Rocío Lloret Céspedes / Fotos: Cipta
Teresa Limpias tiene la voz firme de quien se sabe segura de sus argumentos. Explica, da datos, conoce a fondo a su gente y su territorio. “No es sacrificar a dos comunidades para que las demás tengan electrificación u otros beneficios”, dice.
Teresa es corregidora de Villa Alcira, una de las 22 comunidades que conforman el Pueblo Tacana, en el norte de La Paz. Junto a San Miguel, serían las más afectadas en caso de que el Gobierno de Bolivia concrete su intensión de continuar con el proyecto hidroeléctrico El Bala-Chepete, que incluye la construcción de dos represas en plena Amazonia.
El pasado 10 y 11 de septiembre, ella presidió la reunión del Consejo de Corregidores del Pueblo Tacana (Cipta), que se realizó en la comunidad Santa Rosa de Maravilla. La asamblea fue convocada después que se firmara el “Convenio Marco de Cooperación Institucional”, entre la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), “sin la autorización y consenso de las comunidades de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Tacana”, refiere su documento final.
Dicho acuerdo autorizaba el ingreso de ENDE para retomar estudios de investigación geológica y geotécnica en la zona.
“Nosotros, como San Miguel y Villa Alcira, las comunidades que vamos a ser las más afectadas con el proyecto si se realiza, nos opusimos y pedimos a las demás comunidades que nos apoyen. Al final, las 22 comunidades hemos negado ese documento firmado por nuestro presidente del Cipta y la Cpilap”, asegura Teresa.
Durante la sesión, se pidió explicación a los cuatro representantes que rubricaron el documento. En respuesta, ellos dijeron que no lo hicieron de mala fe, sino para que todos tengan los beneficios con los que cuentan ahora las familias de San Miguel y Villa Alcira.
Los “beneficios” a los que se refieren son luz eléctrica y la construcción de algunas viviendas; algo que -según los entrevistados- fue tomado por ENDE como un trueque a cambio de la autorización para continuar con el estudio del proyecto de las hidroeléctricas.
“Cuando vinieron a ponernos luz a la comunidad, dijeron que venían de parte del Gobierno a cumplir con su responsabilidad. No nos pidieron nada a cambio. Pero ahora resulta que después de dos años, dicen que hemos sido beneficiados. Nos ponen como bandera, a San Miguel y Villa Alcira, diciendo que eso ha sido a cambio (del respaldo)”, protesta Limpias.
Durante la asamblea, ella defendió que nada fue gratis y que ellos pagaron como a cualquier empresa que presta servicios.
Este es el documento en el que las 22 comunidades retiran su apoyo al documento firmado con ENDE. 
Un proyecto “de interés nacional”
El proyecto hidroeléctrico El Bala es catalogado como “de interés y prioridad nacional”, según refiere la página oficial de ENDE, en base a dos Leyes y un Decreto Supremo. Siguiendo la misma nota, la empresa dice que “garantizaría la soberanía energética” de Bolivia y “presenta múltiples beneficios”.
La obra está conformada por dos componentes, el primero -Chepete- en el río Beni, a 70 kilómetros río arriba de Rurrenabaque (Beni) y la provincia Franz Tamayo de La Paz. El segundo -Bala-, también sobre el río Beni, a 13,5 milómetros aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni).
Para los pueblos indígenas que viven las zonas mencionadas, la megaobra es una amenaza para su existencia, toda vez que se verían afectados por riesgos de desastres, deforestación e inundaciones, entre otros factores más graves como la reubicación. En una serie de notas, la Fundación Solón, analiza el tema desde distintos ángulos.
En 2016, todas estas amenazas hicieron que se manifieste un “rechazo contundente” a los megaproyectos, mediante la instalación de una vigilia que duró 12 días, y logró la salida de las empresas Geodata y Servicons, que habían iniciado los trabajos y estudios en los territorios mencionados.
En 2018, la plenaria del Foro Indígena de la ONU escuchó la denuncia de que más de cinco mil indígenas, de cinco nacionales de Bolivia perderían sus tierras con la construcción. Tras las recomendaciones del organismo internacional, se frenó la iniciativa.
Pero este año, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tiuchi y Quiquibey (RBTQ) denunció que el Estado Boliviano decidió “poner en marcha” nuevamente la megaobra, sin que medie consulta a todos los afectados.
Hernán Nay, dirigente de la OTB comunidad San Miguel, recuerda que el pasado 9 y 10 de julio hubo una reunión general de la Cepilap, donde participaron representantes de los diez pueblos indígenas del norte de La Paz.
“Nos sorprendió cuando ENDE apareció a querer hacer una adenda, a un anterior convenio que se tenía. Nosotros, como comunidad, terminantemente, logramos postergar esa firma. Pero resulta que después de dos semanas aproximadamente, el dirigente de nuestra organización matriz, que es el Cipta, acompañado de Cepilap habían firmado. Entonces los llamamos, para que nos aclaren. Además, en la reunión previa con el Cepilap se había acordado que no se firmaba mada mientras las 22 comunidades del pueblo Tacana no recibieran una información libre, previa e informada. Desde el niño que tiene uso de razón, hasta el abuelito que ha luchado y protegido nuestro territorio, sobre todo el Parque Nacional Madidi”, cuenta Nay a La Región.
“Conocemos nuestros derechos”
Cuatro personas tomaron la decisión a nombre de 22 comunidades. Por eso se convocó al Consejo y la respuesta fue contundente: “Bajo consenso unánime, los corregidores determinan dejar sin efecto el respaldo y rechazan el convenio marco entre Cpilap y ENDE, el cual fue firmado sin la autorización y consenso de las comunidades de la TCO Tacana”.
Darío Mamio, secretario de Recursos Naturales del Cipta, asegura que hace un tiempo se consultó al pueblo Tacana si estaba de acuerdo con la finalización del estudio, para revalidar el acuerdo que se había firmado antes.
“Habíamos quedado en pasar la información comunidad por comunidad, para que (los habitantes) sepan cómo y por qué, cuáles son los pro y los contra de este estudio. Y, bueno, sinceramente, no se ha llegado a todas las comunidades. De todas maneras, lo habíamos tomado solamente como un estudio; la validación de un estudio que estaba a medio concluir”, asegura Mamio.
Como dirigentes, dice que tienen buena relación con el Gobierno, porque no son ni de derecha ni de izquierda, sino pueblos indígenas que conocen sus derechos.
“A veces se comete errores, pero cuando uno es sabio puede reencaminar las cosas. Uno piensa lo mejor para su pueblo, pero puede estar errado en alguna u otra situación”.
En entrevista telefónica con este medio, afirma que al principio no se hizo la consulta previa y se dejó que inicien los trabajos, pero luego se dieorn cuenta de la problemática y que no se podía continuar.
“Pero vamos a seguir trabajando con el Gobierno en muchos otros proyectos. No podemos decir que (el convenio) se hizo de mala fe”, responde.
La eterna deuda del Estado con pueblos indígenas
Tanto para Teresa Limpias como para Hernán Nay, educación, salud y deportes sigue siendo la deuda del Estado con sus pueblos indígenas.
En el caso de Villa Alcira, está conformada por 24 familias y 108 habitantes, mientras que en San Miguel hay 65 familias y entre 235 a 250. Pero no son solo estas dos comunidades, ubicadas en el sector de San Buenaventura (La Paz), las que resultarían afectadas. Pasaría lo mismo al frente, en Rurrenabaque (Beni), donde las inundaciones serían las principales amenazas. “No somos las únicas, pero sí las primeras afectadas”, dice Teresa.
Desde su rol de dirigente y madre, ve en la falta de hospitales, por ejemplo, una gran dificultad. “Si hubiera un accidente grave, el que tiene plata puede salir a la ciudad, y el que no tiene, se muere”, lamenta.
Tampoco hay el número suficiente de maestros. Lo demás -afirma en alusión a vivienda y producción- nosotros sabemos sobrevivir. Para eso trabajamos.
Sin embargo, esa necesidad no implica una subordinación. “Es ahí donde muchos dirigentes incurrimos en un error, en decir: aceptemos porque tendremos algo a cambio. Prácticamente como un trueque, cuando no es así”, manifiesta Hernán Nay, quien se considera defensor de los derechos de los pueblos indígenas
Para él, los pueblos de tierras bajas, especialmente del norte de La Paz, no tienen la misma atención que los de tierras altas.
“En la región no se ve un estadio como se ve en tierras altas. No hay muchos colegios que se hayan trabajado. En las comunidades seguimos sin tener internet. Ahora lo toman como un chantaje: nos firman el estudio y les ponemos una escuela. Prácticamente nos están condicionando a algo que sí necesitamos, pero no queremos el estudio del Chepete y Bala”.
En la última asamblea, no se decidió qué pasará más adelante, pero la decisión de desconocer el convenio fue contundente, bajo la lógica de que no se puede sacrificar a dos comunidades para que las otras cuenten con algún beneficio. “Estamos unidos”, recalca Darío Mamia.
Sin embargo, le pregunto a Teresa qué harán en caso de que surjan otros modos para que se viabilice el megaproyecto.
“Todavía no nos hemos organizado, pero si tanto tiempo hemos sido abandonados por el Gobierno, nosotros igual seguimos sobreviviendo. Si quieren entrar por la fuerza, vamos a resistir, así tengamos que morir en la lucha. Pero vamos a morir con dignidad, para dejar libres a nuestros hijos y no estar oprimidos”.
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