Los caminos que llevan al TIM tienen asfalto. Tienen ripio. Tienen arena. Algunos son anchos como una carretera; por otros, pasa un vehículo; los más, son senderos por los que apenas se desliza una motocicleta, o los pies descalzos de una familia tsiman’e que mantiene su forma de vida en el bosque. Pero, sobre todo, los caminos del TIM terminan siempre en Loma Santa: un lugar sagrado en medio de la selva; un área de conservación de animales y árboles en regeneración. Una tierra sin mal donde, finalmente, “solo hay felicidad”.
TIM es el acrónimo del Territorio Indígena Multiétnico. Situado en Beni, al noreste de Bolivia, está conformado por cinco etnias distribuidas en 26 comunidades: Tsiman’es, Movimas, Yuracarés, Mojeños ignacianos y Mojeños trinitarios. Cada pueblo ocupa un sector de estas 541 mil hectáreas, en una convivencia pacífica pese a las diferencias culturales.
Así, los Tsiman’e de esta zona, por ejemplo, son cazadores y recolectores. Muy pocos hablan español y su contacto con la sociedad es mínimo. Las otras etnias, en cambio, también viven de la caza y la agricultura, pero están en mayor contacto con la tecnología y la vida occidental. Para los Tsiman’e —dice Leonardo Tamburini, investigador y director de la organización ORE— “todo gira en torno al monte”. De hecho, cuando salen a la ciudad, reproducen lo que hacen en el monte y no tardan mucho en volver a su hogar: el monte.
El TIM es un territorio ocupado ancestralmente por indígenas, pero no fue hasta 2019 que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) les entregó sus títulos de propiedad comunitaria. Antes de ello, estas tierras eran del Estado y habían sido entregadas en concesión a empresas madereras privadas que acabaron con la mara y otras especies muy apetecidas en Europa y otros continentes.
Aquella realidad, de ser “huéspedes” en su propia casa, llevó a los hoy habitantes del TIM a gestar una lucha que se inició con una marcha indígena denominada “Por el territorio y la dignidad”, en 1990.
Hoy, más de 30 años después, aquel movimiento se convirtió en un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc), que en noviembre pasado posesionó a su primer plantel ejecutivo y legislativo, luego de un proceso por su autonomía, que se inició en 2010.
El largo camino hacia el autogobierno
Santiago Ípamo, mojeño trinitario, tenía 40 años cuando participó de la primera Marcha indígena que tuvo Bolivia. “Era la primera vez que iba a La Paz”, recuerda. El grupo de alrededor de 300 personas —hombres, mujeres, niños— representantes de diferentes pueblos de tierras bajas, partió de Trinidad, la capital beniana, bajo el liderazgo de Marcial Fabricano (Isiboro Sécure), Ernesto Noe (Trinidad), Antonio Coseruna (San Ignacio de Mojos) y Tomás Ticuaso (sirionó).
“La organización duró varios meses hasta que llegó la fecha de partida (15 de agosto de 1990)”, dice Santiago, hoy ya con líneas en el rostro. Los caminantes tardaron más de 30 días en arribar a los 3.650 metros de la sede de Gobierno: 640 kilómetros de la selva al altiplano.
Por primera vez hubo bolivianos que conocieron a sus hermanos de los llanos orientales. Los escucharon, lloraron con ellos. Con discursos tan sinceros como reales, los dirigentes resumían su reivindicación en una frase: “Nosotros queremos que nuestras tierras vuelvan a nuestras manos”, le dijo Ernesto Noe al entonces presidente Jaime Paz Zamora.
Para expertos en temática indígena, como Tamburini, ese fue el inicio de una lucha que muchos años después se plasmó en la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 2009. El artículo 2 reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, y su dominio “sobre sus territorios”. Esto implica el derecho a la autonomía y el autogobierno.
Con esa base, en 2010 se promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que irónicamente, en lugar de facilitar los procesos para conformar los Gobiernos Autónomos Indígena Originarios Campesinos (Gaioc), se convirtió en una serie de requisitos y procedimientos administrativos burocráticos; muchos de ellos, incompatibles con los usos y costumbres de cada pueblo.
En el caso del TIM, este proceso se inició en 2010 y se consolidó en 2022 con la aprobación de la Ley de Unidad Territorial; el último paso antes de instalar la autonomía indígena.
La actual senadora por el Beni, Cecilia Moyoviri Moye, mojeña trinitaria que también participó de la marcha del 90; dice que, pese al respaldo de la CPE, hubo muchas trabas para llegar a este logro. “Ellos (la dirigencia del TIM) venían trabajando, pero no se los escuchaba y como parlamentarios, nuestro trabajo es conseguir que nuestros territorios sean autónomos, porque sabemos que, sin territorio, no hay pueblos indígenas”, asegura.
Quizá por eso, el 10 de noviembre pasado en San José de Cavitu, capital del flamante territorio autónomo, hubo fiesta. Ese día se posesionó a las autoridades del naciente Gobierno indígena. Bajo un sol tremendo y vestidos con trajes originarios, el cacique territorial, Alfredo Matareco Maza; el consejero, Joaquín Noza; la operadora de Recursos Naturales y Desarrollo Productivo, Ignacia Tamo Moye, y la operadora de Servicios Sociales y Culturales, Aurora Limpias Zeballos; recibieron el bastón de mando. Tras una elección “con normas y procedimientos propios”, todos ellos hoy forman parte de una especie de Poder Ejecutivo que tiene un contrapoder Legislativo, conformado por asambleístas territoriales de las cinco etnias.
En un acto marcado por simbolismos, como la presencia de ganaderos que tienen haciendas dentro del TIM, los habitantes culminaron la ceremonia protocolar con una fiesta. Aquella jornada hubo misa, bendiciones, bailes, regalos, comilona. Pero, sobre todo, hubo buenos deseos para los nuevos gobernantes.
Santiago Ípamo, marchista del 90, piensa que mucho de lo que se consiga dependerá de la buena gestión que haga el Cacique o máxima autoridad del territorio. “Ojalá sea en buena hora. Si trabaja (el nuevo gobierno), va a ir bien. Que atienda a la gente y que reclame nuestras necesidades directo al Gobierno. Yo hallo difícil, no por estar en contra, sino porque venimos siendo olvidados hace mucho”, dice pensativo.
Tierra sin mal
A 40 grados a la sombra, este día de noviembre en el TIM el aire se siente como un costal en la espalda. Huellas de cenizas recién apagadas y la cercanía de incendios forestales activos acompañan esta travesía en moto entre la comunidad de San Salvador y Monte Grande del Apere, una de las más cercanas a San Ignacio de Mojos, el centro urbano más próximo a las comunidades.
En el camino, familias tsiman’es caminan descalzas o con delgadas sandalias de goma por este sendero de arena ardiente. Demorarán dos días en llegar a sus viviendas hechas de palma, en comunidades que están monte adentro. Muy pocos tienen motos y celulares. Muy pocos hablan español. Muy pocos quieren responder preguntas. “Han salido a hacer sus compras o a cobrar sus rentas y ya están volviendo”, se oye decir sobre ellos. Llevan consigo únicamente yuca y plátanos en sus maricos o bolsos tejidos con hilos de plantas. Al caer la noche, dormirán bajo las estrellas en pequeñas pascanas estratégicas que están a los costados de la ruta. El hombre saldrá a cazar un tejón o un mono, prenderán una pequeña hoguera y lo cocinarán para la cena.
Aunque las otras etnias tienen mayor contacto con la sociedad y están mucho más ligadas a la tecnología, el TIM es uno de los territorios indígenas mejor conservados del país, sobre todo a nivel social, cultural y ambiental.“Tres patas que nos permiten hablar de una cultura indígena viva con posibilidad de prosperar”, dice Leonardo Tamburini, quien trabaja en derechos indígenas desde hace más de 20 años.
Pero esta “tierra sin mal”, como describen sus habitantes a Loma Santa, tuvo una época en la que los empresarios la dejaron prácticamente sin especies maderables como la mara. Por entonces, este lugar era el Bosque Chimane y la expulsión de los concesionarios forestales fue uno de los logros de la Marcha Indígena del 90.
Así, los marchistas solo aceptaron volver a sus lugares de origen cuando lograron la firma del Decreto 22611 de 1990, que estableció un plazo de 20 años para la devolución de las áreas en beneficio de comunidades tsiman’e, mojeñas, yuracaré y movimas. Dicho plazo venció en 2011 y, una vez más, tuvo que surgir una amenaza de volver a La Paz a pie para que las autoridades competentes, ya en el gobierno de Evo Morales, cumplan con la entrega de títulos de propiedad, recién en 2019.
“Toda la mara boliviana salía de este territorio”, cuenta Tamburini. “Eran unos árboles altísimos, de 20 metros”, recuerda Severiano Matenes, exdirigente mojeño, hoy técnico de ORE.
Es difícil imaginar estos senderos hoy cubiertos por ramas, árboles en regeneración y hierbas. Porque cuando los madereros operaban acá, había caminos abiertos por maquinaria pesada que jalaba troncos de mara, almendrillo o tajibo. Es difícil pensar que allá donde los ríos Apere o Mamoré cortaban el paso, las propias troncas gigantes fungían de puentes para facilitar el transporte de vehículos que usaban los madereros. Que, en época de lluvias, cuando Beni se convierte en un territorio intransitable por el agua, las troncas gigantes eran lanzadas en forma vertical por los copiosos ríos, mientras hombres equilibristas las dirigían y otros ayudaban con sogas desde las laderas para conducirlas hasta aserraderos.
Hoy, por decisión de las cinco etnias, se puede decir que Loma Santa, el área de conservación de donde se extraía toda esta madera, es el último refugio de fauna, flora y población, especialmente tsiman’e. Además, es una especie de “tapón ambiental” frente a la intensión de construir el llamado tramo III de la carretera que atraviesa el Tipnis. Un “tampón” de más de 206 mil hectáreas, equivalentes al 41 por ciento del TIM.
“Cuando viene la titulación, se incorpora un área protegida (Loma Santa), como parte de la jurisdicción de la autonomía indígena que estaban tramitando. Es un área que desde hace muchos años está sin intervención, pero a la vez tiene algo de degradación porque se acabaron la mara. Hubo, además, una afectación a la fauna importante, a las riquezas piscícolas”, asegura Tamburini. “Es la tierra sin mal, llena de nacientes de agua, monte y pampa”, resume Manuel Gualú, corregidor de Monte Grande.
El último tramo
La escuela de la comunidad tsiman’e de Jorori es un galpón de techo alto al que asisten alrededor de 20 niños y niñas, que cursan la primaria. Allí el profesor Hidelberto Halcón imparte clases en idioma nativo y también en español. “El principal problema de esta comunidad es la falta de agua”, lamenta mientras una niña bebe un líquido turbio ante una temperatura de 42 grados a la sombra.
La gente tiene un atajado en el que animales domésticos comparten el líquido con los humanos. Mientras, como un traste sin uso, yace un tanque de agua de 2.500 litros que el municipio de San Ignacio de Moxos envió para paliar la afectación por la sequía. “Lo rompieron cuando lo trasladaban y ahora no se puede usar. Está nuevito”, se oye.
En otras comunidades, como Santa Ana de Moseruma, la preocupación pasa por una carretera sin reductores de velocidad que ya le han cobrado la vida a una pareja que dejó en la orfandad a tres niños con discapacidad. El corregidor movima Malaquías Rosell cuenta que tener la vía de acceso les benefició mucho, pero no se tomó en cuenta que en la zona también hay familias tsiman’es, para quienes el asfalto y la velocidad contrastan con la vida que llevan en el monte. “En septiembre del 2022 murieron en la carretera y nadie hizo nada”, lamenta.
Y así, en todas y cada una de las 26 comunidades del TIM, las peticiones van desde tener mayor acceso al agua, o consumir un agua potable, ya que la que les llega tiene sedimento; hasta la construcción de mejores escuelas. También que alguien controle que el profesor no vuelva los martes y dé clases solo hasta jueves. Por supuesto, un mejor centro de salud, y que cada vez que hay una emergencia, no tengan que trasladar al paciente en moto, en un viaje que puede durar hasta tres horas al centro urbano más próximo. La lista es larga y el nuevo gobierno recién debe organizarse.
Parafraseando la popular canción “Los caminos de la vida”, para el TIM este proceso no es tan fácil como sus vivientes lo habían pensado/imaginado/creído. El resto ahora es cumplir con aquello que el sistema político tradicional no pudo: atender las necesidades primordiales.
Bernardo Muiba, aún subalcalde del territorio, explica que la transición empezará una vez llegue el techo presupuestario. Cuando eso suceda, San Ignacio de Mojos y Santa Rosa de Yacuma, municipios a los que se les “recortó” territorios para conformar el Gaioc, dejarán de tener tuición y responsabilidad sobre los mismos.
“Nos toca seguir adelante, porque este es un sueño de muchos años de lucha, no solo de hombres, sino también de mujeres. Porque nosotras también estuvimos en la lucha, y ahora de los jóvenes. Tenemos que hacer cumplir en cada comunidad lo que no se ha cumplido hace muchos años. Queremos trabajar desde el último rincón, llegar con proyectos, caminos, educación y salud”, dice Pura Menacho Núñez, asambleísta yuracaré. Y en su rostro se refleja la esperanza.
