Texto: Rocío Lloret Céspedes/ Fotos: Doly Leytón
Nardy Velasco Vargas camina casi sin llamar la atención. Su delgada figura, pequeña estatura, flequillo en la frente y un par de gafas la hacen ver como alguien frágil. Pero toma el micrófono y pareciera que un orden natural empieza a gestarse. Desde la testera define quién debe hablar primero, qué actitud se debe tomar cuando se visita un territorio sagrado para un pueblo indígena, qué virtudes y carencias tiene una comunidad. Como cacique mayor de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar) sabe que, si no se alza la voz, pocas cosas se pueden lograr.
Nardy es, desde hace tres años, el rostro visible de 16 comunidades de Roboré, uno de los municipios turísticos más visitados de Santa Cruz, pero también uno de los más vulnerables frente a incendios forestales, asentamientos irregulares y, desde hace algunos años, la falta de agua.
Originaria de San Manuel, un villorio cercano a la capital roboreseña, Velasco se marchó un día de su comunidad y volvió nueve años después sin que nada haya cambiado en más de cien años. Antes que ella, otra mujer había intentado tomar las riendas de la Cichar, pero no duró mucho tiempo. Por eso ella se propuso cambiar esa realidad, “devolverle la fe a las comunidades”.
Hoy, a poco de cumplir su gestión, ha logrado entender a sus hermanos y hermanas, mientras que conoce sus fortalezas y debilidades. Por eso a veces expresa su molestia cuando la carga de protección de las áreas protegidas se deja solo a los pueblos indígenas, por ejemplo.
Durante la VI Caravana Área Protegida y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Tucabaca, expertos, representantes de la sociedad civil, miembros de instituciones no gubernamentales, activistas y líderes de chiquitanos visitaron nueve comunidades que están dentro o en los alrededores de la famosa reserva municipal, también conocida como “Guardián del agua”. Tras una pausa obligada por la pandemia, esta vez la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), organizadora de la actividad, incluyó a la Cichar como protagonista.
“Y eso es muy bueno”, dice Nardy. “Hace tres años, la central indígena de la cual soy líder, no existía”, asegura.
El clamor por ser escuchados
Durante los tres días que dura una de estas caravanas —del 11 al 13 de agosto este año— y dependiendo la temática, los participantes conocen sitios de interés turístico o ven las vulnerabilidades frente al fuego. Esta gestión la preocupación mayor fue el agua, una cuestión que no se había abordado hasta ahora, porque Roboré es un municipio que se caracteriza porque sus habitantes siempre han salido a defender ese recurso natural. Pero mucha agua ha pasado entre los años 2000, cuando la gente exigió que Tucabaca se declare reserva, y hoy, que la expansión agrícola, el crecimiento poblacional y otros factores están afectando la forma de vida en esta zona.
Tras muchas gestiones, esta vez se logró que el Concejo Municipal sesione en Aguas Negras, una comunidad que colinda con el Valle de Tucabaca, una Reserva Municipal de vida Silvestre y Unidad de Conservación del Patrimonio Departamental de 262305 hectáreas. En un reclamo, que se hizo clamor, los chiquitanos lamentaron la ausencia de sus autoridades. Allí se supo, por ejemplo, que desde la creación del municipio de El Carmen Rivero Tórrez (1999), contiguo a Roboré, hay problemas de límites.
“Además se nos ha secado el río”, lamentó el cacique de Aguas Negras Justo Batallanos. La presencia de los ediles permitió el compromiso de hacer una inspección medioambiental para conocer los motivos, pero el resto de comunidades no tuvieron la misma suerte. “Tenemos una agenda muy apretada”, justificó la concejal Beby Ardaya.
En muchas de estas comunidades, nunca han visto a sus representantes elegidos por voto. En otras, como Santiago de Chiquitos que está dentro del área protegida, a la reunión asistió el subalcalde Rubén Darío Etcheverry, quien tras una corta intervención, no se refirió a problemas de agua que ya se viven dentro de esta población que vive del turismo.
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Un problema que crece
Pero el agua no es la única amenaza latente en Tucabaca. En Naranjo, que ante la desatención local recibe luz eléctrica del municipio de El Carmen, se conoció que una nueva colonia de menonitas se asentó en el lugar. Los ciudadanos llegaron con toda la documentación legal, y como sucede en estos casos —según declaraciones de los vecinos— entraron con tractores oruga, cortaron árboles y “limpiaron” el terreno para empezar sus cultivos.
La ley municipal que protege a la Reserva del Valle de Tucabaca establece que debe haber un mínimo de cien metros de protección a los ríos, algo que se incumple en este caso. El detalle también es que muchas familias ven con buenos ojos la llegada de este tipo de colonias, porque ofrecen empleos a los varones, “con 120 bolivianos por día” como pago, según cuenta una joven madre mientras da de lactar a su segunda bebé.
Este tipo de llegadas de foráneos en tierras originarias se ha hecho cada vez más frecuente en la Chiquitania. Aunque legalmente no se puede adquirir hectáreas a pueblos indígenas, los foráneos compran a propietarios de haciendas y ya arriban a estos lugares llenos de bosque con documentos tanto del INRA como de la ABT bajo el brazo. En el primer caso, se trata de títulos de propiedad; en el segundo, autorizaciones de desmonte.
Una esperanza en el bosque
Desde los territorios sagrados chiquitanos, los árboles inmensos encierran historias y custodian de pie sitios aún no explorados. En Quitunuquiña, por ejemplo, otra comunidad custodia del Valle de Tucabaca, un lugareño descubrió pinturas rupestres y una cascada que bien gestionada, puede representar un nuevo ingreso a la comunidad. Sin embargo, los caciques saben que aquello necesita de apoyo de oenegés y expertos que delimiten cuántas personas pueden entrar cada día, cómo evitar el desgaste de las pinturas y detalles de protección para que no cualquiera acuda y deje su huella con algún spray, como ya ha sucedido en otros sitios.
“Nosotros le decimos no a la destrucción, porque gracias a esto respiramos un buen aire”, se escucha.
Lo mismo en Yororobá, que contrariamente a otras comunidades, ha encontrado la manera de evitar la migración de sus hijos. Aquí, por ejemplo, se cultiva yuca y cítricos, lo cual ha permitido implementar una planta de procesamiento de harina del tubérculo. Muy pronto las mujeres también quieren formar una asociación para producir aceite de copaibo, un antiinflamatorio natural muy buscado por sus bondades.
Entre el desarrollo y la responsabilidad
Pero, así como hay quienes sueñan en grande, otros necesitan ver alternativas a problemas latentes. Sucede en Aguas Calientes, la comunidad con mayor afluente de visitantes, debido al atractivo de su río.
En marzo pasado, un informe determinó que el afluente tenía una contaminación preocupante, por lo que el municipio de Roboré sugirió una pausa ambiental para mitigar los impactos. Ante la molestia de los comunarios, se tuvo que ceder a trabajar en un Plan de Acción, que hoy en día está en marcha.
El cacique Dilson Dorado aseguró durante su intervención en una asamblea que estaban dispuestos a acompañar el proceso y que ya habían tomado cartas en ciertos temas, como la llegada de vehículos cerca de la ribera y la instalación de campings.
Aguas Calientes tiene tres sitios turísticos, donde no solo se ofrece spa, sino también alimentación y la posibilidad de tomar un reparador descanso en las aguas. Para muchos participantes de la caravana, que siguen este tema desde hace varios años, que los comunarios hayan aceptado participar del Plan junto con el municipio, ya es un logro.
Juventud, divino tesoro
Quizá lo que más llama la atención al recorrer estas comunidades es la ausencia de los jóvenes. Se ven niños chiquitos, otros de pecho, madres que escuchan atentas a sus líderes, hombres que reclaman caminos y puentes, pero muy pocos muchachos.
De ahí que Los Sotos, una comunidad donde existe un museo instalado por la Gobernación merced a piezas que datan de hace mil años, rompe ese esquema, ya que María Paula Lizarazu, una de sus hijas, es representante de un grupo que busca sentar presencia.
Con el apoyo de oenegés, ella representa al Directorio de la Juventud, una agrupación que reúne a las nuevas generaciones de comunidades que hablan de cambio climático y que ya han salido a hacer la limpieza de la carretera Bioceánica, por ejemplo. Con la vitalidad de su edad, María Paula dice a La Región que esperan que en algún momento quede de lado el “adultocentrismo”.
Los Sotos, Yororobá y San Manuel son algunas de las comunidades más activas de esta región. En esta última, seis familias se dedican a la agroecología y han logrado cosechar desde tomates hasta papas, pasando por lechugas, zanahorias y otras hortalizas que les permiten autosostenerse.
“De tener más apoyo, haríamos muchas cosas más”, dice su cacique, Alfredo Chuvé.
Una amenaza latente
Pero más allá de la buena voluntad, está el poder. En Motacusito, ubicada en los límites del Valle de Tucabaca, hay un territorio sin explorar que está lleno de minerales. Aunque los lugareños no saben exactamente cuáles son, tienen claro que no dejarán que se exploten, porque ponen en riesgo sus fuentes de agua.
Pese a ello, hace un par de meses, cuentan que llegaron personas ajenas que realizaron trabajos de exploración por la noche, aprovechando la época de lluvias, y que los caminos para entrar a la comunidad son malos. Durante la asamblea se supo que hace cinco años la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó tales incursiones, pero Roboré se puso al frente y logró que retrocedan los interesados en tal actividad.
Hoy, muchos de los participantes de esta caravana ven con preocupación que ya no se pueda hacer frente a estos problemas, porque ya no solo se trata de personas que recurren a ilegalidades, sino a comunidades que llegan con documentos en norma y logran el apoyo de los habitantes del lugar, merced a la desatención de las autoridades municipales, departamentales y nacionales.
“Pudimos resistir a la minería y defendimos nuestra agua, ahora hay que pensar cómo vamos a hacer frente a alguien que llega con todo legal para asentarse”, cuestiona Zoila Zeballos, past presidenta del comité de gestión del área protegida.
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