a la consulta durante su gestión, pero se rehúsa a dar una entrevista. Se limita a señalar: “todo fue legal, la empresa Río Dorado tiene todo en orden y tiene derecho de asociarse con empresas chinas”.

Llevadas las evidencias de la operación aurífera hasta la Sub Alcaldía de Cachuela Esperanza, la subalcaldesa Lola Cáceres (MNR) expresa su sorpresa al ver los videos de las dragas operando. Asegura que esta población jamás fue consultada y por tanto no dio su consentimiento para que la empresa opere en el lugar a pesar de que la isla Oro Blanco pertenece al municipio de Guayaramerín que a su vez es parte de la provincia Vaca Díez.

“Sus videos me han puesto los pelos de punta porque esperábamos que llegue este señor de la empresa Río Dorado y nos explique (…) A nosotros nos dijo que los chinos van a estar seis meses y luego pondrá a la gente boliviana a trabajar (…) Estábamos esperando la consulta previa, pero estoy sabiendo que ya se hizo en una sola comunidad, en Palmira”, afirma.

Sin embargo, la firma de Cáceres figura en un documento membretado bajo el título: “Acta de acuerdo: licenciamiento social para autorizar la explotación minera a la Empresa Minera Río Dorado SRL”, que se encarga más tarde de entregar a este medio personalmente, Mauricio Ayala, gerente de dicha compañía.

“Se permite a la empresa realizar el ingreso y labores mineras que correspondan y sean necesarias”, se lee en partes salientes, bajo el compromiso de “beneficiar a toda la población que necesita de manera urgente, por la crisis que nos azota”.

El documento manuscrito no reemplaza el proceso de consulta previa, libre e informada que se debe cumplir desde el Estado a las poblaciones afectadas por la actividad minera.

En ese punto, el empresario afirma que Cachuela Esperanza no entró a la consulta por determinación del sociólogo, que no fue revelado, asignado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) y que la presencia de ciudadanos chinos es temporal, hasta capacitar a operarios locales.

“Ellos (pobladores de Cachuela Esperanza) quieren ser tomados en cuenta en la consulta, pero no pueden ser tomados en cuenta porque no tienen legalidad porque de acuerdo a la información recogida por el INRA son tierras fiscales. Más, yo hice compromisos con ellos para aportar con empleo y traer beneficios, como el apoyo que di al colegio para que participen en los juegos plurinacionales, gracias al financiamiento fueron campeones”, señala Ayala.

Contrariamente, el empresario muestra la Licencia Ambiental emitida por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni el 3 de septiembre de 2018, para asegurar que se cumplieron con todos los requisitos para el inicio de operaciones. Sin embargo solo la comunidad de Palmira de Pando fue consultada por el Órgano Electoral.

Según el informe técnico de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero de la AJAM, las 80 cuadrículas otorgadas a Río Dorado SRL se encuentran en las provincias Vaca Díez del departamento de Beni y Federico Román de Pando e involucran a los municipios de Guayaramerín y Villa Nueva. Cada cuadrícula mide 25 hectáreas.

La versión del empresario no es compartida por Miguel Ángel García, presidente del Control Social, quien deja en claro que la isla Oro Blanco pertenece a Cachuela Esperanza. “Nosotros no sabíamos que esa empresa china ya estaba instalando sus dragas, que se están ubicando en nuestra jurisdicción, y ¿quiénes abogan? son comunarios de otro departamento”, reclama.

García asegura que la principal preocupación es la contaminación al medioambiente considerando que las comunidades aledañas viven de la pesca y la caza. “La gente tiene agricultura, siembra plátanos, pescan y tienen sus alimentos, hay madera, animales silvestres del monte, matan a un bichito y ya tienen alimento para su desayuno”, señala.

Sin embargo, el gerente de Río Dorado afirma que la tecnología empleada para la exploración aurífera es “amigable con la naturaleza”.

“Hasta ahora no he ido a ver funcionando la draga, pero se trabajará con centrífugas, no se va a trabajar con mercurio ni con azufre ni con ningún derivado que sea nocivo para el medioambiente, de esa manera pretendemos tener mayor recuperación”, afirma.

Aunque el empresario no reveló el nombre de la empresa que le provee la tecnología, en el Internet se pudo encontrar a la china Xinhai que ofrece maquinaria de beneficiado metalúrgico para la extracción del oro y la plata sin el uso del cianuro ni mercurio mediante una técnica gravitacional centrífuga, con lo cual no se tiene certeza si es la compañía que ofrece los servicios.

“Si es que vamos a tener algún requerimiento químico para la recuperación del metal obviamente vamos pasar por las instancias pertinentes para que nos puedan autorizar y sea de uso totalmente responsable, pero no le puedo dar certeza”, señala el empresario.

“Autodenuncia” por deforestación

A pesar que el empresario Mauricio Ayala afirma que el trabajo que encara su empresa es totalmente responsable con el medioambiente, admite también que se deforestó sin permiso la franja ecológica para instalar el campamento sobre cinco hectáreas, por lo que optó por la “autodenuncia” ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

“Vamos a reforestar incluso el triple (…). Ha sido una mala información que han tenido los comunarios de Palmira a los que contraté y a quienes se les pasó el plano y debían haber respetado los 50 metros del cordón ecológico del río al campamento, pero lamentablemente como andaban entre ´San Juan y Mendoza´, lo único que les interesaba era que se les pagara jornal”, afirma.

Autorización por 30 años

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), según la patente minera 2003833 del año 2016, otorgó a la Empresa Minera Río Dorado SRL, la titularidad sobre 80 cuadrículas que se encuentran en el municipio de Guayaramerín, Villa Nueva Loma Alta, provincia Federico Román, Vaca Díez de los departamentos Beni y Pando.

En la precisión cartográfica se precisa que el alcance involucra a San Antonio Centro Gomero y Cachuela Esperanza.

“¿Por qué por 30 años?” se le consultó, a lo que respondió: “los 30 años los dio la Asamblea Legislativa; antes los contratos transitorios con Comibol eran por cinco años, y ahora la Asamblea está dando por 30 años”.

Inmediatamente justifica que sea un contrato de largo plazo bajo el argumento de que en minería debe transcurrir mucho tiempo de exploración antes que las empresas empiecen a explotar.

Destaca que en Oro Blanco la empresa invirtió $us 3 millones en cuatro dragas que operarán en la zona. “Tenemos como objetivos trabajar para que cada draga opere 8.000 metros cúbicos hora”, explica.

Mientras el empresario destaca un alto compromiso social de la empresa con la región y su gente, los pobladores no ocultan su miedo por lo que vaya a suceder. Solo unos cuantos conocen que en el norte de La Paz donde se instalaron capitales chinos y colombianos en sociedad con las cooperativas mineras, el Gobierno reconoció que incluso hay un problema de seguridad de Estado, donde se evidenció la presencia de organizaciones criminales en torno a la explotación ilegal del oro.