La Región

Como parte del ciclo de entrevistas #FuturoVerde, organizado por “El llamado del bosque” a través del trabajo periodístico de La Región, entre el 28 de septiembre y 2 de octubre candidatos y voceros del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, Frente Para la Victoria (FPV) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) plantearon sus propuestas en materia de gestión medioambiental.

El primero en responder a las preguntas de la periodista Rocío Lloret Céspedes fue el candidato a la vicepresidencia por CC, Gustavo Pedraza. “Debemos derogar la Ley 741 (de septiembre de 2015) que va en contra de la Constitución”, dijo categóricamente en el encuentro vía Zoom. “Una ley no puede cambiar el uso de la tierra, siendo que hay otra ley y disposiciones constitucionales que prohíben eso. Hay que derogar esa norma para que podamos controlar, para que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y el Instituto Nacional de Reforma Agraria puedan generar una administración mucho más eficaz tanto en el uso de la tierra como en la distribución”, explicó.

En la misma línea discursiva, la candidata presidencial de ADN, María de la Cruz Bayá, dijo que parte de su propuesta es desarrollar una política de protección porque, a su juicio, no se puede construir la economía con el sufrimiento y muerte de la naturaleza. “Vamos a echar abajo esos decretos y a impugnar a las leyes. Porque no solamente se trata de regulación, hay que tener una planificación”.

Criterio disímil al de Pedraza y de Bayá expuso Cynthia Silva Maturana, vocera del MAS. La tarde del 1 de septiembre, quien fue viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal en el Gobierno de Evo Morales, manifestó que no considera que la derogación sea una opción, de retornar su partido al poder. “Seamos sinceros. Se puede derogar una ley y eso no va a apagar los incendios. Lo que va a apagar los incendios es comprometernos, sociedad, productores y Estado, con un manejo e impulso a sistemas productivos sustentables con reemplazo incluso del fuego responsable con el medioambiente”, afirmó. Añadió: “No hay ninguna ley que diga ‘queme usted como le dé la gana’, por supuesto que no”.

El año pasado el Oriente del país vivió un momento crítico entre julio y septiembre. Solo en Santa Cruz, y principalmente en la Chiquitanía, se consumieron más de cuatro millones de hectáreas a causa del fuego. Este año, justo en la semana en que se realizaron las entrevistas y un par de días más —del 28 de septiembre al 4 de octubre— se registraron 27.152 focos de calor, según un boletín de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

A su vez, cuando le tocó asistir a la entrevista, el vocero de Creemos, Alfonso Tapanache, mencionó que, en caso de ser Gobierno, se hará una revisión exhaustiva de las normas en el país sobre ese tópico. “Nosotros planteamos una revisión de todos los delitos y contravenciones ambientales que se han venido dando en cuanto a los incendios forestales. Es necesaria una revisión de toda la legislación ambiental vigente con la participación de la sociedad civil organizada, con instituciones sin fines de lucro y con el Estado como principal precursor”.

Finalmente, el vocero del FPV para esta temática, David Crespo, criticó la antigüedad de la Ley 1333 de Medioambiente, que data de 1992. “Se debe, no sé si abrogar, pero se debe ampliar. Nos damos cuenta de que no es muy específica, debería tener un poder absoluto; las leyes de medioambiente deben ser específicas con todo lo que envuelve”, afirmó. Además, expuso la idea de crear un ministerio de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para que exista trabajo conjunto pensando en la planificación de la tierra.

Biotecnología y agroindustria

Otro de los temas que marcó el ritmo de las entrevistas fue el uso de la biotecnología y su aplicación en la agroindustria. El 7 de mayo de 2020 la presidenta Jeanine Áñez emitió el Decreto Supremo 4232, que en su artículo único dicta: De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. En tanto que el 22 de septiembre, mediante el Decreto Supremo 4348 el Gobierno dio paso a la identificación de áreas de diversidad maíz y de maíz amarillo duro “generado por cualquier tecnología”.

En el caso de ganar las Elecciones, ¿se derogarían estos decretos?, se le preguntó a la vocera del MAS. “Totalmente. Son decretos claramente ilegales”, fue la respuesta categórica de Silva. “Vamos a revisar todas las normas desde el anterior Gobierno. Porque hay varias normas jurídicas que han ido perforando a la Constitución en función de acuerdos coyunturales, de ganar votos. No puede desconocerse la CPE para que mediante un decreto supremo se pueda establecer esos compromisos”, respondió a su vez Pedraza, vicepresidenciable de CC, a la misma pregunta.

Por su parte Tapanache, insistió en revisar las normas y hacer estudios antes de asumir tales posturas.

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